El juez Baltasar Garzón, ordenó abrir varias fosas comunes, entre ellas una en la que se cree están los restos del poeta Federico García Lorca, quien fue asesinado al principio de la Guerra Civil, en los años 30.
En el auto de 68 páginas, el juez Baltasar Garzón expresa que los franquistas llevaron a cabo “detenciones ilegales permanentes”, que caen dentro del contexto de crímenes contra la humanidad. Se refiere a 114.000 personas que desaparecieron durante un período de 15 años, tras el estallido de la guerra en 1936.
El conflicto comenzó el 18 de julio con el levantamiento militar del general Francisco Franco en Marruecos y se extendió hasta el 1 de abril de 1939. Se calcula que medio millón de personas murieron durante la guerra civil.
Pero el auto emitido por Garzón no se circunscribe sólo a esos casi tres años de lucha fratricida, sino también el gobierno del “generalísimo”, en el que según el juez, los vencidos “fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados”.
El documento legal nombra a Franco y a 34 de sus más cercanos asesores como los instigadores de los presuntos crímenes. Solicita incluso que sus certificados de defunción sean presentados para probar que ya no pueden ser procesados.
El juez le pidió también al Ministerio del Interior español que provea los nombres de los dirigentes del Partido Falange, que apoyó a Franco, para establecer si son responsables de algún hecho reprobable.
El año pasado, las familias de personas que desaparecieron durante la Guerra Civil Española o durante el gobierno de Franco, le pidieron que les ayudara a encontrar los restos y a clarificar las circunstancias de la muerte de sus seres queridos.
El juez Garzón aduce que el delito de detención ilegal sin informar del paradero de la víctima es permanente y que los crímenes contra la humanidad no pueden amnistiarse en apoyo a su decisión de investigar la suerte de los desaparecidos de la Guerra Civil Española y el franquismo.
Garzón califica ese delito como “delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad”, lo que “salva los problemas de irretroactividad que pudieran aducirse”, explicó en el auto emitido.
Arguye que los crímenes de lesa humanidad no pueden anularse o amnistiarse, en contra de la opinión de la Fiscalía, que ha anunciado que recurrirá la decisión del juez.
“Ningún Gobierno u otro poder del Estado, especialmente el Judicial, pueden desconocer estos valores y principios que antes que estatales son humanos y que necesariamente se integran en el sistema del derecho interno, de ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie”, argumenta el juez Garzón.
La Fiscalía española estima por el contrario que estos delitos “han prescrito basándose en la ley de amnistía de 1977”, según fuentes judiciales. Asimismo considera que la Audiencia Nacional, de la que es el juez Garzón, “no es competente” para investigar esos hechos, que debería investigar la justicia local.
Según Garzón, aunque los crímenes contra la humanidad no se tipificaron hasta los principio de Nuremberg de 1950, la “doctrina Martens” contenida en las Convenciones de La Haya de 1899 sobre leyes de guerra ya los mencionaba
Los crímenes de lesa humanidad fueron incluidos en el Código Penal español en 2003, a través de una ley orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 23.4 establece que la justicia española es competente para investigar delitos de genocidio o contra la humanidad cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

Fuentes:
BBC
AFP
Foto:upload.wikimedia.org
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