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En septiembre pasado se cumplieron 30 años desde que la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1979, entrara en vigencia. Chile la ratificó en 1989, obligándose a cumplir lo que establece su articulado y lo que periódicamente le indica el Comité de Expertas a cargo de su cumplimiento, tras evaluar los informes que debe presentar.

La eliminación de la discriminación, entendida como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,  independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, cultural y civil o en cualquiera otra esfera" (art. 1), requiere la acción mancomunada del Estado. La legislación, que consagra el orden de la sociedad considera adecuado y justo, que establece los derechos de sus integrantes y entrega herramientas para la acción del Estado destinadas a materializar ese orden es clave para cumplir con el mandato de la CEDAW.

Sin duda, y ya lo hemos examinado al cumplirse 20 años de políticas públicas para la igualdad de hombre  y mujeres, los avances en nuestro país han sido significativos. Ello no hubiera sido posible sin las propuestas del Movimiento de Mujeres, de sus organizaciones y líderes, que cristalizaron en los años 80 en una agenda para avanzar en democracia e igualdad.  "Democracia en el País y en la Casa", rezaba la consigna en sus marchas multitudinarias. La iniciativa de los Gobiernos también fue fundamental, pero también del Parlamento, donde se han consagrado los nuevos derechos y la eliminación de numerosas discriminaciones basadas en el género. Las mociones de parlamentarias y parlamentarios y su concurso a la hora de elaborar y aprobar nuevas leyes han sido clave.      

Pero bien sabemos que la democracia chilena cojea, que su capacidad de representación es limitada y que hoy día vive un visible cuestionamiento desde la ciudadanía. La subrepresentación de las mujeres en el Parlamento es evidente, la que se agrega a los déficits o ausencia de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones, con un sistema electoral que privilegia a los sectores conservadores. El presidencialismo excesivo y el centralismo que le imprimió la Constitución impuesta en 1980 han dificultado, y a veces imposibilitado, contar con derechos y leyes que la ciudadanía espera, como se manifiesta en incontables encuestas de opinión año tras año.

La distancia entre la ciudadanía y el Parlamento -y entre el Parlamento y la ciudadanía- es causa y efecto de la institucionalidad vigente, con graves consecuencias. De hecho, al tiempo que frena la agenda por la igualdad de género, ha deteriorado el respaldo de las mujeres a la política y sus instituciones, como se aprecia en la 8° Encuesta Nacional de Corporación Humanas "Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011". Cerrar esta brecha es un desafío mayor que requiere reformas institucionales de fondo, como son una nueva Constitución elaborada con el concurso de mujeres de todos los sectores políticos y sociales, la reforma al sistema electoral binominal -incluyendo la representación equilibrada de mujeres y hombres-, la reforma de los partidos políticos, etc. La aprobación de la inscripción automática en los registros electorales -y su implementación para las próximas elecciones municipales- podría ser un anuncio de la voluntad de los actores políticos de abrirse plenamente a la ciudadanía.

Paralelamente, la experiencia reciente nos muestra que es posible avanzar a partir de la voluntad compartida de los actores involucrados, en este caso, las y los parlamentarios y las organizaciones de mujeres. El reconocimiento de las organizaciones y sus líderes, la invitación a las comisiones de trabajo de ambas Cámaras legislativas, la solicitud de asesoría técnica a expertas/os, por una parte, pero también la búsqueda de interlocución desde las organizaciones y movimientos, y la fiscalización y presión desde los medios de comunicación, en las redes sociales, en las antesalas y bancas del Parlamento son los caminos que han mostrado eficacia para el logro de nuevos derechos.