Con el propósito de que 250 personas privadas de libertad que están habilitadas para votar puedan ejercer este derecho en las próximas elecciones de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está presentando en tribunales de justicia en doce regiones de Chile recursos de protección en contra del Servicio Electoral (Servel) y de Gendarmería.

Las 250 personas recurrentes corresponden a 166 hombres y 84 mujeres que permanecen en 20 cárceles de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana, Talca, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Todas ellas enviaron una carta dirigida al Servicio Electoral actualizando su domicilio electoral y consultando cómo se haría efectivo su derecho a sufragio.

Del Servel recibieron como respuesta que en cuanto el cambio del domicilio electoral “no obra en poder del Servicio Electoral petición alguna recibida con anterioridad a esta presentación, razón por la cual no se ha adoptado nada al respecto”. La misiva del Servel continúa señalándole a las personas afectadas que efectivamente están habilitadas para sufragar, y les indica el domicilio electoral registrado, inclusive la mesa de votación.

Lo anterior apunta en la dirección contraria a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia que ante cuatro recursos de protección presentados por el INDH en 2016 por el mismo asunto, ordenó que “el Servicio Electoral, dentro de los plazos legales, adopte las medidas necesarias que posibiliten el derecho a voto de estas personas que se encuentran privadas de libertad. Por su parte Gendarmería de Chile debe adoptar igualmente todas las medidas administrativas y de coordinación interinstitucional que garantice el derecho a sufragio de las mismas, medidas que deberán ejecutarse con la antelación debida que les permita a las personas ejercer efectivamente su derecho a voto”.

No obstante el anterior fallo, las personas habilitadas para ejercer este derecho de participación ciudadana no pudieron efectuarlo en las elecciones primarias porque no hubo mesas instaladas en los recintos penales o no se les trasladó a las mesas en que estaban inscritos. Justamente para que este tipo de situaciones no se repita es que el INDH interpuso las acciones legales de protección de derechos.

Al respecto, el director del INDH, Branislav Marelic, sostuvo que “desde la recuperación de la democracia, las personas privadas de libertad que no cumplen penas aflictivas –que según cifras de Gendarmería al año 2012 alcanzaría las 13 mil personas- no han podido ejercer su derecho a sufragio, por tanto como INDH lo que buscamos a través de los recursos de protección presentados es que el SERVEL  y Gendarmería  promocionaran y respetaran el ejercicio efectivo del derecho a sufragio”.
El director del Instituto agregó que “en materia de reinserción, es importante que las personas se sientan integradas en los procesos democráticos y en las decisiones que se toman, en este sentido el derecho a voto también puede ser visto como una medida de rehabilitación e integración social”.

Iniciativa del INDH

Entre septiembre y octubre de 2016 el INDH presentó recursos de protección en ocho regiones del país, argumentando que el Servel está facultado a establecer circunscripciones electorales en relación a un determinado establecimiento o recinto penitenciario, y que este organismo había incurrido en una omisión ilegal al no querer garantizar y adoptar las medidas necesarias para el efectivo ejercicio del derecho a sufragio por parte de internos e internas.

Previamente, en agosto de 2016 el INDH emprendió una iniciativa en terreno de promoción de derechos -en específico del derecho a sufragio- en centros penales de Arica, Tocopilla, Valparaíso, Santiago, Cauquenes, Concepción, Temuco y Osorno. En este contexto se detectaron aproximadamente 70 casos de personas privadas de libertad -habilitadas para votar- que manifestaron su interés en ejercer este derecho.

Este trabajo en terreno del INDH se extendió hasta la actualidad, y se amplió a más regiones y penales, hasta alcanzar una cifra de 250 personas que han manifestado su interés de ejercer su derecho a sufragio en las próximas elecciones presidenciales.