Diputada solicita a Contraloría revisar eventual contratación de ‘asesores políticos’ del intendente

El día de ayer, El Mercurio de Antofagasta publicó una crónica que consigna el estado de “alerta” en el que se encuentra la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) por inminente “cambio de contratos en el gobierno”.

La publicación asegura que 15 funcionarios pasarán de honorarios a "contrata" y que en la nómina preliminar hay asesores políticos o personal de confianza del intendente de la región de Antofagasta, Arturo Molina.

El texto asegura que dicho cambio contractual sería consecuencia de la dictación de la Ley 20.981, la cual permite que cuatro mil funcionarios de la administración pública modifiquen su estatus laboral en todo el país.

La asociación gremial se mostró “alerta”, indicó el matutino, luego de acceder a la nómina preliminar confeccionada por el intendente Molina, donde figura 25 nombres, entre los que se cuentan “varios asesores directos”, como los exseremis Marcos Soza (DC) y Carla Redlich (indep.); el exgobernador de El Loa, Rubén Rojo (PS); el exdirigente Ricardo Andrade (DC); el exconcejal de Sierra Gorda y Antofagasta, Roddiam Aguirre (DC); y el exintendente César Castillo Lilayú (DC).

INTENDENTE

Al respecto el intendente señaló que la nómina enviada a fines de mayo corresponde a "todos los funcionarios que podrían pasar a contrata", pero que éste no era el listado final, en el cual aseguró, no estarán Soza, Aguirre, Redlich, Rojo, Andrade, Castillo, entre otros.

DIPUTADA

Como consecuencia de la preocupación de la ANEF, la diputada Paulina Núñez (RN) ofició al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, con la finalidad de que el ente fiscalizador emita un dictamen señalando los requisitos que deben cumplirse para que un trabajador a honorarios pueda acogerse a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 20.981, sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2017.

Asimismo, el texto solicita que la Contraloría verifique especialmente si dichas contrataciones se adecuan a la legalidad y no constituyen fraude a la ley.

Consultada sobre el tema, la parlamentaria explicó que, tras enterarse de la denuncia en un medio regional, consideró necesario tomar los resguardos pertinentes.

“Se debe respetar el espíritu de la ley y, por tanto, si se cumple lo que dice el intendente de no pasar a contrata a los ‘regalones’ y sí personas que llevan mucho tiempo a honorario, eso está correcto, porque es el espíritu de la ley de presupuesto que exigió ese criterio”. “Espero que el contralor, a quien estamos oficiando, tenga en cuenta ese espíritu al momento de tomar razón", subrayó luego.

Finalmente, la diputada Núñez dijo que confía en el criterio que utilizará el intendente al momento de materializar los traspasos. "No me imagino al intendente Arturo Molina tratando de asegurar un año más de pega a quienes ingresaron recién bajo esta administración. Espero sinceramente que cumpla su palabra, y le creo cuando dice que pasarán a contrata a aquellos que tienen una carrera funcionaria desde hace mucho tiempo”, puntualizó.