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Durante esta semana la Cámara de Diputados respaldó por unanimidad el informe final de la Comisión Investigadora la que incluyó responsabilidades, propuestas y recomendaciones sobre la contaminación en Antofagasta.

La investigación tenía como objetivo revisar todos los actos de Gobierno vinculados a la inactividad en la protección de la salud y el medioambiente en la comuna.

El informe, aprobado en la Sala por 72 votos a favor, plantea, entre otras, las siguientes consideraciones:

1. Transporte de Carga

El informe consigna que si bien el concentrado de mineral no corresponde a una sustancia peligrosa en los términos definidos en las normas nacionales, una exposición constante en el mediano y largo plazo pueden causar daños irreparables a la salud de las personas.

Por ello, se acuerda solicitar a la Presidenta de la República que otorgue urgencia a los dos proyectos parlamentarios relacionados con el transporte, acopio, carga y descarga de los concentrados de mineral, cuyo norte es prohibir el transporte de dichos concentrados por las zonas urbanas. 

2. Protección de la salud 

Se considera indispensable que se cuente con mecanismos legales que permitan deslindar responsabilidades administrativas y civiles para que quienes resulten afectados por la contaminación sean debidamente reparados.

Por ello se plantea solicitar también a la Primera Mandataria que presente a tramitación un programa equivalente a la ley de polimetales de Arica para el país y dar urgencia al proyecto que modifica la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, para fortalecer la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental. 

3. Protección del medio ambiente

El informe concluye que la Administración del Estado ha actuado de manera deficiente en la protección del medio ambiente así como en su reparación. 

En ese marco, se plantean como propuestas considerar como un requisito para obtener el permiso de edificación el acompañamiento de la respectiva resolución de calificación ambiental, que el Ministerio de Medio Ambiente dicte una norma nacional de suelos; y que se gestione la creación del Defensor Público del Medio Ambiente.

También que dicho Ministerio genere un programa de remediación intensivo en las zonas de la región de Antofagasta en que existan antecedentes de contaminación.

4. Sistema de Evaluación Ambiental 
Se concluye que es una prioridad legislativa una reforma intensiva al sistema de evaluación ambiental. En esa línea se propone limitar la duración de las resoluciones de calificación ambiental, para que las exigencias a los proyectos puedan ir actualizándose con el tiempo. 

Además, estudiar una reforma a las causales en que se requiere realizar un estudio de impacto ambiental para evitar el fraccionamiento, por mera voluntad de los proponentes y fijar un mecanismo para que los proyectos exentos de someterse al sistema, por ser anteriores a la ley de Bases del Medio Ambiente, se incorporen y cuenten con una resolución de calificación ambiental y puedan ser fiscalizados por la Superintendencia de Medio Ambiente.

5. Institucionalidad ambiental

El informe concluye que, junto con una débil normativa ambiental, la institucionalidad es frágil toda vez que descansa demasiado en los antecedentes que aportan los proponentes de proyectos y no posee un carácter de contraparte técnica fuerte en el proceso. Existe, además, carencia de personal para fiscalizar los proyectos en Antofagasta, situación que se repite a lo largo del país. 

Por ello, se estima urgente la instalación de los Tribunales Ambientales en la comuna de Antofagasta y que el Ministerio de Hacienda incremente los recursos destinados a fiscalización.

Para un buen funcionamiento intersectorial, se propone crear una Mesa de trabajo obligatorio, donde estén involucrados transversalmente, tanto Ministerios -Salud, Transporte, Medio Ambiente- y sus respectivas secretarías regionales ministeriales.

6. Detección de enfermedades
Se recuerda que el problema de la contaminación en Antofagasta fue detectado por la intervención de actores de la sociedad civil, que deja en evidencia las falencias que existen en materia de prospección y detección de enfermedades. Así, se concluye que el Estado no tiene agencias especializadas y que, por tanto, su establecimiento debe ser prioritario. 

Durante la investigación se constató que el Instituto de Salud Pública cumplió un rol fundamental en la certificación de calidad de las muestras tomadas a los menores presuntamente afectados. De tal manera, se solicita al Ministerio de Salud que disponga las medidas necesarias para otorgar facultades al ISP para acreditar, certificar o reconocer a los laboratorios que trabajan en el área de toxicología y salud ocupacional y que sea obligatorio que los laboratorios que realizan mediciones de metales pesados se incorporen a programas de evaluación externa de calidad. 

También se solicita instalar un centro oncológico en la comuna de Antofagasta y establecer en esta región un piloto de Plan Auge Regional. 

7. Vertedero La Chimba

Se plantea una recomendación a la autoridad municipal para que en un breve plazo se de cumplimiento a la normativa ambiental y sanitaria, cerrando el vertedero La Chimba e iniciando la apertura de uno en los tiempos y formas legales. 

8. Puerto de Antofagasta

Como el Puerto de Antofagasta, dada su antigüedad, es de aquellos proyectos exentos de contar con una resolución de calificación ambiental, se plantea solicitar a la empresa portuaria que someta al Sistema de Evaluación Ambiental sus instalaciones.

Y, aunque se reconoce que la competencia de esta investigación se circunscribe a los actos del gobierno, es necesario destacar que existe una responsabilidad de Antofagasta Terminal Internacional (ATI) en materia de descarga y acopio de sus graneles minerales, así como de la empresa Antofagasta Terminal Internacional, concesionaria de la Empresa Portuaria de Antofagasta, así como de esta última, con la comunidad aledaña al puerto, en razón de la contaminación generada por la dispersión aérea de concentrados minerales, especialmente de concentrados de cobre.

Por ello, se hace un enérgico llamado a dichas empresas a que empleen continentes totalmente herméticos para evitar la fuga de los concentrados durante su transporte, medida que facilitará también la gestión ambiental del puerto.

Responsabilidades del Estado

El informe final, que fue presentado y aprobado por la Sala de la Cámara, señala que el Estado incurrió en infracciones constitucionales, porque sus organismos no actuaron acorde a los principios de protección de la población, el derecho de todas las personas de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la no afectación de sus derechos.

Asimismo, para configurar la responsabilidad por falta de servicio, se constata que respecto a la protección de la salud de las personas existen competencias segmentadas, dispersas e inorgánicas. 

Se indica que, pese a que el Ministerio de Salud tomó cartas en el monitoreo y contención de los presuntos contaminados, no existe una voluntad político administrativa seria y real en orden a hacerse cargo de la situación.

Se concluye, adicionalmente, que existe una insuficiente fiscalización y supervigilancia de los proyectos administrados por parte de los organismos con competencia en materia ambiental y de salud pública, y que se debe reprochar al Estado no mantener un seguimiento ni reparaciones efectivas para las personas contaminadas por arsénico y plomo en diferentes períodos estudiados a partir de los años 60 en la comuna de Antofagasta.

Por todo lo anterior, se concluye que existe una evidente falta de servicio histórica y actual en la región de Antofagasta y, especialmente en la comuna de Antofagasta, generándose, por tanto, una responsabilidad del Estado, por el sistemático abandono que ha hecho de las víctimas de las contaminaciones por arsénico y plomo, así como por la ausencia de medidas de mitigación ambiental y reparación a la salud de las personas.