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El 11 de marzo Michelle Bachelet asumió por segunda vez el gobierno de Chile. Para su mandato, que dura hasta2018, la ex Directora Ejecutiva de ONU Mujeres se comprometió a llevar adelante tres iniciativas clave: una nueva Constitución Política, una reforma tributaria sustantiva y una reforma del sistema educativo. Las expectativas son tan altas como las dificultades que afrontará si no cumple estos compromisos.

En el movimiento feminista se espera que el tránsito de Bachelet por ONU Mujeres constituya una garantía del abordaje de las severas disparidades de género que persisten en el país, tanto en la vida cotidiana como en el sistema político. Tales disparidades han sido abordadas en diversos informes nacionales e internacionales, entre ellos la versión 2013 del Global Gender Gap Report. El informe, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF),situó a Chile en el lugar 91 en el ranking de igualdad de género, 4 puestos más abajo que el año anterior, cuando había registrado un estrepitoso descenso del puesto 46 al 87, entre 136 economías que representan más del 93% de la población mundial. Este retroceso contrasta con lo observado en América Latina y El Caribe, donde el año pasado, según el mismo informe, la brecha de género había llegado a reducirse en un 70%.

América Latina en general registra importantes avances en materia de derechos sexuales, respeto a la orientación sexual y la identidad de género. Diversos países de la región han avanzado en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, la identidad de género y la despenalización del aborto. Chile, no obstante, continúa a la saga en estas materias. La despenalización del aborto continúa siendo uno de los grandes pendientes de la democracia y un ejemplo del atraso del país en el concierto latinoamericano. El año pasado, el caso de Belén, una niña de 11 años embarazada por las reiteradas violaciones de su padrastro, instaló el debate en los medios masivos. En julio de 2013 tuvo lugar la primera marcha nacional por la autonomía de las mujeres para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. No obstante, no ha avanzado una ley de enfrentamiento a la violencia contra las mujeres.

No basta con que la Presidenta se declare abiertamente feminista para que un estado renuncie a su lógica patriarcal. Las inquietudes y expectativas pasan por cuánto se logrará avanzar en igualdad y si la Presidenta cumplirá sus compromisos de campaña. Teresa Valdés, coordinadora del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2020, y Coordinadora delObservatorio de Género y Equidad, reflexiona sobre las expectativas y el futuro segundo gobierno de una mujer como jefa de Estado en Chile.

El primer gobierno de Bachelet instituyó una agenda que pretendía transversalizar medidas sistémicas de equidad de género en todo el estado. ¿Cuáles fueron los alcances concretos de esa agenda?¿Qué pasó con ella durante el gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera?

La gracia y eficacia de la Agenda fue el avance en la institucionalidad para la transversalidad de género en las políticas. En cada ministerio hubo una encargada del seguimiento de los compromisos de género. Pese a que no se conocen resultados oficiales de esa iniciativa, fue un instrumento de trabajo importante para abrir y fortalecer el Comité de Ministros para la igualdad de oportunidades.

Al finalizar el primer gobierno de Bachelet se elaboró un nuevo Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2020; pero cuando llegó la nueva ministra del Servicio Nacional de la Mujer-Sernam, lo recortaron y podaron con todas las cosas que no les parecía. Suprimieron el principio de igualdad y no discriminación y desapareció el principio de autonomía. El Plan de Igualdad inicial se transformó en una especie de marco orientador con otras prioridades, donde se mantuvieron sólo algunos ejes.

Lo más significativo de lo que pasó con el gobierno de Piñera es la pérdida de una visión estratégica para visibilizar la igualdad, la no discriminación y la autonomía de las mujeres. Eso es lo más evidente del retroceso de su mandato. Al no contar con una visión estratégica, el gobierno de Piñera tiene sólo una sumatoria de acciones y de algunas políticas que se mantienen. En apariencia, esta amalgama apunta a otra visión y modelo de mujer, que puede parecer progresista respecto a cuestiones como la incorporación al mercado de trabajo, pero en el fondo lo que importa es que esa mujer sea madre. Es lo que la CEPAL llamó "maternalismo social", que toma a las mujeres como un instrumento no remunerado de las políticas públicas en su condición de madres y las utiliza para hacer llegar las políticas del Estado a las familias.

Lo otro que ha sucedido en este gobierno es la privatización de problemáticas como la violencia y el embarazo adolescente, en el sentido de transformarlas en temas privados. Ahí se pierde el sentido de las necesidades de las mujeres como un tema público. Es un ahorro importante para las políticas públicas y un costo gigante para las mujeres, se basa en el uso del tiempo y los roles de género, y limita aún más las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo.

El postnatal aparece como el gran aporte de Piñera a las mujeres...

Es importante aclarar que ese postnatal salió más decente gracias a la presión de los sectores más progresistas, porque inicialmente era una propuesta que buscaba mantener a las mujeres más tiempo en la casa. No tenía una visión estratégica de incorporar a los hombres. Es difícil incorporar los cambios en los roles de género con un postnatal no obligatorio para los hombres, o cuando la incorporación de los hombres a las tareas del hogar es mínima. Esta ley puso en evidencia lo que significa la maternidad, el trabajo y la familia para este gobierno, donde quien coordina todo es la mujer y no el hombre.

El Plan de Igualdad no tiene nada qué ver con lo que se pensó originalmente. Con esto queda claro que son necesarias políticas de estado, porque cuando se producen estos cambios de gobierno, si no hay una política estatal, las medidas ministeriales pasan a ser traducidas con nuevas claves que pueden ser perfectamente conservadoras. Sucedió en el caso de las mujeres. Es impresionante comparar lo que fue un programa que apuntaba a modificaciones estratégicas de relaciones de género y del lugar de la mujer en la sociedad, versus esta sumatoria de planes y políticas.

¿Qué cuestiones considera clave para restablecer la perspectiva de género en las políticas de Estado del segundo gobierno de Michelle Bachelet? Se habla de la Creación del Ministerio de la Mujer y la equidad de Género. ¿Qué significaría hacerlo?

Tengo una doble visión respecto de lo que debería ser lo estratégico en este segundo gobierno de Michelle Bachelet. Se habla de reinstalar la institucionalidad de las políticas de género y recuperar la senda de avances institucionales y simbólicos, que sufrieron estancamientos e incluso retrocesos en los últimos años. Esto supone un doble desafío: reposicionar la igualdad de género como tema relevante en las agendas y expectativas de la ciudadanía, y avanzar en modificaciones estructurales que permitan consolidarla.

En su programa, la creación del Ministerio de la Mujer, Equidad y Género está entre sus acciones para los primeros 100 días. Durante ese tiempo se enviará este proyecto de ley al Congreso. No se puede crear un ministerio si no pasa por el Parlamento, y ahí cabe preguntarse cuál va a ser el resultado del debate con relación a la creación y atribuciones del ministerio. Esto implica transformar el Sernam y darle rango de ministerio al más alto nivel, pero no ha sido del todo discutido.

Me parece que simbólicamente es muy importante, pero mucho más relevante es el debate y discusión sobre una nueva Constitución Política. Es ahí donde se debe instalar el debate sobre la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad. Ahí se van a establecer las grandes orientaciones políticas que van a permitir una verdadera transversalización de género. Necesitamos elaborar una nueva Constitución Política plenamente representativa y legítima, que se haga cargo de que Chile es una comunidad política formada por mujeres y hombres, y que incluya, por tanto, la norma paritaria a nivel de sus principios.

Claro que para el movimiento de mujeres es muy importante el ministerio de la Mujer, pero el riesgo de un eventual ministerio está en retroceder desde lo que ha sido el esfuerzo de transversalización de género y las políticas específicas para mujeres. Ahí hay una tensión que no sé cuándo ni cómo se va a discutir.

Se supone que en la Constitución actual existe el principio de la igualdad y la no discriminación por sexo, pero no es susceptible de recurso, y no se puede invocar cuando algún derecho es vulnerado. También está la ley de discriminación, pero es bastante deficiente. No está la figura del defensor del pueblo. En resumen, con la Constitución actual seguimos siendo subordinadas y la familia sigue siendo el núcleo básico de la sociedad y el mercado lo más importante con un Estado subsidiario. Las mujeres en este contexto somos las más afectadas.

¿Cree que impulsará este gobierno una ley de derechos sexuales y reproductivos que despenalice el aborto? ¿Es posible lograr un consenso sobre el tema, entre los movimientos feministas que demandan el derecho al aborto y la propuesta del gobierno que considera sólo los casos de riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación?

En 2000 fue presentado a la Cámara el proyecto "Ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos" y ante su nulo avance se reingresó el año 2008; pero fue nuevamente archivado en 2011. Aun cuando esta segunda iniciativa respondía a la promesa de campaña de la entonces Presidenta Bachelet, el proyecto no fue discutido. Hoy, en un segundo mandato de Bachelet, es claro que se va avanzar y lograr la despenalización del aborto por las tres causales expuestas. Obviamente habrá debate, tiras y aflojas. Pero veo más difícil lograr una despenalización general del aborto y que quede como una decisión de la mujer en virtud de su autonomía reproductiva. Habrá avances, es cierto, pero no tanto como quisiéramos.

En especial, el gran avance sería considerar que la mujer embarazada víctima de una violación tenga derecho a interrumpir el embarazo. A eso deberíamos aspirar en esta vuelta. Según la encuesta de Flacso de 2011, el 74% de las mujeres está de acuerdo con que se legalice el aborto en casos de riesgo de vida de la madre, 60% en caso de malformación grave del feto y 59% cuando el embarazo es producto de una violación.

Esta compresión ciudadana, en parte, se debe a los casos horrorosos que conocimos el año pasado de las niñas violadas por el padre o padrastro que han logrado generar una conciencia en la opinión pública de que eso no es aceptable. Quedó así claro que no hay ninguna capacidad de reaccionar sin una sociedad que en conjunto proteja contra la vulneración de estos derechos.

¿Cómo puede abordar este gobierno las altas expectativas del movimiento feminista en el campo de los Derechos Sexuales y Reproductivos?

Dichas expectativas suelen simbolizarse y concentrarse, en especial los derechos reproductivos, en la aprobación del derecho al aborto. La despenalización del aborto implicaría un cambio en el Código Sanitario y otro en el Código Penal, pero eso no necesariamente lleva adelante una ley de derechos sexuales y reproductivos. Ahora, desde el movimiento de mujeres seguirá habiendo una presión y demanda para avanzar más allá. Ese es el rol que le toca en su acción política: correr más allá los límites de lo posible.

En el tema de los derechos sexuales, aparece muy fuerte la diversidad sexual y en lo que respecta al movimiento de mujeres está la invisibilidad delas mujeres lesbianas, salvo la persecución de la que han sido víctimas en su deseo de adoptar hijos. ¿Qué pasa con los derechos reproductivos de las parejas de mujeres que quieren tener un hijo y conformar familias? Ahí hay un gran tema pendiente.

Es necesario plantear cuáles son las formas y estrategias respecto de lo que se gana y pierde en estos temas. Cuáles batallas vale la pena dar o no ante un conjunto de prioridades y necesidades. Efectivamente el tema del aborto parece fundamental.

Otra área de debate es la eliminación de la violencia de género. Hubo campañas del Servicio Nacional de la Mujer que fueron fuertemente cuestionadas, como la de "maricón es el que le pega a su mujer". ¿Cómo abordará esta realidad el segundo gobierno de Bachelet?

El derecho a una vida libre de violencia sigue siendo una realidad desconocida para muchas mujeres en Chile. Nuestra sociedad mantiene aún cimientos en una cultura machista, que tolera la agresión de las mujeres en razón de una pretendida superioridad del sexo masculino. El maltrato físico, psicológico, sexual y material por parte de parejas y ex parejas, el acoso laboral y sexual, la violencia sexual, la explotación sexual de niñas y la trata de mujeres con estos fines, son algunas de las manifestaciones de la violencia que las afecta. El femicidio es su expresión más extrema.

La violencia contra las mujeres constituye una grave violación a los derechos humanos y una forma de discriminación. Esta naturaleza particular –que la diferencia de aquella sufrida por otros individuos– justifica la creación de una normativa específica para protegerlas de la agresión que, en cualquier espacio, producen las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.

Desde 2001 a la fecha, según la Red Chilena contra la Violencia, ha habido más de 700 femicidios, y según el Sernam, sólo en 2012 fueron contabilizados 82 femicidios frustrados. La actual Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, que crea la figura del maltrato habitual, acota la regulación a las relaciones de familia y no reconoce explícitamente que la subordinación estructural de las mujeres está a la base del problema. Por ende, deja fuera la violencia ejercida por razones de género en otros espacios.

De hecho, la misma mirada sobre las campañas de prevención de este gobierno da una idea de dónde se sitúa el tema de la violencia. Acá es vista como un tema individual, personal, con hombres que tienen malas conductas, pero no es un tema de la sociedad en su conjunto, no es un tema de violencia de género.

Por primera vez habrá una ministra y una subsecretaria que vienen del movimiento de mujeres, y tienen una posición clara respecto del aborto y la violencia. En particular, la subsecretaria ha sido tremendamente crítica de las políticas realizadas hasta ahora, por lo que hay muchas expectativas en lo que ellas puedan llegar a hacer. Se habla de cambios legales hasta la elaboración de un nuevo Plan Nacional contra la violencia que asigne muchos recursos hacia la prevención.

En relación con la democracia paritaria y la autonomía económica de las mujeres, ¿Cuáles son los pasos a seguir para promover la equidad de género?

Es imposible tener una democracia paritaria en serio si no está consignada y establecida en esos mismos términos en la Constitución Política. El avance en la representación equilibrada está amarrado a las demás reformas políticas como lo es el fin del sistema binominal, cambiar la ley electoral, la de los partidos políticos, la ley de financiamiento de la política, la ley de municipios. Son tantas las leyes que hay que modificar para efectivamente contar con democracia paritaria, que todo se concentra en impulsar una nueva Constitución.

Lo que más afecta a las mujeres en relación con su autonomía económica es la maternidad y las tareas de la economía del cuidado. Es muy difícil avanzar en igualdad salarial e igualdad de condiciones en la autonomía económica sin reformas laborales que cautelen la conciliación, el cuidado infantil y el postnatal, entre los aspectos más relevantes.

Lo que hizo el gobierno de Piñera y vamos a estar hablando mucho de eso, es cómo incorporar más y más mujeres al mercado del trabajo. Es aquí donde la inclusión de mujeres en el mercado del trabajo aparece como un gran logro del gobierno saliente, y cuando lo ves, lo que hay es la profundización de un modelo de mercado que sólo ha provocado la precarización laboral de las mujeres. Los derechos de las personas, las capacidades de negociación, incluso los derechos más básicos se pierden porque todo queda en manos privadas. Eso es muy fuerte. En su mayoría, las mujeres son subcontratadas, tienen condiciones de poca negociación colectiva, contratos de trabajo por días, tiempos y horas, ganamos menos y estamos en condiciones de desigualdad.

En el programa de Michelle Bachelet hay un plan para abordar la economía de cuidado. Basta con mirar a los países europeos, cuya población envejece y hace mucho tiempo cuentan con este tipo de políticas donde hacerse cargo de los adultos mayores, por ejemplo, pasa a ser un tema social y no familiar. Ahora, no sé cuánto se pueda avanzar en esta materia.

En el área de la educación hay un tema pendiente. ¿Cuál será el punto de partida de una educación democrática para la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos?

En educación, el tema principal es una reforma estructural para alcanzar una educación pública, gratuita y de calidad, por lo que representa una gran interrogante saber qué espacio pueda tener el punto de vista de género en este contexto. Lo único que hemos podido hacer visible es que los resultados son de tal nivel de desigualdad que debe haber preocupación por ellos. Las chilenas representan hoy cerca del 50% de la matrícula escolar y universitaria. Así también, se inscriben y rinden la prueba especial universitaria (PSU) en mayor medida que los varones con cerca de un 53,5%, y tienen altas expectativas de continuar estudios superiores. Sin embargo, el sistema educativo produce alta segregación por sexo; las matrículas en las carreras de la educación superior indican que las mujeres siguen inclinándose por ciencias sociales y educación con un 68% y 70% de la matrícula de primer año 2013, respectivamente; pero en ingeniería civil mecánica alcanzan apenas al 7,6%. Los hombres, en tanto optan por ciencias y tecnología un 52,1%, y 75,4% respectivamente.

Eso no significa que las mujeres no sean igual de inteligentes. Hay un sistema completo que está dejando en desventaja a las mujeres en cuanto a su capacidad de aprender, en cuanto a su capacidad de proponerse proyectos de vida de forma autónoma. Con ese indicador hemos podido señalar que aquí hay que tomar el tema más en serio.

La educación sexual es obligatoria en la enseñanza media en Chile desde enero de 2010. El próximo gobierno está llamado a ampliarla a todos los niveles: desde la educación pre-básica hasta el término de la enseñanza media. Debe constituir una actividad de aula –como las matemáticas–, y tener una inserción curricular asegurada, organizada localmente con formatos definidos en el marco de un modelo curricular común.

Por lo tanto, las medidas para el primer año de este gobierno serán desarrollar una estrategia destinada a incorporar o fortalecer la educación sexual en los procesos formativos de futuros docentes y en los programas educativos, de modo de resolver los déficits ampliamente reconocidos de formación de estudiantes y de equipos académicos en este campo.

Los contenidos curriculares, los materiales pedagógicos y textos escolares suelen reforzar los estereotipos de género, profundizados por el "curriculum oculto" como ha afirmado la Unicef, e invisibilizan el aporte de las mujeres al desarrollo del país, como personajes de la historia y de la ciencia. En este sentido, se debe reafirmar el compromiso de mejorar la calidad de la educación, enfrentando el sexismo, desarrollando la educación en derechos humanos con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres, como contenido obligatorio de todo el proceso educativo, los textos escolares, programas de formación, perfeccionamiento y evaluación docente.

Pero es un hecho que sin la movilización y demanda de los movimientos sociales y sin la presión de actores relevantes, se pierde la prioridad y estos aspectos pueden diluirse en medio de la magnitud de la tarea.

En relación con la diversidad sexual, ¿existe alguna propuesta en particular?

Hay voluntad política de hacer algo y está el compromiso de organizaciones que han trabajado el tema. Este gobierno intentó aprobar el AVP (Acuerdo de Vida en Pareja) en este período y el apuro era, en cierta medida, para bloquear el avance hacia el matrimonio igualitario. Creo que se va avanzar bastante en este debate, porque el contexto cultural internacional va en esa línea.

Ahora, no se puede comparar con el compromiso del gobierno de Bachelet hacia la despenalización del aborto. Es un compromiso que está en el programa con letras del molde. No así el matrimonio igualitario.