La batalla por las rentas regionales: ¿Habrá unanimidad?

La historia revolotea en Calama en el Cuarto Pleno de la Comisión Presidencial para la Descentralización.  Como huéspedes del alcalde Esteban Velásquez, que ha buscado incansablemente que las regiones tengan coparticipación en las millonarias rentas mineras, el 11 de julio deberá votarse una propuesta específica de ley de rentas regionales, para dar carne a lo anunciado por la Presidenta Bachelet el 21 de mayo.

La idea ha cobrado fuerza en las bancadas regionalistas, donde Alejandro Guillier ha hecho suya también la vieja demanda de recuperar el 5% de la ventas  del cobre para las provincias mineras, bandera clave del regionalismo que ha defendido con vigor el empresario radical copiapino Jonás Gómez Gallo y los  dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, el rancagüino Manuel Ahumada. Recordemos: en 1957 los sindicatos empujaron y ganaron el 5% de las ventas del cobre para un fondo solidario provincial que permitió hasta 1974 mega inversiones en alcantarillado, agua potable y fomento productivo en el norte, Aconcagua y O´Higgins.

En Chile no existe una ley que establezca la coparticipación de las regiones en la recaudación nacional, ni tampoco hay aporte de las empresas a los territorios en base a los recursos naturales de las mismas. En casi todos los países existen regalías territoriales a las regiones que producen minería, tanto los “desarrollados” de la OCDE como los sudamericanos y vecinos, como el canon minero en  Perú o hidrocarburos (Bolivia, Argentina), con una sensata ecuación de recursos para el territorio  donde se ubican y a su vez solidaridad con las otras regiones en fondos compensatorios.

El 11 de julio de 2014 evoca, por coincidencia, al 11 de julio de 1971, cuando tras la aprobación unánime y patriótica del Congreso, desde el Partido Nacional al Partido Comunista,  se aprobó la nacionalización de la gran minería del cobre, ley promulgada por Allende el 11 de julio en la Plaza de Rancagua, a un acto donde asistieron la pluralidad del país, los sindicatos y el Cardenal Silva Henríquez.

Hoy se asemeja. El país por fin tiene consenso amplio en fortalecer las regiones y municipios para el desarrollo y la equidad territorial, con elección de intendentes, traspaso de competencias (CORFO, SERVIU, entre otros) y una ley de rentas regionales que deje recursos a los municipios y regiones, y a su vez sea el pilar de un Fondo de Convergencia Regional que aporte con flexibilidad a la acción contra las brechas de inequidad que oscurecen el futuro sobre todo de las regiones del centro-sur, teniendo en el Maule y la Araucanía la mayor concentración de pobreza.

La ley debe permitir flexibilidad en el uso (no sólo inversión física), financiamiento plurianual y posibilidad de endeudamiento para mega proyectos. El 80% de la recaudación que se propone proviene de la coparticipación en la recaudación nacional y del llamado royalty minero.

La Ley de Rentas que  se propone se compone de la coparticipación en la recaudación fiscal nacional comenzando con el 5% del total el año 2015 para crecer un  1% adicional cada año para alcanzar el 10% el año 2020 ( 6.000 USA millones). A su vez, la plena distribución regional del impuesto específico a la minería (royalty) que se propone elevar del 3.8 al 5% al 2020. Se debe asegurar como piso el actual financiamiento anual del FIC (150 millones de dólares anuales) con creación de los consejos regionales de innovación. Los alrededor de mil millones dólares anuales del royalty (a pleno régimen) que se propone se distribuyan en un 25% a los municipios de operación minera (explotación, logística y vivienda), 25% a la región respectiva y 50% al sistema de redistribución solidaria de recursos regionales.

Esta ley de rentas incluye tributos existentes, como la patente minera, la de casinos y acuícola, de modesta recaudación, a la cual se pretende añadir una tasa de un dólar por tonelada de carga en los puertos, la tributación de las mega forestales cuando talan los bosques (hoy exentos del pago predial en la zona más pobres de Chile) y la creación de una patente eléctrica, para que los multimillonarios consorcios de la energía que pagan una patente nimia en el barrio alto, deban pagar en los territorios donde tienen su centrales hidroeléctricas o termoeléctricas.

¿Será posible un acuerdo unánime en Calama como ocurrió en 1971? Lo que sabemos es que la minoría tiene renta, que el Estado central administra el 85% de los recursos tributarios de Chile, y que las regiones sufren rezagos, contaminación, falta de inversión, oferta cultural, brechas sociales y mastican rabia.

La Comisión Presidencial en su diversidad ha debatido, escuchado diálogos regionales, analizados datos, mirado la experiencia internacional, y se encuentra ad portas de un acuerdo histórico en la ciudad de mayor contaminación de arsénico de Chile, la misma que no tiene mega parques mantenidos por el Estado (como ocurre en Santiago), la misma donde en su subsuelo se ubica el mayor distrito minero del mundo.