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Sergio Bitar propone 4 reformas para mejorar la educación superior
¿Por qué no se ha modificado la LOCE? ésta, entre otras preguntas responde Sergio Bitar, en su columna publicada en el sitio del PPD.
Chile y el Mundo >
authenticated user CorresponsalA través de una columna publicada en el sitio del PPD, el ex ministro de Educación, Sergio Bitar, se manifestó con 4 propuestas para mejorar la educación superior. El político, quien ha sido fuertemente cuestionado por el movimiento estudiantil, por su responsabilidad en la situación de la educación actual, reflexiona tras el colapso de la Universidad del Mar para realizar cambios profundos.
"Desde mi perspectiva, la causa fundamental es un sistema de educación superior de mercado, sin mecanismos de supervisión y regulación públicos", indica Bitar, señalando 4 cambios necesarios. Dejamos la columna de Sergio Bitar.
"Cuatro reformas a la educación superior"
Primero,
modificar la ley orgánica constitucional en lo relativo a la educación
superior. Dicha ley orgánica (LOCE) fue promulgada el 9 de marzo de
1990, dos días antes del término de la dictadura. Y subsiste hasta hoy.
¿Por
qué no se ha modificado? En 1992, el Presidente Aylwin envió una
propuesta de reforma para reemplazar las disposiciones de la dictadura
en materia de educación superior. La oposición de entonces no dio los
votos. Por tratarse de una ley orgánica constitucional se requería de un
quórum de 4/7 de los miembros de ambas cámaras del Congreso. Hasta 2006
hubo senadores designados y, aún sin ellos, jamás la oposición actual
dispuso de los cuatro séptimos.
Dicha ley orgánica
constitucional fue recién modificada de modo relevante a partir de 2006,
pero abarcó sólo la educación escolar. El gobierno de la Presidenta
Bachelet impulsó la creación de una superintendencia, una agencia de
calidad, regulaciones a los sostenedores de establecimientos
particulares subvencionados, normas para prohibir la selección de
alumnos y también cambios en la organización escolar, pasando a dos
períodos de seis años cada uno, para la educación primaria y
secundaria.
Sin embargo, la normativa aplicable a la educación
superior no fue tocada entonces. El artículo 53 de la LOCE aún persiste,
estableciendo un procedimiento de licenciamiento que puede durar seis o
más años, al cabo del cual la universidad que cumple los requisitos
dispone de una autonomía total para crear carreras y otorgar títulos, no
disponiendo el Estado de atribuciones para fiscalizar o sancionar las
faltas que surjan después del otorgamiento de esa autonomía.
Esa
misma norma orgánica constitucional mantiene el carácter de
instituciones con fines de lucro a los centros de formación técnica e
institutos profesionales. Como ambos son parte del sistema
universitario, y muchas universidades poseen tales institutos, se genera
una diferencia injustificada, que además puede prestarse para la
transferencia de utilidades de unas a otras, burlando la ley. Por tanto,
en el proyecto que modifique la LOCE, el Gobierno debería proponer al
Congreso la misma norma, sin fines de lucro, a todas las instituciones
de educación superior.
Segundo, corregir la Ley de Acreditación,
aprobada en 2006. Su despacho, que me correspondió tramitar, fue
extremadamente difícil. La argumentación de los detractores era que el
mercado regularía la calidad de las universidades, sin intromisión ni
fiscalización del Estado. La oposición de entonces introdujo más de 600
indicaciones para impedir su aprobación. Tras tres años de tramitación
legislativa se logró aprobar la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Ello significó un gran paso con respecto de la situación previa,
carente de toda norma legal de aseguramiento de calidad, pero quedó una
institucionalidad débil.
En 2010, la CNA concedió la
acreditación a la U. de la Mar, rechazada dos veces durante el gobierno
anterior. Además, el ministro de Educación Joaquín Lavín no pidió al
Presidente Piñera que designara al presidente de la CNA, como establecía
la ley, dejando ese cargo vacante durante un año y en manos de los
demás representantes corporativos.
El sistema de supervisión y
evaluación actual posee dos instrumentos: la autonomía, dada por el CNE,
y la acreditación, otorgada por la CNA. Son distintos. El propósito de
la segunda no es fiscalizar, sino instalar normas y procedimientos para
promover una mejor calidad de la educación. Es necesario instalar una
supervisión estatal luego de otorgada la autonomía y vincular los
antecedentes recogidos por la CNA con la supervisión que debería ejercer
la CNE. Así, si los antecedentes lo ameritasen, la CNE podría quitar la
autonomía y volver la institución cuestionada a la fase de
licenciamiento o a otra.
Tercero, aprobar la nueva
Superintendencia de Educación Superior, cuyo proyecto de ley se halla en
el Congreso. Esta institución regularía y verificaría la transparencia
en el uso de los recursos, asegurando que se respete el carácter de
instituciones sin fines de lucro.
Una cuarta iniciativa es
fortalecer a las universidades de Estado. Frente a la demanda por más
matrículas de calidad, el Estado debería llevar a cabo un plan de
expansión de la matrícula de sus universidades y otorgarles
financiamiento para infraestructura, personal docente e investigación.
Por
último, las nuevas normas deben establecer modalidades para la
protección de los jóvenes que resulten víctimas del colapso de una
universidad. Las medidas de relocalización y compensación no pueden
quedar sólo al arbitrio del gobierno en ejercicio.
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