Reducción de un 50 por ciento al límite del gasto electoral, eliminación de todos los aportes reservados hechos por empresas, un techo de 1000 Unidades de Fomento (UF) para las donaciones de personas naturales a candidatos y candidatas o campañas, un límite de un 10 por ciento del gasto electoral para el propio aspirante y la publicación de los dineros que reciban los partidos en un portal a cargo del Servicio Electoral (Servel), son algunos de los puntos que la Presidenta Michelle Bachelet estableció en el proyecto de ley sobre financiamiento a la política, texto que busca apaciguar las aguas turbulentas que levantó, entre otros, el Caso Penta.

En este marco, la jefa de Estado indicó que se “eliminan los aportes anónimos y reservados, eso significa que las personas jurídicas -con o sin fines de lucro- no podrán hacer aportes a campañas o a partidos políticos. Además, todas las personas que hagan donaciones a un partido o a un candidato deberán efectuarse a través de un sitio electrónico especifico que habilitara el Servel, que deberá garantizar que serán públicos y consultables por quienes lo deseen. Adicionalmente, todos los postulantes a primarias deberán presentar una declaración de patrimonio e intereses”. La idea del proyecto de ley es transparentar la procedencia de los dineros de la política, evitar conflictos de interés y poner freno a la corrupción, según agregó la Mandataria.

Además, sostuvo que ahora podrán triunfar los candidatos que tengan mejores propuestas y no “el que ha comprado más afiches”.

Sobre las discusiones acerca de la legitimidad del aporte de las empresas, la Presidenta agregó que con este proyecto se evita la posible intervención del sector privado en las decisiones políticas: “Lo dije antes y lo vuelvo a decir, las empresas no votan y no tienen por qué financiar campañas”.

Justamente, el punto del aporte de las empresas a la política es el aspecto controversial de este texto y el que pudiera generar mayor debate dentro del Congreso Nacional. Así lo indicaron las declaraciones de varios parlamentarios invitados a la ceremonia de la firma del documento.

Hernán Larraín, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) defendió la participación de las entidades privadas señalando que “los problemas que hemos tenido en el financiamiento de la política en el último tiempo no se debe a los aportes legales que hoy día se hacen, sino a aportes que, eventualmente, se hubieran hecho fuera del  ordenamiento legal. Para eso (se necesitan) sanciones más duras, pero no juguemos como la avestruz que cree que escondiendo la cabeza no se le va el cuerpo”.

Reacciones que encontraron respuesta en su compañero de Alianza, Cristián Monckeberg. Para el presidente de Renovación Nacional los aportes reservados “están cantando su última canción”, escenario que se repetiría en los aportes de las personas: “Vamos a tener que ver como damos espacio para que exista financiamiento y para que las personas que no sean del sector público y quieran aportar a la política lo puedan hacer transparentemente”, dijo, y dejó así la puerta entreabierta para que privados puedan aportar a la actividad electoral: “Yo no veo ningún problema que una persona natural pueda aportar a la política tal como lo hace a otros proyectos, por ejemplo, a uno social, deportivo o religioso. Me parece absolutamente normal y forma parte de la libertad”.

El líder de RN, a pesar que se muestra participe de terminar con el aporte reservado, no se cierra a mantener el de las empresas: “Es un tema que vamos a discutir en la Comisión (Legislación, Constitución y Justicia), pero creo que vamos a buscar una buena fórmula que permitan a todos quienes quieran aportar al financiamiento de la política lo hagan, pero de manera trasparente y que se sepa”. Declaraciones que marcan una pequeña diferencia con los pensamientos del gremialismo, pero que sin embargo, aún no expresa una clara opinión sobre la existencia de los aportes de personas jurídicas.

En la Nueva Mayoría también hay matices. Pablo Lorenzini (DC), presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, explicó que el aporte de las empresas es un tema en revisión para la falange, pero que tienen claro que no se puede repetir un caso como el de Penta. A juicio del parlamentario, otra de las cosas positivas es la pronta presentación del proyecto de ley que fortalece el Servicio Nacional Electoral que será enviado al Congreso en una iniciativa a parte.

Mientras que el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, se manifestó en contra de los dineros que provienen desde el empresariado y se refirió a la posición de la UDI de mantenerlos: “Nosotros tenemos un mundo empresarial en Chile extrañamente militante. Los empresarios militan y no solo militan, sino que le ponen las lucas a sus propios, como no les fue tan bien esta vez, se tuvieron que hacer cargo ellos mismos de los problemas que tienen. Pero no cabe duda que el aporte del sesgo empresarial tiene cara, rostro, destino y, así, en la medida que eliminemos eso, me parece que es un buen paso. Algunos les va a doler, pero los cambios son así, provocan dolor” ironizó la cabeza del PS.

Mientras, aún no aparece una clara señal hacia los candidatos independientes que, al no pertenecer o no tener un cupo dentro del Congreso, no recibirían el aporte basal proveniente del Estado y que está contenido en el proyecto de financiamiento a la política que ingresará a su trámite parlamentario sin urgencias legislativas, según indicó la ministra Ximena Rincón, titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).