Dra. Francis Espinoza F. Académica UCN.

El dramático caso de la joven asesinada hace más de ocho días, Ámbar Cornejo, abre un nuevo flanco en el ejercicio de un ‘parlamentarismo de facto’ y la presencia de un ‘Estado Tóxico’, que es aquél que presenta una incapacidad absoluta de generar conductas de protección y cuidado a sus ciudadanos/as, y en mayor medida y con más peligrosidad hacia menores de edad y mujeres del país.

El concepto de ‘Parlamentarismo de Facto’ se viene discutiendo hace rato en la opinión pública. Éste es definido, en palabras simples, como la invasión de las atribuciones del Ejecutivo por parte del poder legislativo, algo que algunos/as especialistas consideran libre y llanamente el ejercicio de un ‘golpe blando’ de un poder (Parlamento) sobre otro (Presidente). Este actuar ha sido visto las semanas recién pasadas a través de las discusiones y acuerdos del retiro del 10% de las AFPs, y en otros proyectos del mismo calibre impulsados en su mayoría por los partidos políticos de oposición al gobierno.

En nuestra historia constitucional, la tensión entre estos dos órganos del Estado ha sido permanente en la disputa por el poder. La revolución de 1891 fue un ejemplo claro del enfrentamiento entre el presidencialismo (Presidente de la República) y el parlamentarismo (Congreso) a través de la vía armada. Sin embargo, el acuerdo de la Cámara de Diputados en agosto de 1973 marca el inicio de una crisis culminante de enfrentamiento institucional. En el actual escenario y con la constitución política que tenemos, la existencia de un hiperpresidencialismo (neo-presidencialismo) o ‘presidencialismo monárquico’ (Squella, CNN, 05/11/2019)) proviene de la aritmética de los quórums legislativos, la capacidad de iniciativas de leyes (como no recordar el período de sequía de proyectos al principio del gobierno de Piñera), y la necesidad de impulsar iniciativas país desde el Ejecutivo. Por tanto, el éxito o fracaso en la gobernanza nacional depende más de la voluntad y capacidad política del/la Presidente/a que de acuerdos parlamentarios, aunque resulta conveniente no olvidar el gran acuerdo político alcanzado durante la crisis social de 2019 y fuera de este neo-presidencialismo, y que nos ha llevado a la discusión constitucionalista a través de un plebiscito en octubre próximo.

Pese a estos roces y enfrentamientos, la constitución nos refiere a la autonomía entre los poderes del Estado. Sin embargo, a raíz del asesinato de Ámbar, el Parlamento arremete con fuerza en contra, ahora, del Poder Judicial. El diputado RN Andrés Lognton iniciará una acusación constitucional en contra de la ministra Silvana Donoso, quien en 2016 presidió la instancia que otorgó la salida de la cárcel al principal sospechoso de este lamentable caso, el parricida Humberto Bustamante. A esta iniciativa se han incorporado los jefes de la bancada de RN y Evópoli, Sebastián Torrealba y Luciano Cruz Coke. Por parte del sistema judicial, 36 abogadas defiende a Donoso y la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Cheveisch reconoció que el sistema está en deuda y que se hace urgente la implementación de la figura de ‘jueces/zas de ejecución penal’, una especie de Ombudsman, que debieran vigilar las conductas de los/as condenados/as fuera de los recintos carcelarios.

El descrédito de los aparatos del Estado que nos ha golpeado fuertemente a raíz de casos de coimas y corrupción hace ya un par de años, se ve todavía aún más tensionado por estos enfrentamientos de poder de parte de los tres órganos estatales. Todo el sistema como una ‘institucionalidad tóxica’ nos ha fallado y le falló a la joven Ámbar.

Habría que preguntarse por qué las policías no insistieron a tiempo y sin menos escrúpulos en un caso que era la ‘crónica de una muerte anunciada’: un asesino que volvería a hacer lo mismo una y otra vez, saliendo antes de tiempo de un sistema penal tóxico que no rehabilita, sino corrompe; una madre tóxica que abandonaría a su hija a la suerte de otro sistema tóxico como es el Sename por vivir su vida fuera de la responsabilidad materna; un padre tóxico que actuaría sólo como un ‘macho proveedor’ preocupándose únicamente de mandar la mesada para no caer en la lista de los ‘papitos corazones’, y toda una estructura de sociedad tóxica donde las mujeres no tenemos derecho a vivir en paz y fuera de los abusos en toda su magnitud. Las instituciones, el Estado, el Parlamentarismo de Facto y el hiperpresidencialismo deben asegurar la protección a la vida, pues somos los/as ciudadanos los/as que deberíamos presentar acusaciones constitucionales en contra de estos poderes por no respetar la carta magna en la gobernanza del país, finalmente “quien nos cuidará de quienes nos cuidan”.