El terremoto desnudó múltiples realidades, siendo una de ellas el de la responsabilidad social empresarial (la famosa RSE) por parte de las empresas implicadas en la construcción y la venta de edificios (casas, departamentos, oficinas), las inmobiliarias y las aseguradoras.

La pugna que se está dando entre los propietarios de las edificaciones dañadas, me hace recordar la reciente aprobación de la reforma sanitaria por parte de Obama en los Estados Unidos. Al momento de firmar la promulgación de la ley, dedicó la firma a su madre, quien en sus últimos días de vida, no solo tuvo que lidiar contra el cáncer que la afectaba, sino que contra las aseguradoras que se resistían a cubrir los gastos generados por su enfermedad amparadas en la famosa letra chica o en resquicios legales, haciendo tabla rasa de los valores bajo los cuales hemos sido formados y que supuestamente pregonamos.

Hoy, en Chile, estamos empezando a ver un debate análogo entre los propietarios de las edificaciones afectadas, las aseguradoras, las constructoras y las inmobiliarias. Y lo que es peor, vemos cómo algunos de los actores empresariales más implicados, que pregonan a voz en cuello su responsabilidad social, buscan eludirla mediante dilaciones y amparándose en poderosos e influyentes equipos de abogados, dejando a los propietarios en un estado de indefensión absoluta.

Digamos las cosas como son. Que se caiga una edificación con varios terremotos en el cuerpo, que ha soportado el devenir del tiempo por decenas de años, no nos debiera sorprender. Pero que se vengan abajo edificios de reciente construcción, que no fueron levantadas por maestros chasquillas, sino que por poderosas empresas constructoras nacionales, no es aceptable por más fuerte que haya sido el terremoto. Acá hay responsables y víctimas que deben ser resarcidas. O faltó el apropiado estudio de suelos, o las estructuras no eran las apropiadas para soportar la altura de la edificación, o los materiales no fueron los adecuados.

Y la fiscalización falló. Se asume que la recepción de las obras que realizan las direcciones de obras municipales de cada comuna implica la aprobación de ellas. Esta recepción es un importante proceso que en un país sísmico como Chile no se puede soslayar. No es un mero trámite o proceso tan solo para recaudar, sino que para garantizar a la población de que el lugar en el que vive o trabaja está construido sobre seguro. Por otra parte, el hecho que una obra sea recepcionada, no habilita para que la empresa constructora y la que vende se lave las manos.

Pero para que ello no ocurra, es indispensable que nos pongamos de pie, que protestemos, que hagamos uso de nuestra carta de ciudadanía, que seamos exigentes. Debemos agotar todas las instancias de diálogo. Las empresas afectadas -inmobiliarias, constructoras y/o aseguradoras- tienen que responder, no pueden sacarse el pillo. Nos asiste todo el derecho a ser exigentes porque hemos sido defraudados, porque se vendió una cosa por otra, porque se truncaron sueños de vivienda propia. Lo que a todas luces es inaceptable. Si las empresas fuesen socialmente responsables asumirían los errores cometidos y actuarían en consecuencia sin esperar que los propietarios afectados tengan que andar tras ellos conminándoles a responder.