Opinión: La sospechosa ofensiva de la nueva seremi de Salud de Antofagasta

Realmente llama la atención la forma en que Karen Rojo, la flamante seremi de Salud, desembarcó al Servicio Público de Antofagasta, ya que más que una profesional destacada técnicamente, con esos rimbombantes estudios de maestría en España que el Gobierno se esforzó en destacar, parece una auténtica operadora política, que no ha perdido un sólo segundo en poner su investidura pública a disposición de lo que más bien parece ser un burdo montaje electoral para influenciar la intención de voto de la gente para las primarias de este domingo.

Acorde al tipo de accionar actual, no es de extrañar que muy probablemente los focos de incendio acontecidos últimamente en el vertedero de la Chimba no sólo son intencionales, sino que han sido sistemáticamente provocados para generar un clima de confrontación política contra la alcaldesa Marcela Hernando.

¿Habrá investigado siquiera un poco la autoridad sobre el mega proyecto que desarrolló el municipio para solucionar el problema histórico más grande de nuestra ciudad?

¿Sabrá que es responsabilidad de los centralistas del Ministerio de Desarrollo Social, cómodamente sentados en Santiago y miembros de su mismo Gobierno, aprobar el proyecto de un nuevo vertedero desarrollado por la municipalidad?   

La seremi incluso se da el lujo de amenazar con el cierre del basural, exponiendo a todas las familias antofagastinas a tener un problema grave de salubridad e higiene pública. ¿Dónde cree que la comuna va a botar su basura en caso de una clausura del recinto?

A fines de enero, la alcaldesa recibió de manos de la mismísima ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, la concesión donde se otorgó al municipio los terrenos para el “Centro de Tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios”, el nuevo vertedero que se ubicará en el sector de Chaqueta Blanca, a 6 kilómetros de la ciudad. Esto como resultado de un estudio de localización realizado por la empresa KDM S. A., hecho para determinar el lugar con las mejores condiciones para construir una Planta para Recuperación y Reciclaje. La iniciativa cuesta US$10 millones, y para poder ser licitada sólo resta la recomendación del proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social. El problema es que el proyecto fue ingresado antes de la implementación de las nuevas disposiciones de la normativa ambiental, lo que ha trabado su aprobación.

Sin embargo, estamos absolutamente sorprendidos por la forma en que el Gobierno ha decidido botar a la basura un trabajo de mucho esfuerzo, y que demanda una labor conjunta entre organismos estatales, pues se trata de una problemática de dimensiones colosales, que no puede ser abordada de forma aislada ni dogmática, como lo pretende la actual seremi.

Hacemos un llamado de atención al Gobierno para que ponga orden y seriedad en la forma que se hace gestión pública. Unas primarias electorales no pueden echar por la borda los legítimos derechos de las personas de contar con un entorno limpio y seguro.

Roddiam Aguirre
Presidente regional de la Democracia Cristiana

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