Ayer los trabajadores contratistas del cobre liderados por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) se movilizaron bloqueando los accesos a las principales faenas de Codelco en todo el país. Exigen mejores condiciones laborales y aseguran que las protestas no cesarán.

Ante esto, la Asociación de Industriales de Antofagasta, emitió una declaración pública donde califican estas movilizaciones como ilegales y que atentan contra el desarrollo y crecimiento de la región y el país.

"Frente a los actos de violencia impulsados por algunos grupos de trabajadores de empresas contratistas de empresas mineras con el objetivo de establecer una negociación claramente al margen de la ley, el Directorio de la Asociación de Industriales de Antofagasta ha estimado conveniente hacer la siguiente declaración pública", comienzan.

El directoro del gremio local agrega que "estamos viviendo una oportunidad única de desarrollo tanto a nivel nacional como regional. Esta oportunidad se sustenta en el gran capital social que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo durante muchos años y en las inversiones proyectadas para el futuro, muchas de las cuales ya están en desarrollo".  

"Debemos valorar todo lo avanzado y asumir los nuevos desafíos que nos impone el mundo actual. Cuidar y aprovechar esta oportunidad para mejorar nuestra productividad y competitividad global para así fortalecer las bases de nuestro desarrollo sustentable es nuestra responsabilidad. El futuro depende de cómo lo hagamos ahora".

En este contexto, dicen, "rechazamos tajantemente todo tipo de movilización  ilegal, en particular los actos de violencia y amedrentamiento  que interfieren el desplazamiento normal de los trabajadores poniendo en riesgo la seguridad de las personas, atentando así,  contra un valor esencial de nuestra industria. Este no es el tipo de diálogo y relación laboral que necesitamos y queremos construir. La violencia y las movilizaciones ilegales no son el camino".

"Como Asociación de Industriales de Antofagasta reconocemos en el respeto y cumplimiento del orden legal vigente, la condición básica para una convivencia que otorga derechos, exige obligaciones y reglamente la solución de diferencias y conflictos. Cada empresa es responsable de la gestión de sus propios trabajadores y de sus relaciones laborales en el marco de un ambiente de respeto y diálogo".

"Si queremos mantener el camino hacia el crecimiento y desarrollo, debemos ser enfáticos en rechazar cualquier acto ilegal que obstaculice el normal desarrollo de las operaciones en cualquier yacimiento minero del país. Chile ha crecido económica y socialmente gracias a su estabilidad política y la seriedad y profesionalismo en su administración. Los chilenos hemos aprendido que el progreso se funda en el trabajo y en el respeto a la legalidad que ordena nuestra convivencia civilizada", concluye.