La hora de un nuevo acuerdo nacional ha llegado

Por Felipe Moreno Rivera

Este fue convocado por el entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Juan Francisco Fresno. Hoy, 25 años después de firmado aquel acuerdo, no se puede pasar por alto el hecho de que 16 de esos líderes, desde liberales hasta marxistas,  participarían activamente en la fundación de la Concertación de Partidos por la Democracia, dándole de esta forma vida a lo que quedaba establecido en aquel texto, que solicitaba como medidas inmediatas, entre otras cosas, el término de los  Estados de Excepción, el pleno restablecimiento de todas las libertades públicas, el término del exilio, la devolución de la nacionalidad a los que habían sido privados de ella, la formación de registros electorales, la derogación de las normas que impedían el funcionamiento de los partidos políticos y la aprobación de una ley electoral para elegir un Presidente de la República, Senadores y Diputados por sufragio directo, personal, libre, secreto e informado.

Al presente se debe aplaudir que el actual gobierno le otorgue tanto valor a ese acontecimiento sin duda histórico, pues es una clara señal de que en el ejecutivo hay personas, incluyendo al Presidente,  que honestamente adhieren a la idea de avanzar hacia una democracia más plena; sin embargo, es preciso que no queden cabos sueltos en esta materia. La memoria del país, que no es otra más que su historia, viene a recordarnos, como pulga en el oído, que una buena parte de quienes apoyan y sostienen al actual gobierno fueron en su tiempo los mayores detractores del Acuerdo Nacional y han sido por 30 años los más fervorosos guardianes de una Constitución Política excluyente e ilegítima en su génesis.

Falta rigor en el análisis cuando el Presidente califica en su discurso el Acuerdo Nacional, las reformas constitucionales de 1989 y otras posteriores como partes de un mismo proceso. Muchos chilenos pueden sentir, legítimamente, que el gobierno intenta vestirse con ropas ajenas, revelando además contradicciones que alarman. Por un lado,  tenemos a un Presidente de la República pluralista y abierto a los cambios, ansioso por dejar de manifiesto que los valores propios de la democracia no son monopolio de un solo sector y, por otro lado, tenemos el peso de los hechos, que nos hacen dudar de que las buenas intenciones del Primer Mandatario sean representativas de su sector. Otra vez aparece en horizonte el recuerdo del pasado, firmado por la señora historia, mostrando las reformas constitucionales de 1989 como el producto de una tensa negociación, en la que las fuerzas políticas que se habían impuesto por las urnas en el plebiscito de 1987 y en las elecciones de 1988, con el fin de darle gobernabilidad democrática al país, se vieron obligadas a legitimar la Constitución de 1980, diseñada como traje a la medida por la derecha e impuesta a la ciudadanía durante un gobierno de facto. Es más, la rigidez de nuestra Carta Magna, baste recordar los altos quórum que se necesitan para la modificación de las leyes orgánicas constitucionales, ha sido la principal traba para avanzar hacia una democracia más representativa y plena, con un marco legal que nos permita progresar en materias educacionales, laborales y previsionales.

Es signo de buena voluntad y madurez política que se congregue y reconozca a algunos de los protagonistas de aquel tiempo, pero es fundado preguntarse qué tan representativa es esta posición en la derecha chilena y qué tan realista es el Presidente al prometer más democracia, cuando aquellos con los que gobierna se han resistido a cambiar la Constitución, aceptando siempre a destiempo y contrapelo modificaciones, más que por convicción, por presión política en tiempos de elecciones. Tal vez, es este un buen momento para lograr un nuevo gran acuerdo nacional para darle al Chile del bicentenario una nueva cara, convocando a todo el país, sin exclusiones, a construir una nueva institucionalidad, más moderna y acorde a los requerimientos de la sociedad nacional.