Procesos de Participación Ciudadana Anticipada, ventajas y brechas

En nuestro país existe una deuda en materia de participación vinculada a nuestros pueblos indígenas. Ello está refrendado en el Informe de Observaciones sobre el cumplimiento del Convenio 169 en Chile. Por Antonio Rubio.

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09 de Abril, 2012 12:04

Me sorprende favorablemente que, cada día con mayor frecuencia, las empresas en Chile estén mirando con mejores ojos la implementación de Procesos de Participación Ciudadana Anticipada (PAC) al momento de desarrollar sus estudios de impacto ambiental (EIA). Hace unos cuantos años atrás pensar ello era una utopía, pero con el correr del tiempo, los nuevos escenarios sociales y políticos en que nos encontramos hacen que dichos procesos se vayan implementando como un requisito previo básico para la elaboración de los famosos EIA, pese a no estar consagrados como obligatorios en la nueva normativa ambiental.

El viejo concepto de Participación Ciudadana Formal, que conforme a la Ley 19.300 consagraba  un periodo de 60 días hábiles para que las comunidades pudieran conocer los proyectos, desarrollar y emitir observaciones, está quedando en el pasado. Esto, porque la implementación de una PAC, trae importantes beneficios, tanto para las comunidades como para los titulares de los proyectos.

A las comunidades les permite informarse con antelación y por medio de los mismos ejecutivos de las empresas, sobre los proyectos, lo que propicia el mejoramiento de los mismos permitiendo a las empresas y comunidades generar canales de diálogo permanente, instancias perfectas para entablar negociaciones y –de ese modo- equilibrar las expectativas de ambos actores.

Por otro lado, a las empresas, este tipo de procesos les permiten conocer las primeras percepciones y reacciones de las comunidades a sus proyectos, ofreciéndoles la posibilidad de contar con tiempo suficiente para mejorar los aspectos conflictivos, generar procesos de diálogo y discutir medidas de mitigación y compensación que los satisfagan a ambas partes.

En perspectiva, si bien esta tendencia es positiva, en nuestro país existe una deuda en materia de participación vinculada a nuestros pueblos indígenas. Ello está refrendado en el Informe de Observaciones sobre el cumplimiento del Convenio 169 en Chile, promulgado en febrero de 2012 por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios de la OIT. En dicho documento se indica que el Estado chileno debe presentar una nueva memoria anual que dé cuenta de la aplicación de dicha normativa, pues lo que está en debe es la ausencia de diálogo y participación con las comunidades indígenas respecto a su adaptación legal y aplicación.

Bajo este nuevo escenario, ¿qué desafíos nos impone este tema? De buenas a primeras nos indica que los procesos de participación y diálogo están caminando por buen camino pero todavía están en un estado embrionario, sobre todo en lo que respecta a las temáticas relacionadas con los pueblos indígenas, donde lo primero es apurar la adaptación de los cuerpos normativos al contexto que impone la OIT.  Y lo segundo dice relación con generar estados más avanzados de participación, lo que a nuestro juicio será inevitable en el mediano plazo gracias a la presión de los movimientos sociales, que generarán cambios en cuanto a que dichos procesos sean vinculantes.

Por el momento nos mantenemos expectantes.

*Antonio Rubio es Director de Proyectos en Fundación Casa de la Paz, donde está a cargo de proyectos de Relacionamiento Empresa – Comunidad, Participación Ciudadana Anticipada e investigación social vinculada con la industria minera, sanitaria y salmonícola.

Profesor del Diplomado de Gestión de Relaciones Comunitarias de la Universidad Central, en el Módulo Plan de Relaciones Comunitarias.

Colaborador del Proyecto Fondef "Construcción de una oferta de Métodos Formales de Relación con las Comunidades para la disminución del Riesgo de la Inversión Minera”, desarrollado por el Programa de Desarrollo Minero de la Universidad Central.

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