Reforma Laboral: Gobierno cede a presiones e incluye “adecuaciones necesarias”

Reforma Laboral: Gobierno cede a presiones e incluye “adecuaciones necesarias”

04 Marzo 2016

Distintos sectores acusan al Ejecutivo de ceder ante las presiones de senadores de la bancada pro pyme y de empresarios. "Creo que los senadores socialistas debieran votar en contra de estas indicaciones", sostuvo el diputado del PS Osvaldo Andrade.

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Continúan las tensiones al interior de la Nueva Mayoría en el marco de la discusión de la Reforma Laboral. Las reacciones surgieron luego de que este miércoles el  Gobierno presentara cerca de 40 indicaciones que buscarían destrabar la iniciativa y aprobarla a más de un año del comienzo de su tramitación.

Pese a que se esperaba que durante el mes de enero la Reforma fuera despachada por el Senado, el desmarque de los senadores de la Democracia Cristiana, agrupados en la llamada bancada pro pyme, y el condicionamiento de los votos necesarios para la aprobación, llevaron a que el debate se pospusiera para marzo. Esto, como último intento de llegar a acuerdos antes de que fuera rechazada de plano y pasara a una comisión mixta.

Actualmente, hay tres puntos críticos que han impedido el avance de uno de los compromisos de campaña de Michelle Bachelet: el reemplazo en huelga,  la extensión de beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados y la negociación interempresas.

El diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, llamó a los senadores de su partido a rechazar la Reforma tal como está por considerar que tiene al menos tres deficiencias graves.

“En lo que se refiere a la huelga, establece y permite el reemplazo externo, por decirlo en dos palabras. En cuanto a la negociación interempresas, está la ambigüedad de la indicación que no deja claro si es obligatoria. En materia de subcontratación, la formulación es tan amplia que creo que es un exceso. Creo que los senadores socialistas debieran votar en contra de estas indicaciones”, afirmó.

Adecuaciones necesarias

El Gobierno repuso las llamadas “adecuaciones necesarias”, disposición que había sido removida debido a la oposición de la bancada de senadores del PS. La indicación apunta que el empleador podrá modificar los turnos u horario de trabajo o efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin que constituya una práctica desleal ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo.

La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, afirmó que en materia laboral no es la letra del contrato lo que prima, sino que es el principio de la primacía de la realidad: “Muchas veces se producen cambios en tu contrato producto de la práctica y son esas funciones las que durante la huelga se pueden hacer. Lo dijimos claramente, aquí hay que respetar el derecho de los trabajadores que se van a huelga a que la puedan materializar, pero también tenemos que respetar el derecho de quienes no están en huelga de que puedan trabajar”.

Desde la CUT,  afirmaron que esta reforma no alcanza los estándares mínimos y que no garantiza el derecho a huelga, por lo que debiese ser rechazada para ser consistentes con su espíritu original.

Valentina Doniez, investigadora de Fundación Sol, explica que la indicación parafrasea la norma que fue rechazada por la Comisión de Trabajo del Senado. Además afirmó que en el contexto laboral actual y debido a la debilidad sindical que existe “lo mas probable es que sea utilizado por los empresarios para en la practica llevar a cabo reemplazos, dejando sin efecto lo que significa la presión que ejercen los trabajadores a través de la huelga”.

Negociación interempresas

Osvaldo Andrade manifestó en esta materia que “está la ambigüedad de la indicación que no deja claro si es obligatoria la negociación”.

A juicio de la investigadora de Fundación Sol, resulta fundamental aclarar que en este proyecto no existe una negociación interempresas, sino que se trata más bien de una adecuación puesta para facilitar el procedimiento de la negociación de los sindicatos interempresas.

“Lo que hace es hacer una salvedad para las negociaciones que estos sindicatos tengan en las pequeñas y medianas empresas. Este es un acto arbitrario y una discriminación ya que genera dos tipos de sindicatos interempresas, los que pueden y los que no pueden negociar. Lo que se sigue generando son mecanismos muy engorrosos de negociación y que de ninguna manera responden a la necesidad de los trabajadores en cuanto a los derechos colectivos”, afirmó.

Punto sin acuerdo

El último punto en conflicto sería la extensión de los beneficios conseguidos por el sindicato, a los trabajadores no sindicalizados a decisión del empleador. Mientras la derecha ha afirmado que no conceder la extensión constituiría una inconstitucionalidad por violar el principio de libertad sindical. Tanto la CUT como el Ejecutivo han sostenido que incluir la extensión sería un golpe bajo que debilitaría la sindicalización de los trabajadores.

Valentina Doniez señala que “el resultado de estas indicaciones da cuenta que la negociación que está teniendo el Ejecutivo con los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría, y finalmente termina haciendo más conservador este proyecto, porque se ven demasiados guiños al sector empresarial”.

La presidenta Michelle Bachelet manifestó su voluntad de resolver antes del 15 de este mes los puntos conflictivos de la reforma. De rechazarse el proyecto en la Cámara Alta, este pasaría a una Comisión Mixta.