María Ester Feres: hay un deterioro creciente en la calidad del empleo

21 Junio 2012

El OGE conversó, de modo especial, con la ex Directora del Trabajo, para examinar la situación del trabajo/empleo en Chile. Es experta laborista y Dir.Centro de Relaciones Laborales Fac. Econ., U. Central.

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Por Fabiola Gutiérrez.

1.- ¿Cuál es su diagnóstico de la realidad laboral de los trabajadores chilenos en general, y de las mujeres, en particular?

Mi percepción es bastante negativa. Constato, a través de múltiples medios (estudios, análisis estadísticos, medios informativos, reuniones con trabajadores/as, etc.) un deterioro creciente en la calidad del empleo. El Gobierno plantea, eufórico, que la tasa de ocupación crece sostenidamente y en consecuencia baja el desempleo. También, en una línea similar afirma que las ocupaciones creadas son -en su gran mayoría asalariadas- con contrato escrito y pagos previsionales, lo que veremos más adelante, no es así. Ligado a lo anterior, supongo, sostiene que los salarios crecen a un ritmo acelerado, quizás como resultado de su concepción neoliberal: que cuando la oferta de trabajo y la demanda por trabajadores/as se tensa, el mercado regula solito el precio del trabajo (en nuestro lenguaje: las remuneraciones). Por lo demás, no se le puede acusar de incoherencia porque en su Programa de Gobierno sostiene enfáticamente la necesidad de suprimir barreras de ingreso al mercado de trabajo (bajando costos laborales y derribando regulaciones), en particular, según sus visiones, para estimular el acceso al empleo de mujeres y jóvenes. No les resultó con el proyecto que enviaron al Congreso sobre el postnatal, el cual, gracias a la gran movilización de las organizaciones sindicales y de mujeres y a la acción de parlamentarios/as de oposición, salió absolutamente modificado; ni con el proyecto de teletrabajo, ni tampoco con el de las y los temporeros agrícolas; estos últimos, afortunadamente, no pasaron del primer trámite legislativo. No obstante aquello, insisten hoy con el anuncio de un proyecto de ley para proteger el empleo en tiempos de crisis, el que haría recaer nuevamente los costos de esta en las y los trabajadores, sin reconocer que sus salarios ya son bastante miserables, y que la indefensión es la tónica en sus relaciones laborales.  

No existe ningún proyecto en materia laboral, de los poquísimos enviados por el Gobierno, que pretenda mejorar la situación de trabajadores y trabajadoras. En el Senado está parado el proyecto de Multirut, pues con su obsesión tecnocrática, trasladan la calificación a una “Comisión de Expertos”, desconociendo facultades inherentes al Poder Judicial; en línea similar va el proyecto sobre Seguridad Minera, el que persigue, de una parte, abrir la privatización de la fiscalización (función inherente del Estado), y de otra, afectar definitivamente la estabilidad funcionaria, en tanto permite que el Jefe de Servicio pueda despedir todo/a funcionario/a, sin expresión de causa y en cualquier momento.

Pero, para ser justos, gran parte de los problemas derivan de concepciones -ciertamente compartidas o transversales- sobre la estrategia económica, la cual, entre otros efectos, hace que Chile tenga la tasa impositiva a la renta (sólo por utilidades retiradas) más baja de los países de la OCDE; e, impide mejorar los ingresos a partir de una distribución más equitativa de la productividad creada por el trabajo.

P. Walder, en un artículo reciente, analiza el incremento del PIB y del PIB per cápita anual en los últimos 10 años y, de acuerdo a ello, cual debiese haber sido el incremento salarial. En el período, el producto general se incrementó en 260%, subiendo el per cápita a 18.000 dólares; así, los salarios percibidos durante el 2001 debieron también incrementarse hasta 2,6 veces en el 2011 o sea 260%.

Otros datos señalan que la productividad laboral se ha elevado en un 90% durante los últimos 20 años. A pesar de esta considerable alza, los salarios han aumentado sólo en un 20% en igual período; o sea que el 70% restante ha sido apropiado por las empresas.

Incrementos salariales conforme a los incrementos de productividad del trabajo en nuestro país, son ciencia ficción, debido a que no se pudo y/o no existió antes y menos ahora, la voluntad política de modificar estructuralmente las relaciones colectivas de trabajo, sustentadas en los pilares heredados del Plan Laboral; los que tienden a inhibir sustancialmente el derecho de negociación colectiva y a convertir -en los hechos- la huelga de las y los trabajadores en un derecho inexistente. El sistema vigente explica en gran medida la debilidad sindical estructural que padecemos, la gran precariedad de las relaciones y condiciones de empleo, y la vergonzosa desigualdad de ingresos que aqueja a la sociedad chilena, la peor de la OCDE y de otros países en vías de desarrollo.

Los juicios anteriores se sustentan en muchos otros antecedentes estadísticos propiamente laborales, sin olvidar que todo análisis sobre el tema exige considerar tanto la cantidad de nuevas ocupaciones como la calidad de estas.

Según últimos datos de la Fundación Sol[1], de las 695. 000 nuevas ocupaciones creadas desde el trimestre enero-marzo del 2010 a febrero-abril 2012, “el 28,8% son trabajos ´por cuenta propia´, ´personal de servicio doméstico´ y ´familiar no remunerado´”. Si bien las mujeres explicarían el 54,4% de la variación de la ocupación en los últimos 25 meses (con 378 mil empleos), el 45,6% de dichos empleos pertenecen a las mencionadas categorías. Adicionalmente, el 100% de los nuevos/as trabajadores/as por cuenta propia es de jornada parcial y un 85,2% de ellos/as son trabajadores/as de baja calificación y no profesionales independientes; se trata de ocupaciones con ingresos bajos e inestables.

En cuanto al trabajo asalariado, si bien éste habría aumentado en 498 mil personas, el 72% correspondería a modalidades de subcontratación, servicios transitorios (suministro de personal) y enganchadores, lo cual indica una mayor precarización e inestabilidad en el trabajo. Esta cifra llega al 94,1% para el caso de las asalariadas mujeres.

Siempre utilizando los datos de la NENE, la citada fundación ha elaborado tres interesantes indicadores para medir la calidad del empleo: -el “Índice de Empleo Protegido” (IEP); -el “Indicador de Inserción Laboral” (IIL); y -la “Tasa de Desempleo Integral” (TDI). Por lo impactante de sus datos nos detendremos en dos de ellos.

Primero, en cuanto al “Índice de Empleo Protegido” (es decir, con contrato escrito, indefinido, liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo), a nivel nacional se constata que sólo el 40% del total de ocupados/as y el 53,4% de las y los asalariados se encuentran en dicha categoría. Dentro de ella se considera al trabajador/a “Subordinado/a Independiente”; es decir, asalariados/as que no tienen liquidación de sueldo, ni tampoco cuentan con la cobertura de protección a que tendrían derecho; la mayoría de ellos/as ni siquiera entrega una boleta de honorarios. En el trimestre febrero-abril 2012 esta categoría habría alcanzado a un 19% del empleo asalariado (privado, público y servicio doméstico), equivalente a 1.085.108 personas. Este porcentaje -para el caso de las mujeres asalariadas- alcanzó un 23%.

Claramente, en el Chile actual, un trabajo registrado como asalariado no asegura mejores condiciones en cuanto a protección, estabilidad ni ingresos dignos. En efecto, si a los datos anteriores se agrega la variable ingresos, según la CASEN 2009 el 31% de los asalariados protegidos recibe menos de $200.000 y, un 57%, menos de $300.000. En síntesis, el panorama es bastante desolador: el 76,8%3 del empleo asalariado no estaría protegido y/o no superaría un ingreso mensual de $300.000 (menos de dos salarios mínimos).

Segundo, en cuanto a la tasa de desempleo integral, incluyendo el desempleo oculto y el desempleo por subempleo, los desocupados aumentan en un 77% y el desempleo se sitúa en un 11%, bastante más que el 6,5% que señala el Gobierno. El subempleo ha llegado a 636 mil personas que trabajan jornada parcial y quieren trabajar más horas, pero no encuentran ese tipo de empleo, siendo el indicador más alto en lo que va del período.

En la misma línea se constata que son las mujeres las que se han incorporado más precariamente a la fuerza de trabajo, puesto que, al calcular el “desempleo integral por sexo”, en el caso de las mujeres, la tasa sube de 8,4% a 14,3%.

Según datos de ComunidadMujer, en los últimos diez años, las chilenas que trabajan en jornadas parciales han pasado de niveles cercanos al 8% de las ocupadas a un 25% de éstas. Una proporción muy alta de este tipo de empleos son precarios. Según la Casen (2009), la informalidad ascendía al 25% del total de ocupadas en el caso de las trabajadoras en jornada completa y a 67% en el caso de aquellas que lo hacen en jornada parcial.

Además, una alta proporción de trabajadoras que laboran bajo esta última modalidad lo hacen involuntariamente: 53% querría trabajar más horas. A su vez, las respuestas de mujeres inactivas que querrían participar del mercado de trabajo en jornada parcial reflejan un descalce entre expectativas y salarios efectivos (estudio Voz de Mujer, de ComunidadMujer). Estos últimos son entre 20% y 40% más bajos de lo esperado por las entrevistadas para dejar su condición de inactividad. Y ello es más serio en el caso de aquellas con menor escolaridad, quienes podrían tener que movilizarse durante horas para trabajar por montos menores a los 120 mil pesos, cuando esperan salarios superiores a 150 mil.[2]

En fin, muchos otros estudios, varios de la propia Dirección del Trabajo, demuestran un deterioro progresivo de las condiciones laborales de la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores. Desde la perspectiva de equidad en salud, la ENETS 2009-2010[3] permite visualizar cómo los problemas de salud de los trabajadores y trabajadoras dependen de las relaciones de poder desiguales en términos de nivel de ingresos, status ocupacional, nivel educacional, género y clase social, tal como ya fue señalado en el reporte Mundial sobre determinantes sociales en salud de la OMS, el 2008.