En un estudio elaborado con anterioridad al discurso del 1º de mayo de 2009, el Gobierno había cumplido con sólo el 25% de los compromisos anunciados en la misma fecha de 2008.
En efecto, de los 143 compromisos asumidos por el actual gobierno en el discurso presidencial de mayo de 2008, al 31 de marzo de 2009, sólo un 25% estaba cumplido, un 55% se encontraba en proceso para ser discutidos en el Congreso y un 20% con evidente atraso y dificultad política y social para ser presentados.(Fuente: División de Coordinación Interministerial de la SEGPRES y Diario Financiero de 27 de 04 de 2009).
Ante este adverso panorama en la concreción del plan de gobierno, una gran mayoría de los chilenos, se encontraba expectante y ansioso por escuchar de la voz de la propia presidenta, en primer lugar una autocrítica relativa al perezoso avance en materias legislativas que en momentos de crisis y elevada cesantía, demandan urgencia y celeridad.
Por lo contrario, en el discurso presidencial de la mandataria, sólo oímos autocomplacencia, aduciendo una y otra vez, el haber cumplido con la premisa de preocupación por los chilenos más desprotegidos, con énfasis en la protección social, dejando nuevamente postergados otros temas mucho más profundos y de real interés para chile y los chilenos, como son; la escandalosa desigualdad social, discutir las limitaciones que imponen las leyes chilenas para la constitución de nuevas y necesarias organizaciones sindicales y lograr a través de las negociaciones colectivas una reducción de la gran brecha de desigualdad social existente, la cual y, ante el actual escenario de crisis mundial, se sigue acrecentando.
Del discurso presidencial se desprende también, la falta de interés del gobierno por fortalecer las regiones otorgándoles algún grado de independencia para su propio desarrollo, la ausencia de proyectos en beneficio de los pueblos autóctonos y evitar que estos finalmente se conviertan en una especie en extinción por la falta de agua y asistencia crediticia, las escasas iniciativas frente al sensible y siempre presente tema de seguridad ciudadana.
También se evidencia una nula voluntad política para enfrentar con fuerza la regulación en los precios de venta de nuestros recursos naturales, los cuales, son exportados sin el debido control en aduanas y en donde además, se permite el envío al exterior de otras materias primas por las cuales el gobierno de Chile no capta un solo peso, tales como: del oro, la plata, el molibdeno, el azufre, entre otros metales encubiertos en los concentrados de cobre.
Tampoco estuvo en la agenda presidencial la imperiosa diversificación industrial y económica, que permita la instalación de empresas manufactureras a partir de materias primas que hoy sólo exportamos al exterior, situación que por defecto otorgaría miles de nuevas plazas de trabajo, junto con captar impuestos que hoy no sólo no se pagan en chile, sino que contribuyen a que otros países logren importantes utilidades por elaborar productos y servicios a partir de nuestros recursos naturales, validando con ello el actual modelo económico que a todas luces resulta nocivo para los intereses futuros de la nación. Pareciera ser además que; nuestras autoridades y la propia presidenta no tuviera conciencia de la importancia que tiene para Chile el cobre y los preciados subproductos que se obtienen a partir de su explotación. Peor aún, evidentemente existe un sesgo, respecto que se trata de un producto natural que al actual ritmo de explotación y exportación de 5,5 millones de toneladas anuales, en tres décadas más, será sólo un recuerdo, tal y como sucedió con el huano, el carbón y el salitre.
Otro aspecto distinguido por su ausencia, fue la creación de una AFP Estatal. Tema de fundamental discusión, puesto que los chilenos y chilenas hemos perdido miles de millones de dólares (en promedio el 25% del total de los fondos provisionales para la jubilación), sin siquiera proponer una opción, ni cambio en la forma de administrar dichos fondos. Los trabajadores, hemos solicitado crear una AFP Estatal, para que cada chileno, pueda –al menos- elegir entre una alternativa privada y una Estatal, puesto que la forma más lógica de disipar dudas, es comparando “durante un plazo perentorio razonable y prudente”, el accionar de ambas administraciones.
Volviendo al paupérrimo porcentaje de cumplimiento de las iniciativas formuladas en el plan de gobierno de la presidenta Bachelet, debemos consignar que el concepto “cumplimiento”, resulta ambiguo y nuevamente autocomplaciente en el discurso, puesto que en el caso en comento, se trata sólo de iniciativas legislativas y no precisamente de soluciones concretas.
Basta citar como ejemplo la propuesta denominada “Ley de Subcontratación”, resultó ser una normativa que después de su triste paso por las cámaras, nació agonizante, para luego y en virtud de un recurso de protección presentado por CODELCO y Minera Escondida ante los tribunales de justicia, demostró total ineficacia en su aplicación. Así es que el término cumplimiento, dista mucho de lo que nuestra presidenta establece en su discurso. Por lo contrario, no admite autocrítica, sino complacencia.
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