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Confieso que hacía tiempo que no me sentía optimista ante la posibilidad del Estado de resolver con éxito los complejos dilemas que imponen los tiempos actuales. Sin embargo, la“Agenda de Energía: un Desafío País, Progreso para Todos” me ha permitido gustosamente cambiar de opinión. No sólo porque el texto recién presentado por la Presidenta Bachelet y el Ministro Pacheco es el resultado de haber escuchado a los más diversos actores sociales -municipios, académicos nacionales y del exterior, ONGs, empresarios- sino porque el diálogo y la construcción de consensos constituyen una herramienta de gestión para su materialización.

Los procesos participativos impulsados hasta ahora tanto por el sector público como por el privado, son asumidos por los afectados como un esfuerzo tendiente a validar socialmente decisiones ya prácticamente cerradas. Aparecen como un ejercicio manipulativo, que resaltan los aspectos positivos de las iniciativas y deliberadamente ocultan sus riesgos. Por ello, la comunidad no percibe que exista una disposición sincera a descubrir en conjunto una fórmula que satisfaga razonablemente los intereses de todos los involucrados. Ello implicaría que, por un momento, cada actor suspenda sus certezas y se abra a la reflexión conjunta, escuchando sin resistencia a quienes sostienen visiones diferentes, explorando juntos las causas profundas que las sustentan, posibilitando así la co-creación de insospechadas soluciones.

Por ello, disfruté con la abundancia de términos en el documento tales como “debate abierto e informado”, “diálogo”, “validación social”, “negociaciones globales intersectoriales”, “criterios de participación, inclusión social y trabajo de largo plazo”, “alineamiento con las comunidades receptoras”, “desarrollo de estándares participativos de desarrollo energético”, “promover el diálogo, la mediación de conflictos”, etc. etc.

Igualmente, me reconfortó descubrir que el involucramiento de las comunidades es considerado indispensable para la materialización de la agenda: en la generación distribuida de energía, el acceso transparente y expedito a la información, la participación informada en la identificación de posibles localizaciones de infraestructura, la preparación y recuperación ante emergencias, el uso responsable de la leña y las ERNC, el acondicionamiento térmico de las viviendas, entre otros.

También me pareció sumamente pertinente la invitación a los desarrolladores de proyectos energéticos a generar asociatividad local con los municipios y las comunidades de modo que “se sientan partícipes del progreso social y los beneficios asociados a estos proyectos”, y no meros pasivos receptores de externalidades, teniendo las acciones de fuerza como único mecanismo para mejorar su posición a la hora de negociar compensaciones. Coincido plenamente que “Chile necesita una normativa de Ordenamiento Territorial consistente, clara y legitimada por la ciudadanía…donde las actividades productivas puedan dinamizar las regiones y las personas puedan vivir y surgir… constituyendo así una oportunidad para una apropiación realmente democrática del territorio y para resolver conflictos de interés respecto a usos potenciales de éste”.

La ruta está trazada. Felicitaciones a los impulsores de la Agenda de Energía y ahora a trabajar todos juntos en su materialización, comenzando por la co-construcción de un proceso participativo, transparente e inclusivo, que asegure que todas las visiones se sigan sintiendo representadas.

Tal como dice su título, nadie puede marginarse porque es un “desafíos país, progreso de todos”.