El abuso de ideas malas

El abuso de ideas malas

26 Mayo 2013

Debido a la fuerza mediática que ha tenido la sentencia que condenó a Cencosud, la gran mayoría de los candidatos se aprestaron a poner sobre las mesas distintas propuestas para frenar los abusos.

Andrés Sepúlved... >
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“Para terminar con los abusos se necesita (…) la portabilidad de las deudas de las tarjetas, cosa que cualquier persona, a quien le están cobrando lo que no deben o no le están dando un buen servicio, pueda, sin prepago alguno, cambiarse a otra tarjeta. Así vamos a frenar los abusos”.Andrés Allamand, candidato a Presidente. Mayo 2013.

 La frase es real. La idea también.

Con ocasión de la fuerza mediática que ha tenido la sentencia que condenó a Cencosud a devolver dineros a sus clientes por el cobro indebido de comisiones y el acuerdo conciliatorio entre Banco Estado, el Sernac y la Conadecus, que obligó a la institución bancaria a restituir dineros a los ahorrantes, la gran mayoría de los candidatos presidenciales se aprestaron a poner sobre las mesas distintas propuestas para frenar los abusos que provienen del sector financiero.

La noción de que los ciudadanos requieren una mayor protección, que principia en junio de 2011 con el destape del caso La Polar y que puso en jaque toda la institucionalidad regulatoria, ya le costó la candidatura a Laurence Golborne y promete ser una nuevo campo de batalla para las ideas, en un espacio –las finanzas y la banca– en donde las fuerzas progresistas son primerizas.

Franco Parisi (Ind.) propone fijar por ley la tasa máxima convencional. Marco Enríquez-Ominami (PRO) propone algo parecido en sus 24 medidas del sector financiero. José Antonio Gómez (PRSD)dio a conocer hace poco su propuesta de Sello Sernac Obligatorio, Ombudsman, entre otras medidas.Andrés Velasco (Ind.) promueve más atribuciones para Sernac al igual que Claudio Orrego (DC). Con respecto a las ideas de Pablo Longueira (UDI) y Michelle Bachelet (PS-PPD) aparentemente aun están en construcción.

No obstante lo anterior, una de las propuestas que llama más la atención es la hecha por el candidato Andrés Allamand (RN) en un video promocional de su campaña. En ella afirma que la solución a los abusos que hemos conocido, además de tener un Sernac fuerte y que ejerza sus atribuciones, es la de tener una “portabilidad de deudas de tarjetas”.

Esta propuesta escapa lejos de los lugares comunes. Refleja, a priori, la más pura tradición liberal a la hora de introducir políticas públicas en el ámbito económico. En ésta, la idea primordial es permitir la mayor competencia entre los distintos actores del mercado el cual tendería, cual dogma, a una autorregulación favorable para el cliente.

La primera impresión, antes de comenzar a digerir la propuesta, es que se pretende alcanzar un sistema parecido al de la portabilidad numérica de la telefonía móvil, en donde la introducción de nuevos agentes del mercado y el reconocimiento que se hace a los clientes a tener dominio sobre su propio número, generó un competencia mayor en el sector, pero siendo honestos, tímidos beneficios hacia los clientes.

También se aprecia una cierta complacencia con la actual regulación financiera, ya que no es una propuesta que otorgue más derechos a los consumidores en la reparación patrimonial ni mayores facultades a las entidades fiscalizadoras. En otras palabras es una “mejora” y no un “cambio” en el mercado financiero. Prueba de ello es que la otra gran medida que propone el candidato es que el Sernac siga trabajando con fuerza, tesón y ahínco (ojo: son sinónimos), como lo ha hecho en este Gobierno.

No obstante lo anterior, técnica y políticamente es una mala idea.

No previene. No repara. No castiga. Se crean nuevos productos mercantiles que acomplejan el sistema financiero, y por ende, su adecuada fiscalización y regulación. Se crea una falsa expectativa, toda vez que la medida actúa como un incentivo casi imposible de medir a priori, y es más, un examen adecuado de la promesa de campaña podría conducirnos a proyectar un nuevo nicho de abusos potenciales.

Pero atendido que son muchas cosas al mismo tiempo, iremos por parte.

La medida es ante todo, una política pública reactiva. La opción de la portabilidad se plantea en un primer término como una elección que hace el consumidor producto de la insatisfacción por el servicio ofrecido. Dicho de otro modo, para efectos de que sea operativo el sistema, los distintos agentes del sector financiero tuvieron que haber hastiado a sus clientes, al punto de que ellos decidan irse.

De ese modo, no es una solución correctiva, ya que no pretende ni resguardar los derechos de los clientes, ni tampoco repararlos en sus lesiones patrimoniales y extrapatrimoniales.

Tampoco es una medida preventiva del abuso, ya se plantea como una “salida” contractual alternativa ex post el abuso o la insatisfacción.

Hago presente que el vocablo “salida” lo planteo entre comillas, ya que nada asegura que por arrancar de las fauces de un lobo no se caiga en un nido de serpientes. Dicho de un modo más cercano a la academia, la portabilidad no asegura directamente el respeto y resguardo de los derechos del individuo, sino que busca un incentivo adicional para que los agentes del mercado respeten los derechos del consumidor. O sea, se tiene la esperanza (expectativa, creencia, etc.) de que se cumpla con la ley, pero no implica fiscalización o regulación.

No es comparable con lo que ocurre en el ámbito de la telefonía móvil, ya que en este mercado los usuarios, por regla general, tienen solo un portátil, lo que implica que el consumidor final realiza una verdadera elección entre compañías. En el mercado de las tarjetas de crédito, ya sea bancarias o del retail, los consumidores no están obligados a tener solo una cuenta o solo una tarjeta, pueden tener varias o todas si tienen el suficiente prestigio crediticio. Por consiguiente, la noción de elección se diluye al no ser los actores del mercado financiero excluyentes entre sí. Ello se condice con el hecho de que en los sectores medios, en donde el acceso al crédito permite una solución inmediata a un sinnúmero de necesidades voluptuarias, la tendencia creciente es a mantener más de tres productos financieros de estas características (una tarjeta bancaria y dos tarjetas de casas comerciales a lo menos).

Desde esa óptica, es debatible el argumento de que este sistema de portabilidad de deudas acarreará mayor competencia al mercado, y aun si así lo fuera, hay suficiente prueba empírica que demuestra que la portabilidad numérica en la telefonía móvil no generó un beneficio sustancial en los consumidores finales, al contrario, la tasa de reclamos aumentó toda vez que se generaron mayores contingencias en los servicios, producto de la portabilidad.

Cada cesión de deuda implica una nueva repactación, y, como toda repactación financiera, conlleva el pago de más intereses y más comisiones. En esto hay que ser enfático, Allamand sostiene que la portabilidad operaría “sin prepago alguno”, pero esto no significa, como lo sugiere el lenguaje creativo de campaña, que sin costo para el usuario o a título gratuito. El alcance del concepto “sin prepago” tiene un solo sentido en el ámbito jurídico y financiero, esto es, que el sistema no exigirá que se adelante el pago para que opere la portabilidad o que se tengan que haber cancelado previamente una determinada cantidad de cuotas. Pero no significa que no tenga un costo para consumidor final, al contrario, como todo nuevo negocio financiero exige para su implementación que exista una contraprestación pecuniaria, la que se puede traducir en nuevos intereses, comisiones y/o seguros, pues de otro modo sería inviable, toda vez que no existiría un incentivo económico para que la banca y las demás instituciones financieras operen bajo este sistema.

Si Allamand se arriesgara, y planteara claramente que sería una portabilidad a título gratuito (cuestión que no es así), aun en ese improbable escenario, habría que distinguir dos situaciones: (1) por una parte, este sistema solo sería rentable para el mercado financiero si se tratara de deudas devengadas, castigadas y ya aprovisionadas –caso en el cual es más conveniente negociar directamente con la compañía y no repactar la deuda–, (2) y por otra parte, en el caso de las deudas que se encuentren vigentes y sin morosidad (o al menos no se haya constituido la provisión íntegramente) sería esperable que aumentara las comisiones, intereses y/o seguros, cosa de absorber anticipadamente el costo de la portabilidad. O sea, cuestionable por donde se le mire.

En ese orden de ideas no queda suficientemente claro por qué crear un nuevo negocio de repactaciones podría terminar con los abusos sistémicos del mercado financiero. Al contrario, la lógica indica que esta promesa de campaña abre un nicho nuevo para el abuso y la potencial usura.

Profundizando esta última aprensión, es plausible pensar que en este nuevo negocio el abuso podría ser mayor, en razón de lo siguiente: Comienzo el análisis partiendo de la base que los agentes del mercado se negarán a mantener carteras en copropiedad (ya que de otro modo el sistema acarrearía complicaciones mayores y aparentemente insospechadas para el propio candidato que las publicita), y por tanto, cada vez que opere la portabilidad, la deuda primitiva deberá ser completamente satisfecha, ya sea por el administrador del sistema de portabilidad, una aseguradora o por el receptor de la deuda. En otras palabras, un pago anticipado y/o garantizado, generando el estímulo perverso, ante la falta de liquidez,  de ofrecer un mal servicio o cobrar en exceso, con el objeto de que más clientes “porten” su deuda y aumentar el flujo de ingresos en el corto plazo.

En conclusión, y sin tener el ánimo de ofender al candidato, la propuesta en los términos planteados presenta más dudas que convicciones. Pareciese ser que en el contexto de los abusos sistémicos del sector financiero que se conocieron por los medios de comunicación, la candidatura de Allamand se apresuró en dar una respuesta rápida a la contingencia y como resultado de aquello publicitaron ideas improvisadas muy cómodas para el sector que representa y lo suficientemente técnicas como para eludir a los críticos de pasillos. No obstante, esta política pública de delivery, analizada fríamente, requiere un sinnúmero de especificaciones para catalogarla de seria y otras tantas horas más gastadas en explicaciones, para efectos de convencer que van encausadas por el camino correcto. A priori, y deteniéndome en las pocas frases que esbozó el candidato, la idea me parece mala. Mala técnicamente porque no produce el resultado esperado, y es mala políticamente porque la ciudadanía espera cambios profundos que paren el verdadero robo hormiga del sistema financiero. Mala para Chile. Mala para su gente.