Una denuncia ante la Fiscalía de Antofagasta por hechos que pueden revestir los caracteres de 'delito', presentó esta mañana la Seremi de Salud. Esto, luego que una de sus funcionarias fuera agredida física y verbalmente el fin de semana pasado durante una fiscalización realizada en el sector costero de la capital regional.

Según relata la presentación, el día 31 de octubre la funcionaria se encontraba fiscalizando playas de Antofagasta acompañada de un funcionario de la Armada en el contexto del “paso 2” por pandemia Covid-19 en el que se encontraba la comuna de Antofagasta, etapa en la que hay cuarentena y por tanto, está prohibida la circulación en las playas de la ciudad los sábados, domingos y festivos.

En la fiscalización la funcionaria agredida se dirigió hacia un grupo de personas que se encontraba instalada en la playa Balneario de Antofagasta: tres adultos y dos niños.

AUTORIZACIÓN PARA IR AL SUPERMERCADO

Al consultar si el grupo contaba con algún permiso para estar en la playa, las personas indicaron que tenían autorización para ir al supermercado. “En ese momento nuestra funcionaria les explicó que ese permiso no correspondía a las actividades que estaban realizando y que debería cursar un sumario sanitario, proceso durante el cual podrían hacer sus descargos”, detalló la seremi de Salud Rossana Díaz Corro.

La autoridad agregó que “una de las personas fiscalizadas -de sexo femenino- comenzó a increpar a nuestra funcionaria, la insultó en reiteradas oportunidades, la amenazó e incluso agredió, arrebatando y rompiendo violentamente su identificación, lo que le provocó lesiones menores en su cuello”.

Respecto de las acciones legales, Díaz fue tajante: “No vamos a tolerar este tipo de agresión a nuestros funcionarios, quienes llevan meses trabajando incansablemente para cuidar la salud de la población exponiendo la propia. Esta persona deberá responder ahora ante la Justicia por incumplir la normativa sanitaria y además por agredir a una funcionaria”, cerró.

La denunciada podría arriesgar penas de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) por amenazas no condicionales y multa de una a cuatro Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por lesiones leves.