Tener una vivienda propia es el sueño de muchas familias tanto en el país como en nuestra región. En los últimos años el Estado enfatizado una política de vivienda, entregando subsidios habitacionale, los que en algunos casos son parciales y en otros totales, dependiendo de la condición económica de los postulantes, esto, con el objetivo de que más personas puedan hacer realidad este sueño.

Sin embargo, lamentablemente no todas estas viviendas  son entregadas a familias que realmente lo necesitan, ya que de acuerdo a cifras entregadas por el Serviu de Antofagasta, en la región se han detectado por lo menos 200 casos de viviendas básicas, donde el Estado financia el 100% del costo, que a meses de haber sido entregadas todavía se encuentran deshabitadas.Además cabe destacar que esta cifra no incluye aquellas viviendas que son arrendadas por sus dueños, lo que aumentaría el número de casas que en definitiva no cumplen el objetivo para el que fueron confecciondas.

El director Regional del Serviu, Julio Calderón, señaló que si bien esta cifra se encuentra por muy debajo de lo que ha sucedido en otras regiones del paìs, no deja de ser preocupante, además agregó que el Gobierno está colocando prohibiciones de enajenación, para que las personas que se adjudiquen estas viviendas no puedan arrendar o vender por cinco años.

Falta de rigurosidad en la entrega de subsidios

Al parecer hay una falla en el proceso de elegir a las personas que serán beneficiadas con un subsidio, ya que a la luz de los hechos el sistema es vulnerable y los mecanimos de control no permiten determinar quienes realmente necesitan esta ayuda del Estado.

Según Calderon las mejoras en la política habitacional que está realizando el Gobierno están orientadas a terminar con este tipo de casos. "Estamos agregando algunos elementos que nos pemitirán controlar mejor que las viviendas se utilicen. Estamos implementando medidas preventivas en los procesos de asignación", señaló.

La lógica nos diría que si se comprueba que las casas no se estaán utilizando, o seestán utilizando con otros fines,dichas viviendas debeiran ser quitadas a sus dueños y asignadas a personas que realmente lo necesiten. Sin emabrgo, la situación implica una acción judicial que podría demorar hasta tres años.