Opinión: "La ineficiencia de los estudios de impacto ambiental"

En Chile los Estudios de Impacto Ambientales (EIA) más que estudios de viabilidad, son meras declaraciones de intenciones de las empresas y nada más, por eso existen en la actualidad tantas incongruencias y altos grados de contaminación en los territorios intervenidos por los diferentes proyectos. El método utilizado para aprobar estas intenciones, carecen de una adecuada participación ciudadana y fue diseñada con un método sin ninguna capacidad de ampliar las instancias que permitan la participación de las comunidades intervenidas, sin que se pueda contar con una comisión externa que audite de manera objetiva lo que presentan las empresas como seudos EIA; por ende las evaluaciones son realizadas por las seremias regionales que entre otras cosas son poco profesionales y que a su vez sufren presiones de los gobiernos de turno para aprobar los proyectos aunque no cuenten con las garantías necesarias, explicándonos el porqué proyectos como HidroAysén, Alto Maipo, Mina Invierno, Central Río Cuervo y tantos otros, tengan evaluaciones aprobadas y certificadas por Sernageomin y que no reúnen las condiciones mínimas para ser desarrollados.

El formato que posibilita la ley de medio ambiente y sustenta los EIA, permite que las empresas realicen sus propios EIA sin ninguna fiscalización externa y es indudable que dada la falta de credibilidad del mundo empresarial ante las denuncias realizadas, se hace insostenible este formato. Además la autoridad si sus intereses están en riesgo, puede alargar los plazos a voluntad, en caso que los proyectos de alta complejidad sufran retrasos importantes ante las presiones ciudadanas y mantenerlos con vida; como es el caso de HidroAysén que aun sigue con vida a pesar que se ha demostrado su inviabilidad.

En la actualidad los EIA no aseguran en ningún término, que las observaciones ciudadanas realizadas a los estudios van a ser tomadas en cuenta (adendas) en el posterior proceso evaluativo, al no contarse con criterios objetivos que definan qué es lo que es información relevante y no existir criterios como herramienta de trabajo que puedan ser utilizados por las comunidades en las reclamaciones administrativas o judiciales, que en teoría tienen derecho. Faltan auditorías externas que sean realizadas por organismos competentes, que garanticen que los proyectos son sustentables por sí mismos y las comunidades no cuentan con acceso a fondos concursables para tener una participación seria, profesional y bien asesorada, tal como ocurre en los países desarrollados miembros de la OCDE, para darle credibilidad y profesionalismo a los EIA. En la actualidad no existe posibilidad que las comunidades puedan paralizar las obras ante posibles malos manejos ambientales que realicen las empresas en el proceso de construcción y desarrollo, al no contarse con criterios de riesgos inminentes de posibles daños ambientales en las diferentes etapas.

Es importante si queremos sustentabilidad en el proceso de desarrollo, que tengamos la capacidad de mejorar los formatos de los EIA y transparentar las decisiones políticas que dirigen los proyectos y las posteriores evaluaciones. Si queremos sustentabilidad y proyección de futuro, deben incorporarse ámbitos que van mucho más allá de lo estrictamente ambiental, incluyéndose a los representantes de las comunidades como parte integral de los EIA y sus comisiones de evaluación.

En la actualidad el proceso de evaluación no incorpora análisis de alternativas y no se informa de los riesgos de las proyecciones negativas de las intervenciones territoriales que presuponen los proyectos, solo se realzando los aspectos positivos. Por eso es importante incorporar al análisis ambiental las diversas alternativas, para que el proceso de evaluación tenga un rango más abierto y considere también los presumibles efectos acumulativos de la intervención, exponiendo objetivamente el total de los impactos y los efectos indirectos que supondría la intervención y contar con las consideraciones necesarias de lo que ello presupone y determinar con esa información, si los proyectos afectan desproporcionadamente la proyección de desarrollo económico, social y cultural de la respectiva comunidad.

Es muy relevante ajustar los procedimientos por medio de una etapa preliminar de evaluación, que cuente con la capacidad de definir el objetivo real del proyecto, dentro de un marco normativo realista, con la capacidad de analizar las normas ambientales y el desarrollo de políticas de desarrollo, que permitan realizar una evaluación objetiva y que paralelamente se piense y se lleve a cabo, un ordenamiento territorial a través de un proceso participativo, para que las comunidades tengan la capacidad de definir el tipo de desarrollo que buscan y si están de acuerdo con el proyecto.

La minería, pesca, agricultura y en igual medida la industria forestal y energética, ha producido sistemáticamente la degradación de los recursos naturales, destruyendo la calidad de vida de todas las comunidades intervenidas, omitiendo estratégicamente para su propio beneficio, derechos elementales de acceso a recursos básicos para una vida digna por parte de las comunidades, precisamente por las deficiencias con que se han venido realizando los EIA y la nula fiscalización por parte del Estado, por políticas públicas deficientes en relación con la protección del medio ambiente y sin voluntad política alguna de enfrentar la temática como corresponde, exigiéndoles a las empresas respeto por las comunidades y sus territorios.

La extracción de los recursos naturales no ha tenido la capacidad de generar más puestos de trabajo como dicen los que defienden este formato de desarrollo; en la actualidad el 80% de los trabajos ofrecidos esta concentrado en la pequeña y mediana empresa, demostrándonos que la carga impositiva que aporta la gran la minería, la pesca industrial, el desarrollo forestal y energético, es mínimo en relación comparativa con las ganancias que obtienen, por eso mismo es un modelo insostenible e inaceptable, al favorecer la concentración de la riqueza en sectores reducidos de la población.

La ausencia de políticas eficaces de protección de comunidades rurales, dejando en la indefensión total su territorialidad, calidad ambiental, con falta de regulaciones adecuadas, la violación sistemática de las normas regulatorias y la falta de una fiscalización certera y comprometida por parte del Estado, ha significado que con el pasar de las décadas la contaminación de diversos ecosistemas que están protegidos por normativas nacionales e internacionales, que en Chile no hemos sabido reconocer por los intereses creados.

La exigencia que debe tener toda evaluación de impacto ambiental que se respete, es que debe ser eficaz, profesional y respetuosa, requerimientos que en la actualidad no se están cumpliendo, por la presión de las empresas interesadas. Existe la necesidad imperativa de contar con un análisis integral de la intervención ambiental a nivel nacional, que incluyan métodos y formatos amplios de sustentabilidad, con requisitos legales preestablecidos, que a su vez sean respetados por todos y no solo por algunos, permitiendo una gestión de evaluación integrada en la perspectiva del desarrollo sostenible de la comunidad pretendida, demostrando viabilidad ambiental y el cumplimiento de los procedimientos establecidos, bajo un marco legislativo de aplicación preventiva de protección ambiental y social, respetando las especificidades culturales y considerando los efectos adversos del proyecto, resguardando los recursos naturales intervenidos; como el suelo, el agua y el aire, ante la alteración de los sistemas de vida.