¿Cómo pasar de una “democracia protegida” a un Chile participativo para todas y todos?

¿Cómo pasar de una “democracia protegida” a un Chile participativo para todas y todos?

10 Julio 2020

Apuntes de crisis en Chile.

 

Pablo Rojas >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Invitado

En momentos de gran crisis sanitaria, política, económica y social, en que la confianza y la capacidad de incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos son bienes muy escasos –algunos de los motivos del estallido de octubre de 2019-, y teniendo en vista la tragicomedia en la que actualmente estamos sumidos/as gracias al gobierno y la élite política y económica, me parece adecuado realizar algunos planteamientos que considero necesarios para enfocar la problemática de la participación ciudadana, pensando en el Chile de las próximas décadas. Por ejemplo, y en el marco de la coyuntura histórica que vivimos como país, algunas preguntas centrales -aunque no las únicas-, son ¿cómo promovemos una forma de democracia legítima, legitimada y que contribuya a una cultura política basada en la confianza y la participación activa de la sociedad? o ¿cómo promovemos formas de participación democrática de la sociedad, los pueblos y naciones de Chile en relación al aparato estatal y al mercado, que permitan balancear el desequilibrio de poder actualmente existente y que afecta negativamente a la sociedad? 

Estas preguntas parecen tener sentido en la medida que algunos de los principales legados de la dictadura y la transición fueron: desactivar el ejercicio político de los pueblos de Chile en los mecanismos institucionales; despolitizar progresivamente a la sociedad en su vida cotidiana; aumentar significativamente el poder del mercado oligopólico en los asuntos públicos (en desmedro de la sociedad y en contubernio con el aparato estatal); y promover una cultura de la desconfianza y la individualización, la cual se encuentra objetivamente sustentada en la mercantilización de la vida. Todo lo anterior a través de un aparato institucional, cultural y mercantil difícil de desentramar y que tiene como consecuencia no sólo una crisis de representación y confianza respecto del estado, la élite política y el mercado oligopólico, sino -y más grave aún-, en el seno de la sociedad misma. Tenemos serios problemas para confiar en otros que no sean nuestra familia o más cercanos, lo que ha quedado en evidencia en una serie de estudios nacionales, internacionales y en nuestras prácticas cotidianas. 

En base a lo anterior, el promover y afianzar una renovada cultura democrática, la participación vinculante en los asuntos públicos, la confianza interpersonal y en el Estado y aumentar el poder real de la sociedad y los pueblos de Chile, no depende solamente de la incorporación de nuevos mecanismos institucionales o propuestas innovadoras, sino, y fundamentalmente de una recomposición general de la relación Estado-mercado-sociedad y pueblos de Chile. El problema es sistémico y debe ser tratado como tal. 

En función de lo anteriormente dicho, algunos niveles, ideas y mecanismos necesarios -no necesariamente suficientes-, para pensar y abordar la problemática anteriormente expuesta podrían ser los siguientes:

  1. Nivel Constitucional: es necesario que en este ámbito, el proceso constituyente en ciernes genere como resultado al menos: a) el reconocimiento de la participación de la sociedad como elemento fundamental del Estado democrático (esto como parte de las nuevas bases de la institucionalidad y sin perjuicio del reconocimiento del carácter plurinacional del estado o del cambio de un estado unitario a uno federal o autonómico); b) el reconocimiento y garantía constitucional del derecho fundamental de participación ciudadana en los asuntos de mayor importancia para la vida nacional, regional, provincial y comunal de acuerdo a lo establecido por la ley; c) que este derecho esté protegido, siendo exigible y justiciable (que se pueda demandar ante tribunales si no se cumple); d) que este derecho sea reconocido explícitamente como vinculante en el texto constitucional, sin perjuicio que una posterior ley orgánica establezca las instancias institucionales donde será más vinculante; e) establecer, como derecho político fundamental, la carga del voto obligatorio, pues, el ejercicio de la ciudadanía se basa en la existencia de un derecho-deber para con la comunidad política y para con el Estado. Además, no es menos cierto que la existencia del voto voluntario, es un fiel reflejo de las desigualdades económicas-sociales, pues, terminan votando las personas que gozan de mayores ingresos, manteniendo el status quo.
  2. En cuanto al proceso constituyente institucional: es fundamental definir posiciones y mecanismos que permitan, al menos en los momentos iniciales del proceso: a) asegurar una mayoría contundente por el apruebo en el plebiscito de entrada (sobrepasar el 50% de participación del padrón y al menos un 65% de preferencias por la opción apruebo y convención constitucional); b) levantar candidaturas que representen un programa común de transformaciones profundas al modelo institucional, político, económico y social de los últimos 45 años, y que estas candidaturas obtengan ⅔ de la convención constitucional o al menos el 50 más 1 de las y los miembros; c) trabajar de aquí a abril de 2021 en un programa constituyente, propuestas de reglamento interno y mecanismos de participación ciudadana de la convención constitucional, para debatirlos de cara a la ciudadanía e ir definiendo pisos mínimos de garantías de participación ciudadana durante la existencia de la convención constitucional; d) contribuir a levantar instancias de discusión ciudadana de carácter constituyente, paralelas a la convención, a fin de mantener a la ciudadanía movilizada, informada e interesada, así como también para marcar la pauta de las discusiones al interior de la comisión, llevando el programa de transformaciones al mismo seno de esta.
  3. Nivel legal: a) dictar una ley de participación ciudadana, reconociendo la participación vinculante de la ciudadanía y estableciendo los mecanismos a través de los cuales la participación ciudadana incidirá en los asuntos públicos (sobretodo en definición de políticas públicas y materias presupuestarias a niveles sub-estatales); b) derogar la ley 20.500, que define a la participación como meramente consultiva; c) adecuar todo el aparataje legal (incluidas leyes laborales, de familia, ambientales y otras, al nuevo estándar de participación reconocido constitucionalmente, y en línea con los tratados internacionales de DDHH suscritos por Chile y actualmente vigentes).
  4. Nivel Institucional: a) creación de una política general de participación ciudadana en los asuntos públicos, que transversalice las acciones más importantes del Estado, en base a lo establecido por la Nueva Constitución y las nuevas leyes de participación derivadas de esta, b) creación de una institución pública específicamente ligada y especializada en temas de promoción, estudios, creación y fiscalización de políticas de participación (habrá que hacer un análisis si se tratará de un ministerio, una subsecretaría NO dependiente de la SEGEGOB, una nueva división de la SUBDERE, o una entidad autónoma del estado); c) redefinición de todas las instancia regionales y comunales de participación actualmente existentes (COSOC, CDL, áreas comunitarias municipales, etc.), promoviendo su profesionalización e incorporando su carácter vinculante en determinadas materias (algunas presupuestarias -como presupuestos anuales del GORE y los municipios-, otras de planificación y diseño de políticas, como PLADECOS, Planes reguladores, ERD, grandes proyectos de inversión, etc.); d) creación de nuevos órganos de participación ciudadana a nivel local, que permitan redefinir territorialmente las comunas (considerando Unidades vecinales más que juntas vecinales por ejemplo, al menos para proyectos de mayor envergadura), a fin de diseñar, presupuestar y cogestionar iniciativas públicas, privadas y comunitarias (como construcción de mobiliario público, grandes proyectos de infraestructura, nombres de calles, medios de comunicación comunitarios, priorización de determinadas inversiones en el territorio, etc.). Todo esto en base a una red interconectada de unidadesvecinales que definan no solamente lo que ocurre en su territorio sub-comunal, sino que incidan y planifiquen respecto del conjunto de la comuna en conjunto con los organismos públicos; e) fortalecer a las juntas vecinales a través de aportes basales y acompañamiento técnico por parte de equipos especializados de los municipios (que colaboren en temáticas tales como funcionamiento del estado, formulación y ejecución de proyectos, planificación territorial, presupuestos participativos, convivencia y democracia vecinal, vínculo con instituciones del territorio, etc.); f) presupuestos participativos comunales; g) consejos locales de niñas, niños y jóvenes y de diversidades y/o disidencias (sexuales, situación discapacidad, migrantes, otras), que se incorporen a los órganos territoriales y a los nuevos COSOC  u otras instancias similares; h) incorporar mecanismos de plebiscitos regionales y comunales para definición de cuestiones de interés público y darles carácter de vinculante. 
  5. Nivel político del Estado: incorporar mecanismos de control político por parte de la ciudadanía y de garantías de participación ciudadana en los procesos políticos institucionales como a) retorno al voto obligatorio en las elecciones, manteniendo la inscripción automática; b) iniciativa popular de ley; c) mecanismo de revocatoria de mandato de autoridades electas; d) mecanismos de revocación ciudadana de leyes (abrogativos); e) institucionalizar mecanismos de referendums nacionales vinculantes en temas sensibles (aprobación o cese de acuerdos de libre comercio, por ejemplo), pudiendo ser llamados por autoridades políticas o por un conjunto de ciudadanos/as.

Todas las propuestas anteriores consideran transitar hacia una forma de estado que incorpore e institucionalice un sistema democrático que incorpore armónicamente mecanismos de democracia representativa, directa, semidirecta y participativa, operando desde los niveles constitucionales hasta los niveles locales y territoriales. El mayor desafío no se encuentra solamente en los arreglos institucionales requeridos para pasar de un sistema político e institucional altamente centralizado a uno efectivamente descentralizado en términos políticos, administrativos, presupuestarios o tributarios, sino también en que este desafío logre permear social y culturalmente en la ciudadanía, contribuyendo a generar una convivencia democrática altamente participativa.

Lo anterior, por su complejidad, requerirá iniciativas y procesos de corto, mediano y largo plazo, a fin de que la cultura democrática y participativa logre afianzarse en la sociedad y mejoremos significativamente los niveles de confianza interpersonal, en el estado y en la democracia de nuestro país. Las medidas de corto plazo pueden comenzar a trabajarse desde ya e implementarse desde el proceso constituyente y en las próximas administraciones municipales y de gobiernos regionales; las medidas de mediano plazo deberían tener un horizonte de aplicación de 5 años y las de largo plazo, de 10 años. Chile está transformándose y esa transformación debe tener a la ciudadanía en el centro, con derecho a voz, voto y veto.