Opinión: Los abusos que cobija el Estado

Opinión: Los abusos que cobija el Estado

06 Agosto 2013

El escándalo al interior del SENAME, los casos dramáticos de violación de que han sido objeto tres menores, con resultado de embarazo, instalan una serie de interrogantes. ¿En un año electoral, es posible abrir el debate sobre despenalización del aborto o ley de aborto?

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El caso de Belén, la menor abusada sexualmente, de manera reiterada por su padrastro y embarazada producto de esa violación en Puerto Montt, sacó a la luz pública una realidad de la cual pocos quieren hablar. Su caso se suma al de una niña de 13 años violada desde los 7 años y embarazada por su padre, que ya dio a luz, y una tercera, de 12 años, violada y embarazada, por un tío, en la ciudad de Tocopilla.

Tras haberse develado el caso de Belén, se reinstaló el debate sobre la despenalización del aborto en Chile, un país con una clase política conservadora con fuerte influencia de la Iglesia Católica y donde no se permite el aborto en ninguna condición. Un Estado que decide someter a menores a llevar un embarazo y maternidad forzada en casos de violación. Un Parlamento que no se abre al debate.

Una encuesta realizada en el mes de julio por Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Central, reveló que 7 de cada 10 personas están a favor de interrumpir un embarazo en casos de menores de edad embarazadas producto de una violación. Y un 98% considera que una niña de 11 años no está preparada para ser madre, tras los dichos del Presidente Sebastián Piñera quien destacó la madurez de la decisión de Belén de tener a su hijo.

Es importante despejar el debate. No se trata de estar en contra de la vida, al contrario. Una menor de 11 o 12 años no está preparada para ser madre. Se trata de resguardar la integridad física y sicológica de niñas violentadas sexualmente, y la decisión de llevar a término un embarazo no puede quedar al arbitrio de un Estado por consideraciones valóricas. El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es claro en advertir que llevar a término un embarazo producto de una agresión sexual constituye un trato inhumano para la mujer con signos de tortura, más aún para una niña.
 

El viernes 25 de julio, una manifestación de unas 8.000 personas en la ciudad de Santiago y un importante número de adherentes en distintas ciudades del país, incluso la solidaridad en otros lugares del mundo, demandó la despenalización del aborto. Hasta 1989 el aborto terapéutico en casos de inviabilidad del feto o de peligro de vida de la madre era permitido, pero al final de la dictadura de Augusto Pinochet fue prohibido. Chile hoy es uno de los cinco países de América Latina que no cuenta con una legislación que autorice el aborto en ciertas situaciones.

Por otra parte, observamos con preocupación la serie de irregularidades y abuso de menores al interior de los centros del SENAME (Servicio Nacional de Menores). El Estado está en deuda con la protección de los derechos de las y los niños y tiene el deber de prevenir y sancionar las situaciones que atenten contra quienes son atendidos por esa institución. No dejar impunes estos actos, es parte del proceso reparatorio con que el Estado de Chile debe responder a los niños y niñas que fue incapaz de proteger.

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