Lorena Fríes: Hay una operación contra el Museo de la Memoria y el INDH

Lorena Fríes: Hay una operación contra el Museo de la Memoria y el INDH

28 Junio 2012

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos desestimó las críticas incluidas en la “Radiografía” a la institución, realizada por Libertad y Desarrollo y la Universidad del Desarrollo, ambas entidades ligadas a la UDI. 

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Por Macarena Scheuch

Varios errores se encuentran en el informe “Radiografía al Instituto Nacional de Derechos Humanos” según la directora de la entidad, Lorena Fríes, entrevistada en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile.

Cabe recordar que el documento preparado por José Francisco García, del Instituto Libertad y Desarrollo, y Sergio Verdugo, de la Universidad del Desarrollo, apunta a una excesiva politización del organismo estatal, con claras tendencias de izquierda, ya que de los 12 consejeros históricos del INDH, sólo tres son “cercanos, militantes o relacionados con la Alianza”.

Además, el texto critica la no inclusión en su informe anual de temas como el derecho a la propiedad o a la vida del que está por nacer y propone su reestructuración.

La directora cuestionó que el documento parta del supuesto que el instituto está dividido entre” izquierdas y derechas” y que haya que empatar esa situación, recordando que las preferencias políticas partidarias están “en el último nivel” entre los luchadores históricos de los Derechos Humanos.

La abogada rechazó además las críticas que apuntan a la inclusión de temas que no tendrían, según los autores, vinculación con los derechos fundamentales, como los derechos sociales: “En todo este informe nada se dice de que nosotros tenemos obligaciones jurídicas internacionales y que, como órgano del Estado, tenemos una función de conciliar esas obligaciones con la legislación nacional, niegan el carácter o hablan del carácter controvertido de los derechos sociales y eso, o es mala fe, o es ignorancia”, dijo.

Para Lorena Fríes esta operación u ignorancia explicaría el cuestionamiento, además, de otros organismos vinculados a los Derechos Humanos como el Museo de la Memoria, a propósito de las declaraciones de la directora de la DIBAM, Magdalena Krebs, quien expresó la necesidad de explicar o comprender por qué se violaron los derechos fundamentales durante la dictadura.

En este sentido Lorena Fríes planteó que “hay, de parte de ciertos grupos, una operación mayor, no sólo en relación al Museo de la Memoria, sino hacia el Instituto de Derechos Humanos, lo que va acompañado de este homenaje (a Pinochet). Es como que ciertos grupos estuviesen tratando de empujar la valla más allá del consenso que hemos tenido, eso me parece grave. El sentido que tiene puede ser  el más pedestre, que tiene que ver con la próxima discusión presupuestaria, tanto en el Museo de la Memoria que tiene que defender su presupuesto a través de la DIBAM y del INDH que si bien es nacional no cuenta con los recursos para hacer su trabajo a nivel nacional”.

A esto se agrega, según la abogada,  que los sectores más duros de derecha se han dado cuenta de que este no es un tema de la izquierda, sino de Estado, y que se suman dentro de la resistencia, justificando lo injustificable.

Por su parte Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, recalcó que, aunque están en desacuerdo con la conformación del INDH, ya que debiese ser autónomo de los poderes del Estado, apoyan que incluyan en su informe los derechos sociales y el respaldo entregado a la Ley Antidiscriminación: “Yo creo que hay una ignorancia enorme, la discriminación es una violación a los derechos establecidos en la Constitución. En cuanto a la movilización social, también tiene que ver con la defensa y promoción a los Derechos Humanos, porque allí ha habido asesinatos, como a los comuneros mapuches, denuncias contra la libertad de expresión y torturas”, expresó.

El instituto añadió, a través de una declaración pública, que “los temas que se tratan en los informes anuales de derechos humanos han sido fruto de una discusión interna, cuya decisión final es producto del consenso forjado entre los integrantes del Consejo” y que “responde a las obligaciones jurídicas que ha contraído el Estado de Chile con la comunidad internacional”.