Diputados en picada contra explotación del litio por ignorar “Evaluación Ambiental Estratégica”

a Contraloría General de la República recalcó que se encuentra en antecedente de los oficios presentados por los diputados Patricio Vallespín y Matías Walker, y que con esto, suman más argumentos para evaluar la puesta en marcha del Proyecto de Licitación del Litio.

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16 de Agosto, 2012 08:08
Contraloría general ya tomó conocimiento.

Por Mariano Rivera

El Contralor General, Ramiro Mendoza, se refirió al Proyecto de Extracción del Litio, manifestando que los oficios presentados por los parlamentarios Patricio Vallespín y Matías Walker, abren nuevas investigaciones y argumentos para analizar el plan que el Ejecutivo pretende licitar a partir del 24 de septiembre.

Mendoza recalcó que el Gobierno ha actuado según las atribuciones que le competen, no obstante, “no se había considerado la Evaluación Ambiental Estratégica”.

En este sentido, el Contralor General señaló que “hasta los antecedentes que nosotros teníamos entendemos que el Presidente de la República estaba actuando dentro de sus competencias y hoy algunas peticiones de parlamentarios hacen presente esencialmente un aspecto que no habíamos visto antes, que es la evaluación ambiental estratégica. Se está en estudio, nosotros tomamos razón, los contratos especiales de operación del litio y eso estamos viendo ahora”.

El proyecto de licitación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), emanado desde el Ejecutivo, es impugnado por entregar los derechos de extracción del recurso, sin contemplar los estudios específicos, que en este tipo de materias “se deben realizar con antelación a las decisiones”, como aclaró el diputado Patricio Vallespín.

En esa línea, el parlamentario manifestó que “los estudios ambientales no realizados por el Ejecutivo suponen una razón de peso para frenar el proyecto”, por lo que se espera que el Contralor ratifique el incumplimiento que los parlamentarios han acusado.

Vallespín aclaró además, que “existen fallas de los órganos ministeriales”, por lo que no descartó acusaciones luego de la resolución que entregue la Contraloría General.

En esa perspectiva, el legislador detalló que “había un tema no abordado y a nuestro modo de ver es una razón suficiente para detener el proceso de licitación y por tanto el Contralor debe sacar un pronunciamiento, ojalá antes del 24 de septiembre, que es cuando se abren las ofertas económicas y técnicas respecto al punto. Luego de aquello vamos a seguir otras acciones en tribunales por otro tipo de ilegalidades que el proyecto de licitación pudiese tener. Aquí falló el ministro de Minería, falló el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. No ocuparon la facultad que tienen para que el Presidente pueda decidir esta materia”.

En tanto, Enrique Accorsi, indicó que “la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados apoya los oficios dispuestos por los parlamentarios Vallespín y Waker, manifestando que “la extracción del recurso debe ser realizada por empresas nacionales”.

Accorsi aclaró que la Comisión también ha entregado informes que imputan el proyecto del Ejecutivo, por lo que “las medidas para frenar la extracción del litio se han realizado complementariamente y en bloque”.

En ese sentido, el parlamentario del PPD indicó que “nosotros habíamos sido partidarios que esta explotación la hiciera Codelco, incluso hay una propuesta sobre ese tema, y obviamente que la apoyamos absolutamente y creemos que tenemos la capacidad de poder explotar, así como explotamos el cobre, tenemos la capacidad también para explotar el litio y vamos a seguir teniendo iniciativa en esta materia hasta que no tomemos conciencia de que realmente este es un producto estratégico y nosotros no somos partidarios de que el litio se entregue a privados”.

El oficio que se espera sea ratificado por Contraloría dentro de las semanas venideras, se suma a la demanda de nulidad presentada por los senadores José Antonio Gómez (PRSD), Isabel Allende (PS) y Ximena Rincón (DC) ante tribunales, y que actualmente se encuentra en la Corte Suprema, luego de que los juzgados se declararan incompetentes para dirimir sobre la materia.

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