OCDE y las recomendaciones para la economía chilena

A todas estas medidas sugeridas por la OCDE, se debieran tomar en consideración otras formas para controlar la evasión por ejemplo; fiscalizar mejor la venta de concentrado de cobre ya que en su mezcla, se van otros minerales vendibles, que no pagan impuestos.

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21 de Enero, 2012 08:01

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre las medidas que se necesitan para reducir la pobreza y las inequidades sociales en Chile, está el incrementar el impuesto a la gran minería (el informe destaca que; aquí en Chile, pagan menos que en otras partes del mundo); imponer impuestos medioambientales, sobre todo cuando se trata de la explotación de recursos no renovables, entre otras consideraciones no menos importantes.

Pero lo que llama enormemente la atención del estudio elaborado por los economistas Nicola Brandt y Aida Caldera, de la oficina para Chile y México de la OCDE, es que sugieren “introducir mejores prácticas para evitar fraudes tributarios, ya que existen considerables espacios para reducir la evasión tributaria en Chile”.  Situación al menos preocupante y que desarrollaremos más adelante.

Después de un detallado estudio de evaluación del desempeño sobre la base de una comparación internacional respecto al crecimiento de nuestro país, estos economistas identificaron algunas oportunidades de mejoramiento en la distribución del ingreso, la productividad y el empleo, lo cual se transformó finalmente en recomendaciones de políticas públicas.

El estudio plantea que si bien Chile mostró una  fuerte recuperación, tras la recesión mundial de los años 2008 y 2009 y el terremoto y maremoto de principios de 2010 y que además mostró un crecimiento de 6,5% en 2011, advierten que como es una economía pequeña, muy expuesta y fundamentalmente basada en la exportación, siendo el cobre el que ocupa el 60% de las exportaciones totales, podría ser vulnerable a una crisis mundial más severa.

Señalan también de que a pesar del fuerte crecimiento económico experimentado por Chile, en los últimos 20 años, la pobreza y la desigualdad social siguen siendo muy altas y persistentes

Señalan también de que a pesar del fuerte crecimiento económico experimentado por Chile, en los últimos 20 años, la pobreza y la desigualdad social siguen siendo muy altas y persistentes,  principalmente porque el sistema de beneficios fiscales hace muy poco para redistribuir equitativamente los ingresos.

La OCDE asevera que el principal desafío para Chile es mantener el alto crecimiento experimentado y caminar hacia una mejor uniformidad en la distribución de las ganancias para toda la sociedad chilena. Plantean que los esfuerzos para mejorar el crecimiento deben combinarse con medidas para aumentar el empleo de los pobres y mejorar su calidad de vida, incrementando las transferencias de dinero en efectivo bajo el paraguas del ingreso ético.

El informe desarrolla el tema tributario, haciendo mención a la necesidad del gobierno de aumentar significativamente el gasto en educación, salud y otras políticas sociales, frente a la falta de recursos para financiar dichas necesidades. Dice además, que estas  y otras necesidades son de largo plazo y requieren de fuentes adicionales de ingresos.

Esto se debiera alcanzar a través de medidas de recaudación más eficientes tales como; combatir la evasión, cerrar fuentes de elusión, introducir una reformulación impositiva a los bienes raíces, considerar mayores impuestos a las mineras y en general a la explotación de recursos naturales no renovables y aplicar impuestos ambientales, sobre todo a los combustibles fósiles.

Detalla que una de las fuentes importantes de elusión es la gran diferencia entre el tope de 40% de impuesto a las personas en comparación al 17% a las empresas que temporalmente se aumentó a un 20%, lo que además, se combina con numerosas exenciones a las ganancias de capital, incluidas las transacciones de propiedades, transferencia de bienes y activos líquidos.

Argumenta el informe que estas medidas ayudarían a corregir distorsiones y aspectos del sistema tributario que lo hacen poco progresivo. Asimismo, sostiene que la autoridad tributaria debiera seguir introduciendo mejores prácticas para evitar fraudes tributarios, ya que existen considerables espacios para reducir la evasión en Chile.

Todos estos resultados del estudio de la OCDE a través de los economistas Nicola Brandt y Aida Caldera, no hacen más que ratificar lo que muchos hemos estado denunciando por largo tiempo, tratando de sensibilizar a parlamentarios de distintos sectores, políticos, dirigentes y a la sociedad entera, respecto a la necesidad de reformular paulatina pero sostenidamente las políticas de administración de nuestros recursos naturales y muy particularmente de nuestro cobre.

Pero quizás lo más importante de este estudio, es que la OCDE ratifica una y otra vez -así se asevera en varios espacios del informe-,  que; en Chile si hay evasión, que si hay elusión y que si hay escasas medidas de control para evitar fraude y que si faltan más atribuciones de fiscalización de parte del gobierno en estas materias.

Lo rescatable es que estos estudios validan otros informes hechos por otros connotados economistas chilenos como; Orlando Caputo Leiva, Julián Alcayaga, Marcel Claude, Carlos Tomic, Graciela Gallarce, Ian Cademartori, Manuel Riesco, Hugo Fasio, entre otros, que invariablemente son acallados o evadidos por los medios de comunicación convencionales, más importantes e influyentes del país.

A todas estas medidas sugeridas por la OCDE, se debieran tomar en consideración otras formas para controlar la evasión por ejemplo; fiscalizar mejor la venta de concentrado de cobre ya que en su mezcla, se van otros minerales vendibles, que no pagan impuestos. Otra medida necesaria de implementar, es que estas empresas exportadoras de concentrado, vayan emigrando a procesos que le den valor agregado a la producción de concentrados de cobre, es decir, que a través de un decreto simple, estas empresas fundan y refinen en Chile en un tiempo perentorio de adecuación de cinco años desde la promulgación de dicho decreto.

A esto, simplemente agregar en el mismo decreto, la imposición de usar agua de mar para estas actividades. Hoy no se paga un peso por el agua extraída de cuencas y pozos cordilleranos. Estudios realizados al respecto, indican que para producir una tonelada de cobre, se necesitan ocho toneladas o M3 de agua y Chile exporta 5,5 millones de toneladas de cobre fino al año y la tendencia es al aumento. Mientras tanto esto sucede, los pueblos cordilleranos, simplemente desaparecen gradualmente por falta de este vital elemento. Finalmente, luego de este análisis nos queda una vez más, una gran interrogante ¿QUIÉN FINALMENTE PAGA?

Pedro Marín Mansilla
Ex Presidente de la FMC
Director de la FMC

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