Las irregularidades financieras detectadas en Cementerio General de Antofagasta y que terminaron con el exadministrador del camposanto, Misael Cortés, formalizado y con medidas cautelares (arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual) tuvieron como consecuencia una inesperada polémica entre el municipio de la capital regional y la exalcaldesa y actual diputada Marcela Hernando.

PRIMER ROUD

El primer golpe lo dio la municipalidad, cuando, a través de una sorpresiva declaración pública, intentó involucrar a Marcela Hernando en temáticas relacionadas con una supuesta mala administración de la necrópolis.

El comunicado indica que en cuanto se tomó conocimiento de la denuncia en el año 2017, inmediatamente se adoptaron medidas administrativas "perfeccionando los procedimientos de auditoría a través de nuestra Dirección de Control, la que realizó una auditoría por el período correspondiente a los años 2011, 2012, 2013 y 2014 e incorporó al campo santo, en su plan anual de auditorías para proceder a fiscalizar y/o auditar cada tres meses".

De acuerdo a lo señalado, añadió el texto, "se desprende que estas conductas inadecuadas y malas prácticas se generaron a partir de la administración municipal de la exalcaldesa Marcela Hernando Pérez, conforme a los antecedentes que serán oportunamente aportados a la fiscalía del Ministerio Público".

SEGUNDO ROUND

Como era de esperarse, la reacción de la parlamentaria no se hizo esperar. También a través de un comunicado, Hernando aseguró que "durante mi época de alcaldesa, las investigaciones desarrolladas por Contraloría o por los propios concejales tenían que ver con situaciones administrativas, derivadas del propio desorden que existía en la administración del cementerio cuando asumimos el 2008. No por fraude al fisco, como la investigación que se formalizó el martes 24 de julio de 2018, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta".

"Durante mi administración municipal no hubo fraude al fisco o malversación de caudales públicos, delitos que motivan la actual investigación de la fiscalía, de la que también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado (...) Por lo tanto, rechazo y desmiento que estas situaciones se hayan iniciado durante mi periodo, como plantea la Municipalidad de Antofagasta en su declaración pública. Esta es una maniobra política y comunicacional baja, que busca distraer la atención de la ciudadanía, tras las dos investigaciones que lleva adelante la justicia y que de ser comprobadas, dejarán en evidencia que se actuó con la intención de apropiarse de recursos públicos con un fin netamente personal", puntualizó la diputada.