Los resultados de un nuevo proceso de fiscalización en trasparencia activa a las municipalidades del país fue dado a conocer por el Consejo para la Transparencia donde la Región de Antofagasta tuvo un 78,3% de cumplimiento en la Ley de Transparencia.

Si bien la cifra obtenida por la segunda región superó al promedio nacional, que arrojó un 76,9%, las municipalidades de cuatro comunas presentaron preocupantes cifras de cumplimiento. Ellas fueron Ollagüe con un 37,46% -se ubicó en el puesto 340 de un total de 345 municipalidades-; Taltal con un 50,13% -puesto 317; San Pedro de Atacama con un 50,75% -puesto 314 y María Elena con un 51,23% -puesto 313.

"En la práctica, el impacto que ello tiene es que los vecinos no pueden conocer antecedentes sobre concesiones, autorizaciones o permisos otorgados por la municipalidad ni tampoco revisar los llamados a concursos para futuros proyectos o programas comunales. Y, en cuanto a los mecanismos de participación, cuando dicha información no está disponible, las personas están impedidas de saber cómo involucrarse o cómo ser parte de las actividades de su comuna", explicó el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María.

Sin embargo, las municipalidades de las otras cinco comunas que conforman la región obtuvieron aceptables porcentajes de cumplimiento, superando ampliamente el promedio nacional. La municipalidad de Tocopilla se ubicó en el puesto 17 a nivel nacional con un 97,40%; Antofagasta obtuvo un 97,31% y se ubicó en el puesto 20; Sierra Gorda logró un 94,09% -puesto 54; y Mejillones tuvo un 90,25% -puesto 88.

"La transparencia en la gestión presupuestaria es fundamental no sólo por un tema de probidad y de obligación legal, sino también por el derecho que tienen los ciudadanos de poder controlar y saber en qué y cómo se gastan los recursos de su comuna. En los casos en que ello no se cumple, los vecinos no tienen cómo saber si se han ido cumpliendo los programas propuestos por sus alcaldes", agregó Santa María.

Cabe destacar que la fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia abarcó un periodo entre junio y agosto del presente año donde y consistió en revisar los sitios electrónicos de las municipalidades y verificar si cumplen con publicar de manera periódica y actualizada toda la información que especifica la Ley de Transparencia, tales como compras, presupuesto, auditorías, personal y sus remuneraciones, entre otros ítems.

Facebook: El Nortero
Twitter: @elnortero