Opinión: Caso Penta y los intentos de las élites para que olvidemos

Opinión: Caso Penta y los intentos de las élites para que olvidemos

27 Enero 2015

El trabajo ahora es recuperar la Democracia de las garras de la corrupción, blindada por una legislación modelada por los que se benefician de ella e instalada en todo nuestro tejido institucional. De allí que la tarea será mucho más cuesta arriba que rescatarla de la Dictadura.

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Por: Pablo Fernando González, Pyme Innovación anchoas y sardinas para el consumo humano.

Con el caso PENTA a nadie le cabe duda que la representación ciudadana que hemos depositado en nuestros legisladores y autoridades políticas en las últimas décadas está siendo puesta a prueba. Nos damos cuenta que ha sido una mera ilusión.

De la autoría de uno de los dueños de PENTA es la frase: "los políticos son unos salvajes ". En su opinión, los políticos no tendrían escrúpulos para ser parte de los excepcionales privilegios de los que gozan en la élite política y además, dispuestos, no tan solo a transgredir la propia ley que han modelado en forma excepcional para ellos, sino que también, humillarse para conseguir ser parte de las redes de los grupos económicos y así poder tener el control de sus partidos, desplazar a sus competidores  y garantizar el satisfacer el circulo vicioso con sus benefactores.

Este tejido de redes entre los grupos económicos y los controladores de las "maquinarias de partido" dejados al desnudo por el caso PENTA,  no es muy distinto a lo que ocurre con el financiamiento "dentro de la ley", que involucra a todos los partidos donde sus élites dirigentes recurren a similares prácticas para mantenerse en esa condición de privilegio que los blinda ante líderes emergentes que no sean parte de sus redes de escogidos o familiares. 

El vínculo desvergonzado entre las élites de la clase política y grupos económicos, en la que se incluye la participación de un ex Subsecretario de Estado, Pablo Wagner, solo deja al desnudo una hebra del Modelo (leer Puerta Giratoria CIPER) que han venido usando las élites durante las últimas décadas para que las leyes aprobadas por nuestros legisladores les beneficien, neutralicen los efectos adversos que les pudieran ocasionar y modelen el sistema institucional a su arbitrio. Si a ello le sumamos el rol que cumple el Lobby a cargo de ex autoridades de gobierno que le deben su nombramiento a las élites de los Conglomerados políticos, y que ahora actúan en calidad de mandantes de los grupos económicos ante la clase política y altas autoridades públicas, el problema toma dimensiones muchísimo más graves.

Por lo mismo las élites a través de varios líderes de opinión y sus poderosos medios de comunicación están tras el desafío de tratar de imponer su relato de que estos hechos no serían delitos sino errores involuntarios, y que sería suficiente con pedir perdón. Entre la mayoría de la ciudadanía existe el convencimiento que ello ocurre porque nuestra institucionalidad está cooptada por los anteriores y que es incapaz de investigar y castigar con la renuncia a un ex Presidente como lo hizo EEUU en el caso Watergate o hace poco que su justicia condenó a 150 años a un gran inversionista como Madoff, aunque a nadie le cabe duda que los casos que afectan a nuestro país son mucho más graves ya que son sistémicos.

No es casualidad el que estemos asistiendo a una defensa corporativa de las élites para que este grupo tenga un destino no diferente al que tuvo el Grupo Angellini cuando fue denunciado por el financiamiento a la política, en ese caso por dineros entregados a la Diputada Isasidurante la tramitación de la Ley de Pesca  en la que nuestros legisladores favorecieron en forma vergonzosa con una ley de privilegio a las 7 Familias que controlan el sector pesquero y que sigue vigente. Lo anterior tuvo su recompensa ya que las empresas de propiedad de los anteriores se preocuparon de devolver la mano y ser uno de los sectores que aportó más dinero a las campañas de nuestra clase política según se puede verificar en denuncia CIPER antes citada.

El poderío del grupo en cuestión consiguió que nuestra institucionalidad se acomodara a una investigación rápida, que quedara como un hecho aislado, y en el olvido de los medios de comunicación y de la clase política, mientras el alto directivo a cargo de dar la cara en lo anterior fue protegido por  los controladores del Grupo económico con un enroque dentro del mismo, algo que no hicieron los dueños de PENTA con su ex gerente general y se expusieron a que éste último los delatara e involucrara como los principales autores y responsables. 

La anterior pequeña gran diferencia explicaría porque en el sector pesquero una serie de hechos que en cualquier país decente serían denunciados a la justicia para perseguir a los responsables en nuestro país gozan de impunidad. Lo que los grupos económicos han conseguido en el sector pesquero está replicado en todos los sectores de nuestra economía. El Estado amparó para que en apenas una década casi todas las especies fueran llevadas a la sobreexplotación y al colapso, y la cuantiosa riqueza pesquera del país que teníamos fuera devastada y llevada a menos de la mitad, mientras estaba al resguardo de altos funcionarios públicos nombrados por nuestras autoridades políticas en Subpesca y Sernapesca. El propósito no habría sido otro que beneficiar a un puñado de privilegiados para que consiguieran un enriquecimiento acelerado no importándole a ninguno de los anteriores el desastre ambiental y social que estaban ocasionando. Al no existir un Sr. Bravo que confiese que lo anterior se hizo a cambio de pagos, dando detalles de la forma como habrían operado para posibilitar lo anterior, nuestra institucionalidad ha dejado estos hechos en la impunidad y se ha declarado sorda, muda y ciega.  Es más, casi todos los funcionarios que facilitaron lo anterior han sido confirmados, para que sean quienes " cuiden la sustentabilidad pesquera" de los últimos saldos que restan en nuestros mares, con la venia de toda la clase política sin ninguna excepción.

Si el ex Subsecretario, Sr. Wagner hubiera sido parte del sector pesquero hoy día gozaría de la suerte del ex Subsecretario de Pesca del Presidente Lagos, quien fuera uno de los artífices de como ceder el territorio de la Patagonia a la industria del salmón por la vía de las concesiones acuícolas, el que luego la Presidenta Bachelet  se encargó de nombrarlo a cargo de la Mesa del Salmón para comprometer al Estado en el salvataje financiero de esa industria cuando la Banca le exigió lo anterior para mantenerla a flote. El mismo hace un par de años fue reclutado por el principal grupo de inversión chileno en salmones como uno de sus principales directivos y un mes antes que asumiera el nuevo gobierno la mega industria del Salmón decidió nombrarlo como su nuevo Presidente e interlocutor con las nuevas autoridades por sus excelentes nexos con las mismas. Lo anterior está considerado como una práctica habitual, parte de la puerta giratoria entre el sector público y privado, y al revés , así que a nadie le sorprende que el Sector Público actúe como cómplice pasivo ante el daño ambiental que está afectando gravemente los ecosistemas de la Patagonia y de responsabilidad de la mega industria salmonera y que perjudica a las poblaciones nativas de Puerto Montt, Chiloé, Aysen y Magallanes.

Nuestros jueces  tienen la oportunidad de probar que nuestra institucionalidad no está totalmente cooptada por las élites. Si se siguen sumando hechos que quedan en la impunidad, la primera obligación de los Movimientos Sociales, - que hoy día serían el último y único referente político sano -, es recuperar la Democracia de las garras de la corrupción, la que se encuentra blindada por una legislación modelada por los que se benefician de ella e instalada en todo nuestro tejido institucional, de allí que la tarea será mucho más cuesta arriba que rescatarla de la Dictadura.

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