Teresa Valdés, en su calidad de Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, expuso ante la Comisión de Salud del Senado sobre la necesidad de aprobar el proyecto sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad impulsado por el gobierno, así como enfatizó sobre la importancia de contar con el reconocimiento de la anticoncepción de emergencia como un derecho humano de las mujeres.
Durante este mes la Comisión de Salud del Senado está realizando rondas de consultas con diversos/as actores/as sociales. Cabe recordar que este proyecto quedó con urgencia simple y será visto después de ser despachado de la Comisión de Salud, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pese a que no hay fechas definidas, se cree que el plazo puede ser de dos semanas más.

Exposición Experta

Teresa Valdés explicó la importancia de que las organizaciones de mujeres opinen sobre este trascendental tema, ya que son estas organizaciones “las que mayor trayectoria y experiencia tenemos en torno a nuestras necesidades en el campo de la fertilidad”, explicó.
La experta recordó que la vida de las mujeres progresivamente se amplía a otros horizontes e intereses, más allá de la maternidad, como el acceso al mercado de trabajo, a la creación científica y artística, al espacio público y el quehacer social y político.

“Surgió entonces –indicó Valdés-, la necesidad de establecer derechos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, los que se sumaron a los derechos humanos ya reconocidos".
“Estos derechos establecen que las personas puedan gozar su sexualidad sin riesgos de embarazos no deseados y de contraer infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, que puedan decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y disponer de la información y los medios para lograrlo, que accedan a una adecuada atención ginecológica durante el embarazo, parto y posparto y que accedan a la prevención y tratamiento de la infertilidad. Todo ello en el marco de los avances de la ciencia y la técnica y de las normativas de la Organización Mundial de la Salud”, indicó.
Asimismo, fue clara en señalar que la ley que se propone no hace sino que consagrar y profundizar lo que los programas y normas de salud pública y las políticas de educación vienen haciendo. “A pesar de los excelentes indicadores que tiene el país en cuanto a mortalidad infantil y mortalidad materna, existen deficiencias importantes en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres y hombres de distintos sectores sociales, lugar de residencia y generación no acceden a la información, la educación y a los métodos anticonceptivos de la misma forma”, informó.
Hoy día el 16% de los partos corresponde a mujeres menores de 19 años de edad, la tasa de embarazo ha aumentado en las menores de 15 años, y el año 2005 hubo 54,9 nacimientos por mil mujeres entre 15 y 19 años. Cerca del 80% de los nacimientos de hijos/as de madres adolescentes se concentra en los sectores de mayor pobreza. Muchas sufren violencia sexual, como informa el SENAME. Las adolescentes se embarazan crecientemente de padres de su misma edad. Los planes de vida y las oportunidades de los/as adolescentes se ven severamente afectados, como lo revelan las cifras de abandono escolar.
Por lo tanto, el Observatorio de Género y Equidad, quiere insistir en el derecho a la maternidad voluntaria, a la libertad reproductiva a partir del pleno acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, convencidas de las ventajas que ella tiene tanto para las mujeres como personas, como para la comunidad y la sociedad. Abundan los estudios que revelan las consecuencias negativas de la maternidad no deseada, y sus consecuencias sociales llenan hoy día las páginas de los diarios.
Además, propuso que se retome la tradición de entregar educación sexual y reproductiva en los consultorios, centros de salud familiar, urbanos y rurales; que se retome el Plan Nacional de Educación en Sexualidad y Afectividad que duerme en el ministerio de Educación y se implemente con recursos suficientes en todas las comunas del país, dando formación a los padres/madres, profesores/as, desarrollando contenidos e incorporando preguntas al respecto en las pruebas SIMCE y PSU. Por último, que se implemente un servicio de información y orientación sobre salud sexual y reproductiva en los colegios que incluya el acceso a servicios de salud amigables para las y los adolescentes (la confidencialidad requiere de espacios especiales).

El proyecto

En lo fundamental el proyecto señala que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial.
Asimismo, sostiene que "toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o formación, los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina, que cuenten con la debida autorización y, del mismo modo, acceder efectivamente a ellos".
En tal sentido, señala que "los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia pondrán a disposición de la población los métodos anticonceptivos, que cuenten con la debida autorización, tanto hormonales como no hormonales, tales como los métodos anticonceptivos combinados de estrógeno y progestágeno, métodos anticonceptivos de progestágeno solo, los métodos anticonceptivos hormonales de emergencia y los métodos de anticoncepción no hormonal, naturales y artificiales".