El caso de la pastora aymara Gabriela Blas que fue condenada a 12 años de cárcel por el abandono y posterior muerte de su hijo Domingo de 3 años de edad en la provincia de Parinacota, podría convertirse en el primer caso de indulto particular otorgado en el  Gobierno de Sebastián Piñera si la Contraloría General de la República entrega el visto bueno a la solicitud

De acuerdo a la publicación de El Mercurio tras el ingreso del caso hace seis meses al Ministerio de Justicia de habría producido un debate en torno a acoger o no el indulto. Sin embargo, tras las correspondientes deliberaciones se adopto la resolución de preparar el decreto y enviarlo a Contraloría.

Entre otras consideraciones, el documento plantea que durante el juicio a Gabriela Blas no se le respetó su condición de aymara, ya que no se le proporcionó un traductor considerando que no utiliza el español como lengua materna.

El caso de Gabriela Blas ha sido seguido y apoyado por las autoridades aimaras, políticas y por un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Historia

El caso de Gabriela Blas se remonta al 27 de junio de 2007 en las inmediaciones del volcán Tacora al límite de la frontera con Perú. La mujer pastoreaba llamas y alpacas en el altiplano chileno, una práctica común para la cultura aymara. En esa jornada no pudo conseguir que sus familiares cuidaran de su hijo, por lo que, y siguiendo con sus costumbres indígenas, cargó al menor en su manta y salió a trabajar.

Al atardecer, mientras guiaba a los animales de regreso a la Estancia Caicone, advirtió que dos de sus llamas se habían retrasado. En ese momento la pastora tomó, sin saberlo, la decisión que marcaría el resto de su vida: dejó a su hijo arropado y en un sector sin peligros evidentes, y retornó dos kilómetros en busca de los animales perdidos.

Tal como lo comentó la propia Gabriela Blas ante el juez en abril de 2010: "Dejé al niño sobre el aguayo y le pedí que me esperara. 'Ya mamá, pero no demores', me respondió".

De vuelta y tras casi una hora de caminata, su hijo ya no estaba. Sólo quedaban las prendas de abrigo. Luego de guardar los animales, Blas retomó la búsqueda durante más de tres horas. Angustiada y derrotada por las inclemencias del viento y el frío de la noche, en esa época del año se alcanzan los 10 grados bajo cero, la pastora se refugió en la Estancia a la espera de continuar al día siguiente.

Por la mañana retomó la búsqueda de Domingo sin éxito. Su desesperación era tal que caminó 15 kilómetros hasta llegar a la localidad de Alcérreca en busca del apoyo de su familia. Allí denunció a Carabineros la pérdida de su hijo. "No sabía dónde más buscar, pero esperaba hallar su cuerpo", relató Blas durante el juicio, oportunidad en la que también afirmó que el extravío de su hijo "era un castigo de la Pachamama".

Seis días más tarde a la denuncia, la fiscalía inició una investigación en su contra. Los cargos eran demoledores: abandono del menor en un lugar solitario con causa de muerte. La pastora aymara, además, quedó en prisión preventiva durante tres años a la espera de un juicio.

El 2 de diciembre de 2008, dos años después de la desaparición del menor, el cuerpo fue encontrado. Los peritos concluyeron que había muerto por las bajas temperaturas y evidenciaba síntomas de mordeduras de animales en sus extremidades, mientras que otras zonas ya estaban con síntomas de momificación.

En abril de 2010 se realizó el primer juicio, donde fue condenada a 10 años y un día de prisión, su defensa interpuso un recurso de nulidad. En el segundo juicio, celebrado unos meses más tarde, se le aumentó la pena a 12 años, ratificando el argumento de su condena: abandono de un menor con resultado de muerte.

Hoy, Blas cumple su cuarto año de prisión en la cárcel de alta seguridad de Arica, aunque en pocos días podría tener una buena noticia. El 13 de octubre pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que solicitaba un indulto particular por parte del Presidente. El primero de su gobierno. En él se argumenta que "la pérdida del niño fue algo fortuito" y se asegura que "podrían existir alteraciones a las normas de integración y conciliación cultural desoyendo las particularidades de su etnia y tradición".

Durante las próximas semanas la Contraloría deberá pronunciarse. En el Gobierno comentan que uno de los elementos relevantes que se consideraron para tomar esta determinación fue el informe anual 2011 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se argumentan razones socioculturales para sostener que Blas debe ser beneficiada.