La Cámara de Diputados aprobó por 85 votos y despachó al Senado, a segundo trámite constitucional, una moción que regula los servicios públicos de telecomunicaciones de prepago a favor de los consumidores.

El texto legal modifica la Ley General de Telecomunicaciones, estableciendo que las concesionarias de servicio público telefónico, del mismo tipo, los permisionarios de servicios limitados de televisión y los proveedores de acceso a Internet, que provean servicios en modalidad de prepago, deberán informar a sus usuarios de los plazos dispuestos para la utilización de la carga inicial y posteriores recargas.

Se agrega que el suscriptor de prepago que no haya utilizado la totalidad del monto abonado dentro del plazo de vigencia de estos servicios, recuperará el saldo no utilizado por el sólo hecho de efectuar una nueva recarga dentro del plazo que cada concesionaria, permisionario y/o proveedor de acceso a Internet determine, el que no podrá ser inferior a 180 días corridos posteriores a la fecha de la última recarga, de manera que el nuevo saldo quedará conformado por el monto primitivo no utilizado más el monto abonado. Con cada recarga, el suscriptor deberá recibir automáticamente información de su nuevo saldo y su vigencia de uso actualizado.

El proyecto se originó en una moción de los diputados Ricardo Rincón (DC), Ramón Farías (PPD), Gustavo Hasbún (UDI), Juan Carlos Latorre (DC), Pablo Lorenzini (DC), Leopoldo Pérez (RN), Patricio Vallespín (DC), Mario Venegas (DC), Clemira Pacheco (PS) y Marcela Sabat (RN).

Los autores señalan que en la actualidad, se contratan determinados servicios abonando por adelantado una cierta cantidad de dinero al operador, mediante el sistema de prepago. Entre ellos, la telefonía local, la telefonía móvil, el servicio de voz sobre Internet, el servicio de acceso a Internet y el de televisión de prepago.

Sin embargo, los plazos de comunicación que entregan las empresas desde la activación de las tarjetas son variables y determinados unilateralmente por la compañía, de acuerdo a sus estrategias comerciales. Se trata de contratos de adhesión, con cláusulas que establecen que una vez vencido el plazo, los minutos caducan. Sin embargo, en materia de vigencia se han verificado numerosos reclamos por parte de los usuarios, por lo que se hace necesario garantizar a estos últimos un mercado en que puedan acceder a información transparente y con condiciones de contratación claras.