Un enorme letrero frente al terminal de buses anuncia "aquí se construye el nuevo Hospital Regional de Antofagasta". Para algunos, debiera decir "Aquí se privatiza parte del Hospital de Antofagasta". En un reporte de prensa, se anunció que una vez que esté en pleno funcionamiento, la enorme construcción permitirá albergar el actual Hospital Regional. Antofagasta fue una de las pocas comunas escogidas para esta experiencia piloto. 

Este sensible asunto, se debatió este jueves 17 de Agosto  en el Auditorio del  Hospital Regional de Antofagasta. La expositora fue la Dra. Vivianne Bachelet, quien analizó  experiencias internacionales investigadas por la academia.  

Los organizadores, del Movimiento Amplio de Acción Ciudadana de Antofagasta (MAAC), y de la Federación de Profesionales de la Salud (FENPRUS) consideran que el tema adquiere tanta importancia como introducir el lucro en educación.  

En este seminario, los dirigentes gremiales informaron haber escuchado del Ministro de Salud: Los antofagastinos deben escoger entre un Hospital parcialmente concesionado, o  esperar hasta el próximo gobierno.  Esta sentencia la justificó con que la concesión a privados afectará servicios no esenciales y su construcción es demasiado onerosa como para ser financiada por el Estado. El valor de la atención seguiría siendo más o menos, como en la actualidad.

Sin embargo, hay estudios internacionales que muestran  lo contrario. Algo así como: “se venden casas a partir de 100 UF”, pero si la quiere con baño, debe pagar aparte. Los cobros extras pueden abarcar  hotelería, lavanderías, cuidado nocturno, kinesiología, estacionamiento, retiro de basura, insecticidas, aseo y alimento del paciente o emisión de ticket de atención como en las Líneas Aéreas.

Además, hay sospecha que la concesión hospitalaria, se extienda progresivamente desde áreas periféricas, a servicios esenciales. Ejemplo, los exámenes de  laboratorios. La  Dra. Bachelet aclaró que el área más lucrativa es la atención clínica. Experiencias internacionales indican que a partir de ella, frecuentemente se consigue  que los pacientes permanezcan en el Hospital  el mínimo de tiempo, lo cual libera camas para otro cliente, lo cual ha perjudicado su salud. Desde ella además se forman Sociedades relacionadas con los mismos propietarios donde son derivados los pacientes.

Otro de los problemas es la extensión de los contratos. Si la calidad del servicio fuese deficiente, es difícil  enmendarla anulando la concesión. Ello, debido a que el Estado  firma contratos a largo plazo con el argumento económico que se debe brindar seguridad al concesionario para atraer inversiones. Ello ha sucedido en otros casos como el Transantiago o con la basura de Antofagasta. Son normales contratos superiores a diez años, incluso a veinte años.

Por otro lado, los investigadores han analizado casos donde  al Estado le resultó más caro concesionar que hacerse cargo. El Fisco debe pagar por la construcción y los servicios concesiones y al mismo tiempo, cubrir la ganancia privada sobre el capital, que no es menor. Además, los concesionarios privados, consiguen pagos extras del Fisco mediante  la letra chica que cubre situaciones imprevistas. Estas cláusulas permiten cobros que no sólo abarcan obras adicionales de construcción como  en las autopistas chilenas o costos de recompra, como en los créditos a estudiantes universitarios con aval del Estado (CAE), donde los gobiernos anteriores  pagan precios muy superiores a  su valor original.

 Otro ejemplo es la demanda extra. En salud, existe incertidumbre en la demanda. Por ejemplo en caso de accidentes, desastres naturales, epidemias. En caso que la demanda por salud sea superior a lo estándar, se acostumbra en las concesiones que el Estado deba pagar un sobre precio por la atención suplementaria. Así, al igual que en las cárceles, la sobrepoblación es un buen negocio y ello no incentiva al privado a gastar en prevención de enfermedades. Por el contrario, mientras haya más enfermos,  éstos aparezcan de modo más sorpresivo y más rápido salgan del Hospital, más lucrativo es el negocio.

Se presenta también el peligro que los privados precaricen a sus trabajadores para reducir sus costos. Los funcionarios de la salud pueden ser subcontratados, sus sindicatos, divididos y marginalizados. Para ello se cuenta con algunos empleados que atienden mal, quienes sirven de pretexto para estigmatizar a sus organizaciones. Ya se ha  visto como se condena a los profesores.  Siendo el sector público uno de los mejor organizados, los dirigentes de la Salud sospechan que la concesión  va dirigida contra ellos porque se han opuesto al actual modelo económico y constituyen vanguardia en las movilizaciones convocadas por la CUT, los profesores y los estudiantes.

A estos costos sociales  hay que añadir otros gastos para el contribuyente que debe financiar la supervisión y la administración de contratos, los litigios judiciales, las fuentes de corrupción por adjudicación, etc. Si estos gastos son elevados, menos se entiende que a una Región proveedora de recursos para el resto del país, se le diga que no hay recursos para expandir su  salud pública.

Aparte de lo anterior, la  Academia reporta que el motivo declarado no constituye verdadero incentivo. En los privados, el interés más bien recae sobre la extensa área de terreno donde se ubican los hospitales privatizados. En  ese mismo paño de terreno, se edifican o arriendan  malles,  hotelería y estacionamientos. Los asistentes al Seminario sospechan  que  la gran extensión de terreno que se les ofrece en Antofagasta explicaría el interés privado. En cuanto a los gobiernos, estas concesiones les permiten presentarse con menos Deuda Pública y mejor sanidad fiscal frente a las agencias internacionales, aunque la deuda con el financista de la concesión hospitalaria y con su población, quede “bajo la alfombra”.

  Un tema  que no alcanzó a ser abordado en el seminario, es la orientación general del “capitalismo bastardo chileno”. Mientras los inversionistas extranjeros exportan enormes ganancias al exterior, frecuentemente sin procesar la materia prima, los grandes capitales nacionales se enriquecen con  los servicios básicos. De esta forma, obtienen  rentas con bajo riesgo,  en mercados monopólicos. Cuando hay riesgos, los contratos con el Estado imponen cobros extras en favor del empresario. Se posterga así la capacidad de diversificar el aparato productivo y de transitar a una economía del conocimiento. Aparece mayor desigualdad social. Nuevas bases para el conflicto social.

Toda vez que esta concesión se suma a otras privatizaciones. En gobiernos anteriores, fueron privatizadas, la empresa de agua potable de Antofagasta, concesionada al grupo Luksic durante la administración Lagos, la educación pública en provecho de los colegios particulares subvencionados. Más recientemente, el Estado vendió paquetes de las sanitarias y la central eléctrica de Tocopilla. Se encuentra en desarrollo una autopista privatizada sin vía alternativa para quienes no desean pagar. El nuevo Hospital de Antofagasta abre un nuevo foco de ebullición social.