Opinión: La política sobre un polvorín

10 Diciembre 2014

Hoy finalmente arribamos a un panorama desolador para el quehacer democrático pendiente y la realización de aquellas reformas económico sociales tan urgentes en un país marcado por las profundas desigualdades.

Juan Pablo Cárdenas >
authenticated user

En la crisis política previa al 11 de septiembre del 73 muchos descartaban que los militares pudieran proponerse  un Golpe de Estado. A pesar de todos los cuartelazos históricos, existía en el propio Allende y la dirigencia política la idea de que nuestro sistema institucional era sólido y que los uniformados no violarían su compromiso republicano. Respecto de los conspiradores, sabemos que se trató de personas que, en general,  no estaban en el primer círculo de la política y que pertenecieron a grupos sediciosos marginales. Luego se asumió que la idea de la sublevación castrense se gestó en Estados Unidos y en buena parte hizo uso de los recursos que este país destinó para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular. El asalto a La Moneda, la muerte del Presidente y todo el horror que se consumó tomó por sorpresa al conjunto de la clase política, aunque inmediatamente en la Oposición importantes figuras políticas aplaudieron el “pronunciamiento militar”, por largo tiempo justificaron la acción de los golpistas y hasta se incorporaron entusiastamente a las tareas gubernamentales. Incluso hubo algunos incautos que pensaron que los uniformados se retirarían muy pronto a sus cuarteles para entregarle el poder a quienes habían sido adversarios o  enemigos del  depuesto mandatario.

Lo que vino, sin embargo, fueron 17 años de férrea dictadura y otros 25 años en que el país ha quedado bajo la tuición de un ordenamiento institucional definido por el Régimen Militar, un sistema electoral que acota la representación política en el Congreso y con una soberanía popular muy precaria. En que, por lo demás, han quedado resguardados los lineamientos económicos neoliberales, restringido los derechos sociales, al mismo tiempo que enseñoreadas las cúpulas empresariales, como la concentración informativa.

Largos años marcados por la represión, el miedo y niveles escandalosos de impunidad que llevaron a los gobiernos de la Concertación a hacer “justicia en la medida de lo posible” y hasta a organizar una operación de salvataje a un Pinochet retenido en Europa a fin de ser juzgado por sus delitos de lesa humanidad. Un rescate a sabiendas, naturalmente, de que éste jamás sería condenado a su retorno,  ni siquiera por la forma en que se enriqueció en el poder.

Con el pretexto de que en cualquier momento los uniformados podrían animarse a interrumpir la Transición, lo cierto es que ésta quedó inconclusa y hasta se llegó a sacralizar el ordenamiento jurídico y el sistema económico heredado. Conscientes de su debilidad,  es que los nuevos gobernantes consintieron en clausurar la prensa independiente y entrar en grosera connivencia con los sectores empresariales enriquecidos ilícitamente en el despojo de los bienes fiscales. Para devenir paulatinamente en un encantamiento, incluso, con las ideas y realizaciones de la Dictadura.

Con la “política de los consensos”  se fueron esfumando los perfiles ideológicos entre la centroizquierda gobernante y la centroderecha opositora. A tal grado, por cierto, que los cuatro años de Sebastián Piñera en La Moneda ofrecieron realizaciones más progresistas que la de sus antecesores, así como que respecto del gobierno de Ricardo Lagos muchos han concluido de que fue el más derechista de todos los de la posdictadura.

Pero con el paso de los años, la ciudadanía, los estudiantes y los grupos más contestatarios han venido perdiendo el temor y empoderándose en las exigencias por una nueva Carta Fundamental, una Reforma Educacional y otra serie de demandas que hoy se vocean en las calles y las organizaciones sociales. Exigencias que al hacerlas suyas un nuevo referente como el de la Nueva Mayoría, les permitió a los partidos de la Concertación, más el Partido Comunista,  volver a La Moneda en la promesa de su realización. A contrapelo, por supuesto, de muchos dirigentes que dentro de esta coalición no consentían verdaderamente con los cambios y solo asumieron el discurso transformador para derrotar electoralmente a una derecha escindida y desprovista de propuestas. Con todo, más de un 58 por ciento de los ciudadanos inscritos en los registros electorales prefirió  abstenerse o anular su voto por la falta de credibilidad de las cúpulas partidarias, la apatía social o el desencanto respecto de un régimen democrático a años luz de ser representativo; ni menos, todavía, participativo.

PARA SEGUIR LEYENDO LA COLUMNA DE JUAN PABLO CÁRDENAS. Pincha acá.