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Desde la primera versión en tierras sudamericanas, el 2009, un importante número de organizaciones y personas hemos rechazado la realización del rally Dakar en nuestro país, que ya entonces dejaba tras de sí un historial de terror en tierras africanas, las que abandonaba –paradojalmente- obligado por Al-Qaeda.

Las evidencias de la destrucción del patrimonio natural y arqueológico no han podido con la fuerte campaña publicitaria y el respaldo político y económico de los gobiernos de Chile y de los países vecinos que comparten la mala fortuna de acoger a esta barbarie moderna.

Hasta 2013, el Colegio de arqueólogos denunciaba la destrucción de al menos 210 sitios arqueológicos por parte del Dakar en suelo chileno, y en 2014, el Consejo de Monumentos Nacionales ejemplificaba el abandono de parte del Estado señalando que “el gobierno de Chile entrega dos mil millones de pesos al Dakar, que es la misma suma que entrega al Consejo, pese a que el Dakar ha destruido el patrimonio arqueológico de una zona del país”.

                                                         Los muertos del Dakar

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Más allá del daño patrimonial irreversible, resulta increíble que nuestros gobiernos acepten y, aun más, promuevan una actividad (no puede llamarse deporte) que deja, año tras año, un saldo doloroso de pérdida de vidas humanas.

Ya es inaceptable que se muestre como “natural” o “esperable” la muerte de pilotos de los distintos tipos de vehículos que participan, los que se asume –al igual que el personal técnico- corren bajo su propia “responsabilidad” el riesgo de accidentarse e incluso morir durante la prueba.

Pero lo inaudito, inmoral, irresponsable y cruel es permitir y subsidiar un evento en el que, casi sin excepción, mueren personas que no participan en el mismo y que, en muchos casos, ni siquiera son espectadores, y fallecen producto de accidentes de vehículos durante la carrera o en tránsito.

Las estadísticas son trágicas y elocuentes (tabla adjunta): desde la llegada del Dakar a Sudamérica (6 años), el promedio de personas muertas por año se ha elevado de 1,8 (53/29) en África a 2,7 (16/6). Y la peor parte la llevan las personas muertas que no participaban en la prueba, que pasaron de un 58% de los fallecidos en África a un 68% en nuestro territorio.

16 personas han muerto por el DAKAR en su paso por Chile, Argentina, Perú y Bolivia, y 11 de ellas no tenían participación ni responsabilidad en la prueba. ¿Cuánto valen esas vidas? ¿Cuál es la rentabilidad económica del negocio que incluye esas muertes? ¿Son estas dos maneras de formular una misma pregunta?

¿Hasta cuándo permitiremos, como sociedad, que la brutalidad y el poder económico, disfrazados de deporte, arrasen con el patrimonio cultural y natural de nuestros pueblos, con la frágil biodiversidad y riqueza arqueológica del desierto, y con las vidas de mujeres, niñas, niños y hombres que no tienen nada qué ver ni con esta práctica criminal ni con el negocio que la justifica?

                                         Muertes provocadas por el Rally DAKAR

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Fuente: elaboración propia a partir de artículos de prensa y sitios internet