Invocando la Ley de Transparencia y la facultad fiscalizadora que le otorga la Ley Orgánica del Congreso Nacional es que la diputada Marcela Hernando (PR) ofició a cada municipalidad de la Región de Antofagasta para solicitar el detalle de los recursos destinados a capacitaciones de su personal. La legisladora ya había pedido en enero a Contraloría General la información correspondiente a los últimos cinco años, pero debió requerir el detalle a los jefes comunales considerando que los datos proporcionados no presentaban el nivel de referencia necesario para comprender la distribución y razones de su magnitud. 

La respuesta de Contraloría indicó un costo de $3.578 millones en viáticos, pasajes y capacitaciones entre 2012 y 2016, liderando el nivel de desembolsos Calama, con $843 millones (23,5%); Ollagüe, con $609 millones (17%); y Antofagasta, con $541 millones (15,1%), cantidades que la congresista consideró muy disímiles de acuerdo al número de funcionarios que posee cada gobierno comunal.

PESQUISA

En su comunicación Hernando instó a los representantes edilicios a  entregar la información de los últimos cinco años por funcionario, indicando la naturaleza de su relación contractual con el municipio (honorario, contrata o planta) y el pormenor de los gastos respecto a viáticos, pasajes y cursos de capacitación, incluyendo su cantidad anual. “Estamos profundizando aquello pidiéndole más información a las comunas, que si bien la mandaron a Contraloría no está completamente desagregada y tampoco está ordenada de la manera que nos permita sacar conclusiones específicas en relación a las a cada uno de ellos”, aseveró Hernando.

El órgano contralor informó una distribución total de gastos, entre los nueve municipios, de $181 millones en 2012 (mes de diciembre); $818 millones en 2013; $933 millones en 2014; $981 millones en 2015; y $662 millones en 2016 (enero a noviembre), cifras que Hernando calificó como desproporcionadas, especialmente durante 2014 y 2015. “Hemos insistido en pedir esa información en detalle y ahora esperamos que sea respondida rápidamente”, enfatizó la parlamentaria.

SIERRA GORDA

La fiscalización de Hernando tiene en su origen los $72 millones que según Contraloría debían restituir los concejales del período 2012-2016 de Sierra Gorda, quienes asistieron a diversos cursos en el cuatrienio sin acreditar informes suficientes que justificaran el desembolso de dineros públicos, en un contexto nacional en que los gastos de 17 municipios fueron objetados, por un monto cercano a los $400 millones.

Entre los destinos de los cursos a los que asistieron los ediles de la comuna se encuentra Cancún, Playa del Carmen, Varadero, Costa Rica y Cartagena de Indias, destacando informes redactados a mano y con insuficiente información como para acreditar el correcto uso de recursos del Estado.