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Esta mañana se conoció el informe de Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales. El documento, dividido en doce capítulos, critica fuertemente el panorama laboral del país, al que cataloga de desolador.

En la materia, los investigadores recomiendan promover una reforma global del Código del Trabajo y, en especial, las normas referidas al derecho a huelga, declarando que el Estado ha sido incapaz de cumplir con esta demanda. Los expertos plantean la necesidad de tener como eje la libertad sindical en tanto derecho fundamental vital en toda democracia.

Karla Varas y César Toledo, autores del capítulo “La huelga, un derecho fundamental” cuestionaron que el Gobierno sólo logró acotar los tiempos del reemplazo de los trabajadores en las huelgas, pero no impedir que esto ocurra.

El abogado y académico César Toledo, precisó que la vulneración de derechos laborales se mantiene debido a que la ley no protege a los trabajadores.

“Hay precariedades que están en la ley, pero, a partir de lo que revela el Informe, se acrecientan con la aplicación práctica que hacen los operadores del sistema. En este punto tienen responsabilidad los jueces por la sencilla razón que el costo beneficio para pasar a llevar el derecho de huelga es mucho más favorable, es ventajoso para el empleador, porque no se apercibe con multas millonarias por retirar a los rompehuelgas, porque cuando la inspección  ha presentado denuncias de prácticas antisindical para retirar a los rompehuelgas lo ha hecho extemporáneamente”.

Otras de las críticas son dirigidas a la figura de la Defensoría Laboral. A juicio de los expertos, esta entidad, creada con el fin de defender a los trabajadores en disputas con las empresas, no ha podido lograr sus objetivos. La falta de recursos y de capacidad técnica impide concretar la labor, explicó Toledo en Radio Universidad de Chile.

“En teoría pone un obstáculo porque si se ingresa a la página del ministerio de Justicia dice que sólo atiende a sindicatos que tengan hasta 25 socios, o sea un sindicato enanito, que no hace ni ruido, y tampoco atiende a sindicatos que tengan una cuota de más de cinco mil pesos” afirmó y añadió que “en lo concreto es que la Defensoría desde su creación, y ya van cerca de siete años, no ha tomado un solo caso en defensa de los sindicatos en estas materias, y eso es grave”.

Como recomendación a la mejora del servicio entregado por la Defensoría, los profesionales piden modificar los actuales criterios de focalización, “ de modo que no quede lugar a dudas que deben obligatoriamente entregar asesoría y orientación y asumir la representación de sindicatos que no cuenten con asesoría particular, lo que incluye la presentación de denuncias por prácticas antisindicales en las que se exija no solo la tutela inhibitoria y reparatoria, sino indemnizatoria”.

En un capítulo aparte, también se investigó sobre las violaciones de los derechos humanos de las trabajadoras de casa particular. Específicamente en este caso, los expertos piden garantizar la igualdad de sus derechos laborales en igualdad de condiciones del resto de los trabajadores; diseñar un sistema que permita que la Inspección del Trabajo fiscalice las condiciones de trabajo en las que se desempeñan; Además piden eliminar la figura del desahucio o incrementar el monto de indemnización de todo evento que, mes a mes, debe depositar el empleador.

Situación carcelaria

Otra de las situaciones que aborda el Informe es la situación carcelaria en el país. La abogada del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Olga Espinoza, investigadora del capítulo referido al sistema penitenciario, denunció problemas de maltrato, violencia y la práctica de la tortura contra la población penal. Asimismo, criticó el trabajo de la defensoría penal en la materia.

“Chile es uno de los pocos países en donde las cárceles no son supervisadas por ningún ente externo, el Poder Judicial hace visitas semestrales a las cárceles, pero las personas privadas de libertad están en el más absoluto desamparo, ellos no tienen ninguna otra instancia formal a la cual remitir una denuncia que les permita tener garantía de que va a ser investigada con todas las condiciones de imparcialidad, que es lo que correspondería si es que tuviéramos un juez de ejecución penal”, figura recomendada por los expertos.

Además, recomiendan aumentar la inversión en mejorar la formación del personal que trabaja en el sistema, incorporando el enfoque de derechos humanos en su preparación. También piden la posibilidad que esta formación se oriente hacia el desarrollo de perfiles de carrera diferenciados y oportunidades permanentes para el personal.

Otro de los puntos perentorios para el avance del cuestionado sistema sería contar con una política penitenciaria integral, cambios que se deben realizar para cumplir con los desafíos de reinserción social y que, para ello, requieren de acuerdos políticos institucionales.

Alimentación: Transgénicos y Obtentores Vegetales en la mira de los Derechos Humanos

Una de las investigaciones inéditas fue el capítulo destinado a los alimentos transgénicos y la ley de Obtentores Vegetales. En el apartado, los autores recomiendan ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y hacer un cruce con el derecho de los pueblos a producir sus semillas originarias.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Judith Schönsteiner señaló que una ley sobre biodiversidad no puede dejar de lado los derechos  de los pequeños agricultores y pueblos indígenas quienes deben ser consultados en ese proceso de elaborar las normativas respectivas.

Respecto de la dictación de una Ley de Bases de Bioseguridad, los expertos recomiendan su pronta tramitación, que resguarde adecuadamente el medio ambiente y la salud humana.

Otra de las materias investigadas tiene que ver con un estudio sobre la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia; la violación a los derechos humanos durante la dictadura que aborda los temas de verdad, justicia, memoria y reparación; la realidad migratoria y la ausencia de derechos para refugiados además de la discusión sobre los derechos homoparentales .

El informe, que resume 12 tópicos, releva aquellos aspectos de la sociedad que se considera como vulneraciones graves y entrega una serie de recomendaciones al Estado que apuntan, principalmente, a modificar las leyes