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Un año cumplió la entrada en vigencia de la nueva Ley de Quiebras y la Coordinadora Regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, Claudia Gaona, en conjunto a la Seremi de Economía, Gabriela Gómez, dieron a conocer el balance de los primeros doce meses.

Hasta la fecha, 1146 personas se han acercado a la superintendencia a solicitar información sobre los nuevos procedimientos. La información solicitada es principalmente sobre los nuevos Procedimientos Concursales de personas Deudoras, alcanzando un  89%.

Respecto a los procedimientos de renegociación -en los que la Superintendencia actúa como facilitadora de acuerdos entre el deudor y sus acreedores-, se han presentado 99 solicitudes de inicio. De éstas, 24 han sido declaradas admisibles.

En relación a los procedimientos judiciales, se encuentran vigentes 11 procedimientos, correspondiendo 1 a reorganizaciones de Empresas Deudoras, 2 a liquidaciones de Empresas Deudoras y 8 liquidaciones de bienes de Personas Deudoras. Las 2 empresas que optan por la liquidación corresponden al  rubro económico de “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” y “Servicios sociales y salud.

Por otra parte, se han celebrado 20 audiencias, en las que han participado deudores y acreedores avalados por la superintendencia. De éstas, se ha llegado a acuerdo en un 95%.

En relación a las cifras, la coordinadora regional, Claudia Gaona, señaló que estas  demuestran que las personas prefieren hacer frente a sus deudas que liquidar sus bienes y perderlos. “Nuestra superintendencia ofrece el Procedimiento de Renegociación para que la persona tenga una instancia para renegociar con sus acreedores, en atención a su real capacidad de pago, y establecer nuevas condiciones que les permitan cumplir con sus obligaciones. Esto beneficia tanto a los deudores como a los acreedores, porque un deudor que responde ante sus deudas antes de buscar la liquidación de sus bienes, es reconocido por el mercado y le permite continuar en él como sujeto de crédito responsable”

Asimismo, Gabriela Gómez, Seremi de Economía, destacó que en este primer año en vigencia “esta ley constituye una herramienta real para todas aquellas personas que alguna vez deban enfrentar una crisis financiera, además  pone foco en salvar empresas viables, este es un procedimiento voluntario, administrativo y gratuito, que permite resolver la  situación de sobreendeudamiento, sobre la base de acuerdos con sus acreedores, actuando la Superintendencia como facilitadores”.