La búsqueda del desarrollo es una constante en todo país que se prese; la explotación de los recursos naturales ha sido una actividad de importancia vital para la economía mundial, donde las poderosas transnacionales han intervenido históricamente los países subdesarrollados, para extraer todo lo posible sin importar el cómo. El petróleo, gas, carbón, celulosa y en el último tiempo la producción de energía hidroeléctrica interviniendo ríos, han constituido la fuente del 60% de la energía que consume el planeta y la base de producción de cientos de productos de bienes de consumo que hacen parte vital de nuestras vidas.

Lo que preocupa de sobremanera es que estos intereses tienen como objetivo primordial, coartar todo lo que vaya en contra de estos intereses, con formas que van en todos los sentidos y que no dudan en intervenir gobiernos y congresos para lograrlo, en desmedro total de los intereses de esos países. En los últimos tiempos hemos tenido la capacidad de entender el impacto político, social y ambiental que produce la extracción de estos recursos sin los adecuados protocolos de extracción, que entre otras cosas ha sido culpable del calentamiento global y del cambio climático y que no puedan desarrollarse a plenitud las energías renovables no convencionales (ERNC) y de una enorme cantidad de conflictos políticos en el planeta, cobrando a lo largo de la historia cientos de vidas y la destrucción de cientos de países subdesarrollados que no pueden ir en contra de ese avasallador poder. Sin ir más lejos, todo lo que esta sucediendo en la actualidad con el grupo terrorista ISIS  (Estado Islámico) con la serie de ataques terroristas ocurridos recientemente en el Líbano y París, tiene como caldo de cultivo la intervención que realizó EEUU a Irak a comienzos de los años 90 y apropiarse del petróleo, a cuenta de los intereses creados de las grandes corporaciones petroleras americanas. El mismo ISIS se financia con la producción de petróleo que vende posteriormente a Turquía.

Estudios demuestran las miles de repercusiones negativas en todos los lugares donde se realiza la extracción de estos recursos naturales, dando cuenta cómo las comunidades se ven ultra pasadas por estos intereses, desvirtuando totalmente lo que representa la vida humana. Las pruebas en la actualidad demuestran que estos intereses han creado una profunda divergencia y un doble estándar poco usual en los países subdesarrollados donde intervienen estas transnacionales incluidos nuestro querido Chile; intereses que han facilitado la corrupción y el desmembramiento social de la sociedad por la codicia de estos intereses.

Organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que vienen monitoreando las actividades extractivas hace décadas, han entregado informes muy detallados sobre la riqueza petrolífera, gasística, minera e hidroeléctrica, forestal en el planeta, apareciendo siempre como denominador común en estos informes una insoportable levedad entre el enriquecimiento personal de los gobernantes y las carencias de los servicios sociales y los abusos de poder en contra de los derechos de las comunidades rurales que son intervenidas. En Chile lamentablemente no somos ajenos a esta terrible realidad, fácil detectar estas implicaciones en el mundo rural de norte a sur, de cordillera a mar, revelando que mientras más riqueza natural posea una región, más pobreza y corrupción existe en ella.

Si comparamos los datos macroeconómicos de los indicadores sociales teniendo como base el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, dejan en evidencia que el crecimiento económico en Chile no ha tenido la capacidad de convertirse en un bienestar real en las comunidades intervenidas, de lo que se presupone debería representar la extracción de los recursos naturales en el mundo social de estas comunidades como proceso de desarrollo. Las comunidades intervenidas están obligadas a convivir con la destrucción de su forma de vida, con la corrupción que proponen las extracciones para ser posibles. En Chile esta realidad la encontramos en la industria de la celulosa en todos sus formatos en la región De Los Ríos y en el Alto Bío Bío en el territorio de la represa Ralco, donde es evidente el nefasto impacto en las comunidades indígenas; en el litoral es fácil percibir las necesidades de los pescadores artesanales, transgredidos por los intereses de la gran industria pesquera con la Nueva Ley de Pesca y de toda la corrupción que se necesito entre parlamentarios y los grandes empresarios para que se aprobara esta nefasta ley; en el norte la realidad no difiere mucho con la actividad de la gran minería, que tiene a las comunidades viviendo literalmente en un infierno y como si fuera poco, tenemos una cantidad importantes de proyectos energéticos y mineros aprobados con el aval de SERNAGEOMIN, sin contar con las mínimas condiciones para ser llevados adelante; procesos que con el tiempo terminan transformadose en obstáculos para sustentar formatos de desarrollo justos y sustentables, coartando el proceso democráticos y su validez ante la ciudadanía, afectando la consolidación de los derechos humanos y los niveles de gobernabilidad que permitan un desarrollo sostenible para todos y no solo para algunos. Procesos que a la postre terminan desestabilizando las condiciones políticas, sociales y económicas y coartando un sin número de políticas públicas que podrían disminuir la pobreza, la desigualdad y la sustentabilidad de los territorios intervenidos.

La corrupción en la gestión pública es uno de los rasgos que ha estado presente desde la misma Guerra del Pacífico (1879-83) cuando los intereses de las Sociedades Explotadoras inglesas (transnacionales) interesadas en el guano y el salitre de los territorios bolivianos y peruanos, ofrecieron al gobierno de Aníbal Pinto (1876-81) financiar la campaña. Desde ese entonces se ha venido estructurando sistemas de privilegios y beneficios para el aprovechamiento de intereses privados en la gestión pública.

La corrupción en un país subdesarrollado que se sustenta únicamente en la extracción de los recursos naturales como Chile y que no tiene la capacidad de producir conocimiento científico de ninguna índole y no lo reconoce como valor de desarrollo y no le proporciona valor agregado a ninguno de sus productos, transforma esa misma producción en una amenaza para sí mismo y su posible desarrollo, frente al propósito de construir un país libre, soberano y sustentable, que trae como consecuencia inmediata la pérdida total de la legitimidad social de los que gobiernan, al no poder contarse con recursos públicos suficientes para concretar objetivos definidos y que estos no queden en formas aspiracionales que nunca se concretan, que con el tiempo se transformen en proyectos con cero posibilidades de aplicación y como meros discursos ideologizados usados en las campañas políticas.

Las implicaciones políticas de la extracción de los recursos naturales por parte de los intereses creados foráneos sin una adecuada fiscalización, tienen como regla general ser el caldo de cultivo para permitir protocolos y formatos que comúnmente en los países desarrollados no son permitidos, interrumpiendo los procesos naturales de transparencia en la producción, coartando las transformaciones y sustentando el inmovilismo social, que con el tiempo producen grandes crisis económicas, sociales, políticas y corporativas como la que vivimos en la actualidad.

Las continuidades se dan precisamente por la intención de los diversos intereses por mantener un modelo económico inconexo con los objetivos del bien común para beneficiar a las transnacionales y los intermediarios internos que se benefician de ese inmovilismo; entendiéndose que la extracción de los recursos naturales necesita de instituciones fuera de toda duda, para que puedan mantener la soberanía y velar por la sustentabilidad territorial de las comunidades intervenidas en un contexto global, reforzando la dimensión institucional por medio de una fiscalización certera de los procesos y de la toma de decisiones ante los grupos de interés, que intervienen descaradamente los gobiernos y los estados para mantener las ganancias y el poder.

La inexistencia de alternativas de desarrollo que sustenten el Estado como representante y garante de la ciudadanía, permite que esos intereses recurran a medios represivos para impedir el surgimiento de rivales económicos y políticos, bajo el formato de la colusión política, social y empresarial, contrarrestando nuevas dinámicas y generar en la economía extractiva de los recursos naturales un inmovilismo ante los cambios que se necesitan para crear sustentabilidad y prosperidad.