Actualmente la sociedad civil se expresa a través de diversas y novedosas formas de participación ciudadana, como son, por ejemplo, los debates y proposiciones que se plantean a través de los medios electrónicos (dentro de lo que se llama e-democracy o democracia electrónica) y que pueden llevar incluso a los ciudadanos a proponer el contenido de una nueva Constitución, como se busca a través de la plataforma digital #TuConstitución. Nos preguntamos aquí si tales instrumentos de participación permiten una comunicación expedita entre la ciudadanía y las autoridades políticas, de manera de llegar a convertirse en un medio para fortalecer la institucionalidad democrática.

Recordemos al respecto que en una democracia sana la sociedad civil y el aparato estatal están en constante interacción, desde que la primera influye en la toma de decisiones que debe adoptar el segundo porque lo hace partícipe de sus necesidades, las cuales son procesadas por el poder público para luego entregar soluciones. Este flujo de peticiones y de respuestas produce una serie de consecuencias, entre ellas, el choque entre los intereses colectivos y los individuales, ya que la autoridad debe desechar, jerarquizar o postergar demandas, lo cual a veces pone en jaque la estabilidad y eficacia del flujo de retroalimentación entre ésta y los distintos actores sociales.

La interacción entre el Estado y la sociedad civil convierte consecuentemente a los integrantes de ésta en agentes políticos, porque pueden llegar a influir de modo determinante en la definición de las decisiones públicas. Nos encontramos entonces ante una concepción del ciudadano más amplia de la que conocíamos: éste sabe cuáles son sus derechos, se informa constantemente acerca de lo que ocurre, participa opinando y debatiendo a través de distintos medios, solicita entrevistas con las autoridades, les exige rendición de cuenta acerca de su gestión, fiscaliza que sus políticas sean adecuadas a los intereses colectivos, se manifiesta a través de marchas y movilizaciones sociales, etc., todo lo cual hace que el ciudadano ya no se limite a intervenir en la emisión de un voto cada cierto tiempo.

Particularmente respecto a la participación ciudadana a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, etc), debemos destacar que éstas han demostrado enorme eficacia como instrumentos que amplían el protagonismo de determinados grupos de la sociedad civil que hasta ahora tenían gran dificultad para comunicarse entre sí y con la ciudadanía en general, facilitando, por lo tanto, la generación de nuevas formas de participación social y política. Asimismo resultan útiles y provechosas para adoptar decisiones que fortalezcan la conducción política, ya que pueden constituirse en mecanismos de generación de respuestas entre elección y elección, a través de ellos se abordan temas emergentes no incluidos en las campañas electorales y pueden impulsar respuestas que trascienden los períodos políticos, además de tener un efecto positivo en la transformación de la cultura cívica.

Al aparato estatal, por su parte, le conviene que exista una activa participación ciudadana ya para formular sus propias políticas -las cuales han de basarse en un conocimiento cierto de las demandas sociales-, ya para obtener mayor legitimidad, al adoptarlas por medio de la cooperación y participación de la sociedad civil. Así, si tanto la autoridad como los ciudadanos actúan responsablemente en este flujo de peticiones y respuestas, ello sólo podrá redundar en una paz social más auténtica y en la adopción de políticas públicas más acorde a las necesidades reales de la ciudadanía, todo lo cual conduce al fortalecimiento de la democracia.

Lo que decimos puede resultar central si se busca re-encantar a la sociedad con la política -la cual en Chile, como sabemos, se halla gravemente desprestigiada- y restaurar la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Por otra parte, las instituciones políticas juegan un rol fundamental en la forma en que se regulan los poderes sociales que emergen de la sociedad civil. De no reconocerse la importancia de tales instituciones se corre el riesgo de perder de vista el rol decisivo que desempeñan en el establecimiento y observancia del imperio del derecho. Tales instituciones estatales son, pues, vitales para el desarrollo de la democracia; éstas, junto a la sociedad civil, necesitan encontrar un equilibrio que permita a ambas retroalimentarse en pos del bien común, sin que puedan prescindir una de la otra.

Es que la institucionalización es indispensable para lograr que las acciones colectivas de la sociedad civil se afirmen en lo público como decisiones de carácter vinculante. En efecto, las formas de participación ciudadana –incluyendo las que derivan de la democracia electrónica- son, por su propia naturaleza, débiles para formular políticas, mantener temas en el tiempo, dialogar con profundidad, alcanzar acuerdos duraderos y, sobre todo, resultan  incompetentes para adoptar resoluciones que tengan fuerza vinculante, desde que esa tarea corresponde, dentro de una democracia representativa, al Parlamento, al Gobierno y a las distintas instituciones a cargo de la conducción de la colectividad. La representación democrática, por lo tanto, resulta clave y no puede ser sustituida: si ésta falla, se afecta la legitimidad democrática y, con ello, la disposición a someterse a los procedimientos existentes y a las determinaciones que se adopten mediante su empleo.

La desconfianza que un amplio sector de nuestra población manifiesta hacia las instituciones políticas no puede impedir entonces que, quienes buscan influir en las decisiones que les afectan, concuerden en que la resolución final dependa de los órganos encargados de darles curso y solución. Ello se facilita si, por una parte, se produce un contacto constructivo entre los sectores ciudadanos que interpelan a la autoridad y los titulares de tales órganos, y si, por otra, se confía en que las ideas puestas sobre la mesa y que concitan mayor adhesión popular guiarán la tarea de quienes están encargados por la propia sociedad de representar a la ciudadanía para darles una adecuada respuesta. No obstante, para que suceda esto último nuestras autoridades deben estar revestidas tanto de legitimidad de origen como de ejercicio, lo cual supone establecer reglas constitucionales claras que propendan a ese objetivo.