Fabián Ossandón. Ingeniero Civil- Creador de Fundación Antofa Segura.

Tras una solicitud formal de nuestra fundación, mediante la Ley de Transparencia, finalmente, hace unos días, recibimos, desde la Municipalidad de Antofagasta, el tan esperado detalle del gasto de los más de 1.500 millones de pesos, que el gobierno le transfirió a la casa consistorial, en mayo de este año, en el marco de la emergencia por COVID-19. 

En este contexto, en un documento de no más de dos carillas, donde se estipula como responsable a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), se establece que los mencionados recursos económicos se ejecutarían en un programa especial para atender la contingencia, cuyas fechas de inicio y fin se estipulan para el 1 de junio y próximo 31 de agosto del 2020.

Dicho lo anterior, surgen varias dudas, respecto a la forma y fondo de lo que se informa, así como a identificar a quiénes realmente llegan o llegarían las ayudas, se habla, por ejemplo, de “Fomento Productivo, (X definir a través de concursos”, en el que se habla de 200 familias para la fase junio- septiembre, proyectando, en total, para ese ítem 20 millones de pesos. Aquí rápidamente nos preguntamos, ¿definir qué o cuáles serán los segmentos de la sociedad que se beneficiarán?En paralelo, se estipulan cajas de alimentos para 20 mil familias, con un gasto promedio de $35.700 pesos, proyectando en total más de 700 millones, ¿realmente cada canasta posee dicho valor? ¿De qué se componen? ¿Qué hace que posea la mencionada tarifa? ¿Dónde se está comprando o cuáles son las cotizaciones para ese ítem?. Nada de eso se explicó tampoco en el documento emanado desde la casa consistorial. 

De igual modo, se indican a otras 3 mil familias, con canastas de alimentos para agosto, con un valor promedio de $35.000, proyectando más de 100 millones. Esperamos que esto se concrete lo antes posible, ya que nuestra fundación, a la fecha, sigue recibiendo innumerables solicitudes y quejas de que, hasta el momento, pese a su situación económica compleja, no reciben algún tipo de beneficio desde el gobierno comunal. Lo anterior, son solo algunos de los ítems que se expusieron en el documento, pero a modo de resumen, queda la sensación de una improvisación de proporciones, frente a un escenario donde vecinos y vecinas, hoy, más que nunca, necesitan de un apoyo permanente y bien definido.

En este sentido, es importante recordar que la emergencia no comenzó ayer, ni hace un par de semanas, hablamos de ya casi 5 meses, donde uno esperaría, de parte de la autoridad, un trabajo más profesional, planificado, específico  y mejor proyectado, de manera de atender a diversas necesidades y no solo a las que provienen de los sectores más vulnerable, si no también, a aquellas que emanan de la clase media, un segmento que muchas veces resulta postergado a una serie de ayudas. Esperamos que con esta nueva inyección de recursos del gobierno, más de 1.800 millones de pesos, se accione en base a lo recién expuesto. 

Desde nuestro espacio, como ONG, creada al alero de la ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, lo hemos dicho y lo reiteramos, estamos siempre disponibles para contribuir de forma mancomunada por el bienestar de vecinos y vecinas, aunque siempre atentos a fiscalizar la gestión y administración de los recursos que pertenecen a todas y todos los chilenos.