El derecho por la soberanía de nuestros cuerpos

El derecho por la soberanía de nuestros cuerpos

28 Septiembre 2020

En América Latina y el Caribe se realizan alrededor de 6,5 millones de abortos por año según un informe publicado en el 2014 por el Instituto Guttmacher, especializado en derechos sexuales y reproductivos.

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Por Piangella Obrador Moreno. Periodista.

Un día como hoy, hace 30 años atrás, fue declarado el Día Mundial Por la Acción para Acceder a un Aborto Legal y Seguro, siendo una jornada que pretende concientizar y visibilizar la lucha que mantenemos las mujeres por nuestros Derechos Humanos.

Chile es uno de los países más recientes en los que se ha despenalizado el aborto. La Ley 21.030 promulgada en 2017, permite la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, la Mesa de Acción por el Aborto arroja que las interrupciones se encuentran entre 80 y 260 mil por año, de las cuales sólo el 3% se consideran en las situaciones descritas.

En América Latina y el Caribe se realizan alrededor de 6,5 millones de abortos por año según un informe publicado en el 2014 por el Instituto Guttmacher, especializado en derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, la entidad estima que el 44% de los embarazos no planificados terminan en un aborto inducido, lo que se traduce en 400.400 interrupciones por año. En 2008, sólo 322 cumplieron con las causales y fueron Interrupciones Legales del Embarazo realizadas en instituciones de salud, donde Chile no es la excepción a ese patrón mundial.

No obstante, los datos sobre uso de anticonceptivos, embarazos no planeados y otros determinantes del aborto en el país son incompletos o no existen, debido a que en Chile no se llevan a cabo las Encuestas de Demografía y Salud que están disponibles para la mayoría de los países en desarrollo.

NATURALEZA CLANDESTINA

Por otra parte, la naturaleza clandestina del aborto en Chile deja como consecuencia que todos los aspectos del procedimiento sean difíciles de investigar. El único estudio existente, realizado en 1990, estimó que aproximadamente 160 mil abortos inducidos ocurrían anualmente en el país, equivalente a 45 casos por 1.000 mujeres de 15 a 49 años. En esta línea, estimaciones más recientes -pero menos corroboradas- citadas en medios de comunicación, entregan un rango de 60.000 a 300.000 abortos cada año.

En esta línea, el aborto con misoprostol/misotrol es cada vez más frecuente, pese a que es ilegal al comercializarse o utilizarse para inducir el aborto. Lamentablemente, las mujeres que no tienen acceso, ya sea por falta de información o recursos, recurren a métodos tradicionales, caracterizados por su inseguridad, nula efectividad o ambos.

Otro tema preocupante son las penas de cárcel. Según informes de Gendarmería, entre 2003 y 2012, un total de 3.570 mujeres y 975 hombres fueron sentenciados en Chile por haber tenido o asistido en un aborto inducido, cometiendo infracciones al código penal existente.

Más que estar de acuerdo o no con el aborto, vale la pena dimensionar cuántas mujeres deben morir en la clandestinidad por intentarlo y cuántas deben pagar con cárcel por decidir sobre su cuerpo y vida.

La legalización del aborto significa también implementar políticas de salud que permitan optar por un procedimiento seguro de interrupción del embarazo al que pueda acceder toda mujer que lo necesite, sea cual sea su condición socioeconómica. Pese a que contamos hace tres años con las tres causales, acceder a ellas se transforma en complejo al existir un sinfín de limitaciones.

La libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, reproducción y planes de vida, es un derecho humano inherente y básico que nada ni nadie puede limitar. Todas, sin excepción, debemos tener la seguridad y certeza de ejercer nuestra autonomía física, incluyendo la decisión de tener hijos y el cuándo. La legislación debe cuidarnos, protegernos y respetarnos, dejando atrás esta deuda permanente hacia las mujeres.