¡¡¡Hay malos olores!!! Y se salió a la calle para perseguir tanto a los generadores de estos malos olores como a los responsables de los servicios públicos para que fiscalizaran.

¡¡¡Se sobrepasaron los derechos de los pueblos originarios!!! y se acudió a la justicia para frenar grandes proyectos de inversión debido a que no se consideró a las etnias originarias en los procesos de participación ciudadana.

¡¡¡No hay claridad en las reglas del juego para el desarrollo de proyectos eléctricos!!! y se generó una reunión con el Sr Presidente para que se analizara el tema, logrando calmar los ánimos del empresariado.

Lo único que está claro es que hay agitación. Por el lado de las comunidades, los afectados frente al desarrollo económico y de infraestructura, hoy tienen potentes herramientas de comunicación y de coordinación de movimientos, que los hacen bastante poderosos.

Por el lado de los empresarios, que quieren desarrollar sus proyectos que responden a necesidades reales para el desarrollo del país, como es el caso de los proyectos energéticos y mineros, pero se encuentran con incertidumbres por el lado de la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos, o luego de que obtienen los permisos, se topan con judicialización de procesos que tienen hoy en día cerca de 22 mil millones de dólares de proyectos de inversión frenados.

Por el lado del gobierno, ha habido falta de velocidad para la implementación de la nueva institucionalidad ambiental que se encuentra aún a la espera de la publicación en el diario oficial de los Tribunales ambientales para que recién comiencen a funcionar a fines de este año.

Y el problema es claro. Nadie quiere ser vecino de un vertedero, pero se requiere tener vertederos. Por otra parte los desarrolladores de proyectos aprueban vertederos diseñando robustos proyectos que muchas veces no llegan a construirse como tal o que se gestionan de manera diferente ya que las Resoluciones que los aprueban nunca se operativizan. Pero por falta de fiscalización por parte del gobierno, estos proyectos no se operan según se aprobaron, por lo que se generan impactos ambientales. Al no haber claridad de los canales formales, o tal vez problemas dentro de las instituciones fiscalizadoras, no se logra dar solución a los impactos y los afectados recurren a los medios de difusión disponibles, redes sociales, Facebook, Twitter, con o sin el apoyo apoyo de alguna ONG, logrando llamar la atención de las autoridades cuando el problema se transforma en uno de interés público y de orden mediático. Es entonces cuando se ACTUA, cuando el globo revienta.

El llamado es a la concesión, al encuentro, al diálogo entre las partes, de manera de que los empresarios diseñen y operen proyectos sustentables, que se acerquen a su entorno social inmediato mediante la generación de canales efectivos de comunicación, invitando a que la comunidad se entienda con la empresa; que no se pase a llevar derechos de comunidades o de personas sobre cualquier tipo de recurso natural, ético, humano o físico, por los intereses económicos particulares de alguno o algunos; y que todos en conjunto respetemos el único planeta que tenemos; que prime la transparencia y el diálogo; ya que es la única forma de que el país se beneficie, de que cada uno sea el generador de los cambios que se requieren para el desarrollo de nuestra nación.

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