Sergio Bitar propone 4 reformas para mejorar la educación superior

13 Enero 2013

¿Por qué no se ha modificado la LOCE? ésta, entre otras preguntas responde Sergio Bitar, en su columna publicada en el sitio del PPD.

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A través de una columna publicada en el sitio del PPD, el ex ministro de Educación, Sergio Bitar, se manifestó con 4 propuestas para mejorar la educación superior. El político, quien ha sido fuertemente cuestionado por el movimiento estudiantil, por su responsabilidad en la situación de la educación actual, reflexiona tras el colapso de la Universidad del Mar para realizar cambios profundos.

"Desde mi perspectiva, la causa fundamental es un sistema de educación superior de mercado, sin mecanismos de supervisión y regulación públicos", indica Bitar, señalando 4 cambios necesarios. Dejamos la columna de Sergio Bitar.

"Cuatro reformas a la educación superior" 

Primero, modificar la ley orgánica constitucional en lo relativo a la educación superior. Dicha ley orgánica (LOCE) fue promulgada el 9 de marzo de 1990, dos días antes del término de la dictadura. Y subsiste hasta hoy.

¿Por qué no se ha modificado? En 1992, el Presidente Aylwin envió una propuesta de reforma para reemplazar las disposiciones de la dictadura en materia de educación superior. La oposición de entonces no dio los votos. Por tratarse de una ley orgánica constitucional se requería de un quórum de 4/7 de los miembros de ambas cámaras del Congreso. Hasta 2006 hubo senadores designados y, aún sin ellos, jamás la oposición actual dispuso de los cuatro séptimos. 

Dicha ley orgánica constitucional fue recién modificada de modo relevante a partir de 2006, pero abarcó sólo la educación escolar. El gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó la creación de una superintendencia, una agencia de calidad, regulaciones a los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados, normas para prohibir la selección de alumnos y también cambios en la organización escolar, pasando a dos períodos de seis años cada uno, para la educación primaria y secundaria. 

Sin embargo, la normativa aplicable a la educación superior no fue tocada entonces. El artículo 53 de la LOCE aún persiste, estableciendo un procedimiento de licenciamiento que puede durar seis o más años, al cabo del cual la universidad que cumple los requisitos dispone de una autonomía total para crear carreras y otorgar títulos, no disponiendo el Estado de atribuciones para fiscalizar o sancionar las faltas que surjan después del otorgamiento de esa autonomía. 

Esa misma norma orgánica constitucional mantiene el carácter de instituciones con fines de lucro a los centros de formación técnica e institutos profesionales. Como ambos son parte del sistema universitario, y muchas universidades poseen tales institutos, se genera una diferencia injustificada, que además puede prestarse para la transferencia de utilidades de unas a otras, burlando la ley. Por tanto, en el proyecto que modifique la LOCE, el Gobierno debería proponer al Congreso la misma norma, sin fines de lucro, a todas las instituciones de educación superior.

Segundo, corregir la Ley de Acreditación, aprobada en 2006. Su despacho, que me correspondió tramitar, fue extremadamente difícil. La argumentación de los detractores era que el mercado regularía la calidad de las universidades, sin intromisión ni fiscalización del Estado. La oposición de entonces introdujo más de 600 indicaciones para impedir su aprobación. Tras tres años de tramitación legislativa se logró aprobar la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Ello significó un gran paso con respecto de la situación previa, carente de toda norma legal de aseguramiento de calidad, pero quedó una institucionalidad débil. 

En 2010, la CNA concedió la acreditación a la U. de la Mar, rechazada dos veces durante el gobierno anterior. Además, el ministro de Educación Joaquín Lavín no pidió al Presidente Piñera que designara al presidente de la CNA, como establecía la ley, dejando ese cargo vacante durante un año y en manos de los demás representantes corporativos. 

El sistema de supervisión y evaluación actual posee dos instrumentos: la autonomía, dada por el CNE, y la acreditación, otorgada por la CNA. Son distintos. El propósito de la segunda no es fiscalizar, sino instalar normas y procedimientos para promover una mejor calidad de la educación. Es necesario instalar una supervisión estatal luego de otorgada la autonomía y vincular los antecedentes recogidos por la CNA con la supervisión que debería ejercer la CNE. Así, si los antecedentes lo ameritasen, la CNE podría quitar la autonomía y volver la institución cuestionada a la fase de licenciamiento o a otra. 

Tercero, aprobar la nueva Superintendencia de Educación Superior, cuyo proyecto de ley se halla en el Congreso. Esta institución regularía y verificaría la transparencia en el uso de los recursos, asegurando que se respete el carácter de instituciones sin fines de lucro.

Una cuarta iniciativa es fortalecer a las universidades de Estado. Frente a la demanda por más matrículas de calidad, el Estado debería llevar a cabo un plan de expansión de la matrícula de sus universidades y otorgarles financiamiento para infraestructura, personal docente e investigación.

Por último, las nuevas normas deben establecer modalidades para la protección de los jóvenes que resulten víctimas del colapso de una universidad. Las medidas de relocalización y compensación no pueden quedar sólo al arbitrio del gobierno en ejercicio.
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