El estado de Chile es responsable de cerca de 15.000 niños en riesgo social, que abandonados por sus familias o porque éstas mismas no son capaces de cuidar de ellos, deben vivir bajo el sistema residencial que hoy se encuentra en el ojo del huracán.

Una exhaustiva investigación realizada en conjunto por la Unicef y el Poder Judicial, con una inversión de $200 millones, arrojó datos y declaraciones de los infantes que resultan alarmantes. Maltrato físico y sicológico, abusos sexuales y malas condiciones en la convivencia diaria, han puesto en una posición complicada al SENAME, y su rol regulador, a nivel nacional.

La comisión a cargo de esta recopilación de información fue liderada por la jueza Mónica Jeldres, en conjunto con magistradas de los Tribunales de Familia, además de tener la cooperación de  Unicef. A lo largo de todo el país se contó con la participación de jueces de familia, para aplicar las encuestas en los hogares que colaboran con el Servicio Nacional del Menor.

Respecto a Antofagasta, en cuatro de las cinco residencias visitadas se descubrieron situaciones de “riesgo alto” (ver Informe Jeldres completo).

Situación local

La capital regional fue una de las ciudades donde se aplicó esta investigación y las irregularidades salieron a la luz. Niños y niñas que integran los hogares, con el derecho de ser protegidos, admitieron sufrir abusos. Según señala el informe que fue dado a conocer por el Poder Judicial, al investigación en la Región corresponde a una muestra aleatoria de 35 niños/as que viven 5 residencias "para conocer su opinión acerca de la residencia en la que se encuentran viviendo".

El informe da a conocer testimonios como el de las menores pertenecientes al hogar Ana Cruchaga, “las niñas encuestadas señalan que en el hogar hay una niña que agrede física y sicológicamente a las tías y sus compañeras. Asimismo comete abuso sexual contra las niñas del hogar y se presume que estaría en una red de explotación sexual. Las niñas dicen que los antecedentes fueron remitidos al tribunal competente y al SENAME y no se han tomado las medidas del caso”.

A través de un reportaje de CIPER se conocieron otros casos que dan cuenta de agresiones físicas y sicológicas a menores entre 9 y 13 años de edad. Además, a lo largo de toda la investigación se repiten casos de abuso sexual entre los mismos integrantes de los hogares, situación que abre un debate en cuanto a la denominación de estas acciones entre los niños. 

Así lo declaró al sitio periodístico Alejandra Riveros, asesora de la institución de Aldeas S.O.S, “El informe se refiere a “abusos sexuales”, mientras que nosotros los reconocemos como “abusos intraresidenciales”, lo que es distinto. Estamos hablando de niños de 5, 6, 8 ó 9 años que se abusan entre ellos. Cuando hablamos de eso nos referimos a “abusos y juegos erotizados”, porque en rigor no hay una relación abusiva de poder entre niños ni tampoco una violación”.

Sename: Investigadores no reaccionaron

La directora regional del SENAME, Marisol Flores, señaló que las residencias que presentan casos de alto riesgo pertenecen a instituciones colaboradoras privadas y enfatizó que, “en la mayoría de los casos nos fue imposible precisar quiénes fueron los niños afectados, porque la encuesta se aplicó el año 2012, unos 6 a 8 meses antes de que conociéramos sus resultados”.

Por otra parte explicó que se presenta una situación grave, pues al dar los testimonios los niños estaban de cierta forma pidiendo ayuda y el equipo que realizó la investigación no reaccionó a aquella solicitud de auxilio.

Dentro de todo este proceso de recopilación de información se dio énfasis a las Aldeas S.O.S, institución que debiera resguardar a niños abandonados y generar un espacio donde se puedan desarrollar de forma normal y alcanzar un bienestar físico y sicológico.

Por ahora las instituciones involucradas en el caso toman acciones que permitan llegar a una solución. El equipo del SENAME de la Región de Antofagasta asegura estar implementando planes de mejoramiento sustantivo, de modo que aumenten las exigencias para los organismos colaboradores en cuanto al mejoramiento de los espacios físicos y equipos técnicos, además de mayor control y supervisión a los menores. 

Esta problemática continuará siendo un tema de debate, pues resulta dificultoso que los cambios sean inmediatos frente a estas irregularidades que afectan directamente al bienestar de los menores de edad abandonados y  que deben ser protegidos por el Estado.