Este jueves se cumplen cuatro años desde el terremoto y maremoto que afectó al país. A pocos días de terminar su mandato, el Presidente Sebastián Piñera ha insistido en el éxito del proceso de reconstrucción, asegurando que 195 mil obras están terminadas y entregadas y otras 26 mil en pleno proceso de desarrollo. Es decir, un 99,6 por ciento de las 222 mil viviendas comprometidas.

Sin embargo, la evaluación que surge desde distintas organizaciones sociales se opone radicalmente al mensaje de las autoridades. Por ejemplo, el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, que se constituyó un año después de la emergencia, considera que el Gobierno se ha quedado en soluciones centralizadas y tecnócratas, excluyendo a agrupaciones y ciudadanos relacionados directamente con los lugares afectados.

Rosario Carvajal, integrante del movimiento y presidenta de la Fundación Patrimonio Nuestro, plantea la necesidad de pasar a un proceso participativo y no solamente de evaluación, denunciando las políticas implementadas en estos últimos cuatro años: “La reconstrucción no ha sido exitosa. Muy por el contrario, ha sido muy ineficiente y esa evaluación es la que tienen todas las comunidades desde la Región Metropolitana hasta la Región del Biobío afectadas por el terremoto”, explica.

Respecto de la labor del Gobierno, afirma que “han manejado y maquillado las cifras. En muchos casos han otorgado subsidios, pero no han sido efectivos, pues la gente solamente se queda con el vale del subsidio, porque no existen constructoras que asuman el trabajo. Ahí se ve el manejo mañoso por parte del Gobierno”.

Por otra parte, existen zonas donde el proceso de reconstrucción no ha sido como el que celebran desde el Gobierno. En Llico, una caleta de pescadores cercana a Arauco, en la región del Biobío, acusan promesas incumplidas, tanto de las autoridades como de las empresas constructoras.

Así lo asegura Lautaro Pereira, dirigente del Comité de Damnificados, quien además de denunciar irregularidades y deficiencias durante la construcción de las viviendas, lamenta ser parte de los derrotados del proceso de reconstrucción: “Perdimos las casas y aún seguimos esperando. A pesar de que por contrato debieron ser entregadas el 27 de febrero de 2013 aún no las recibimos. Son 80 casas para 80 familias, es inexplicable”, dice el dirigente, concluyendo que “los damnificados de Llico siguen siendo los perdedores en el proceso de reconstrucción”.

La falta de reparaciones

En el ámbito judicial son varias las demandas que se han presentado contra el Estado de Chile, exigiendo indemnizaciones por la muerte de personas y pérdidas materiales. Sin embargo, sólo una de ellas ha logrado una sentencia favorable. Se trata del caso de Mario Ovando, quien murió como consecuencia del maremoto en Talcahuano, al permanecer en su casa luego de escuchar por radio al ex intendente Jaime Tohá, quien descartó una situación de peligro.

Sobre la responsabilidad del Estado en este tipo de situaciones, el abogado querellante Raúl Meza destaca el abandono en el que se encuentran los familiares de las víctimas, asegurando que se trata de “una situación de clara falta de reparación, tanto desde el punto de vista penal como civil”.

Por ello, el abogado recuerda que “haciendo el distingo desde lo penal, estamos a cuatro años y hoy solamente tenemos siete personas formalizadas”.

Los siete formalizados corresponden al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la entonces directora de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) Carmen Fernández, tres marinos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Mariano Rojas, Mario Andina y Andrés Enríquez) y otros dos ex funcionarios de la Onemi, Johaziel Jamett y Osvaldo Malfanti, todos relacionados con la ausencia de alerta de maremoto y la entrega de información falsa.

El sistema de emergencia

Luego de la catástrofe surgió la necesidad de modernizar el sistema de emergencia, lo que se tradujo en la creación del Centro Sismológico Nacional, dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El subdirector del organismo, doctor Mario Pardo, destaca el convenio con la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), la disponibilidad de más recursos y la instalación de nuevos puntos de monitoreo, además de reconocer los avances respecto de las experiencias ocurridas hace cuatro años.

“Se han superado los obstáculos y hoy tenemos protocolos de comunicaciones entre el Centro Sismológico de la Universidad de Chile con la Onemi y el Shoa. Ellos tienen virtualmente una copia de nuestras pantallas de trabajo en sus oficinas”, detalla Pardo.

Además, explica que “en pocos minutos podemos informar de la ubicación y del tamaño de los terremotos y posteriormente, entre tres y cinco minutos, todas las personas pueden acceder a esta información”.

Mientras el Presidente Sebastián Piñera visitará este jueves Concepción y Talcahuano, distintas organizaciones han convocado a marchas y manifestaciones para recordar a las víctimas de la catástrofe y rechazar lo que consideran como una reconstrucción ineficiente e inconclusa.