La primera jornada del juicio oral por la muerte de 81 personas en el incendio del Centro de Detención Preventiva de San Miguel, estuvo marcada por la resolución de reagendar la declaración de Rodrigo Hinzpeter, quien era ministro del Interior cuando sucedió esta tragedia. El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago rechazó la petición presentada por sus abogados para que el testimonio de Hinzpeter de este martes (en calidad de testigo) se realizara a través del sistema de teleconferencia, específicamente usando el programa de internet “Skype”. Ahora será interrogado en el ministerio de Defensa, donde se desempeña actualmente, en una fecha por definir.

Se espera que el juicio se desarrolle en tres meses y medio, durante los cuales se analizará la petición de penas de entre cinco años hasta siete años de cárcel para los acusados. A saber, los gendarmes José Poblete, Fernando Orrego y Francisco Riquelme, y los oficiales José Hormazábal, Patricio Campos, Segundo Sanzana, Carlos Bustos y Jaime Martín (para éstos se pide 7 años y un día de cárcel).

César Pizarro, vocero de la organización “81 razones”, que agrupa a los familiares de víctimas, criticó que la defensa de los imputados haya solicitado una quinta postergación de este juicio oral, para que la sesión de este lunes fuera realizada en tres meses más. Aunque tal solicitud fue denegada, el vocero de los familiares dijo que “son bajas las expectativas ante este juicio”.

En este sentido, el vocero de los parientes de las víctimas señaló que “expectativas reales hay pocas, porque se ve el manejo, se ve el aparataje y se ve la preparación del Estado con la fiscalía para que este juicio no tome fuerza. Ya están pidiendo más plazo, si desde los dos meses del incendio o desde el primer día ya sabíamos quiénes son los responsables políticos, los ministros, los fiscales, los jueces, todos son responsables del incendio, pero responsables políticos, quienes nos raptaron a nuestros familiares y nos entregaron quemados, son ellos, no podemos estar a tres años del siniestro sin saber quiénes son los responsables, sin notificar a la gente, hay poca seriedad”.

Por su parte, el defensor regional de la Defensoría Metropolitana Sur, Claudio Pablic, dijo que el personal de Gendarmería no tuvo tiempo suficiente para reaccionar, y que “este argumento es la principal diferencia entre la posición de ambas partes”.

En esa línea, el defensor regional afirmó que “esa diferencia del tiempo en que los elementos de acceder a los lugares permitían manipular candados, rejas. Las diferencias en minutos, entiendo que se habla de 30 a 45 minutos. En nuestro planteamiento de acuerdo a la información que proporcionaron los peritos que trabajaron en ello, es de alrededor de 6 minutos, entre el inicio del fuego y el minuto en que ya no se podía lograr abrir las puertas, las rejas o los candados”.

Una de las abogadas querellantes en esta causa, Julia Urquieta, adujo que “sobre la base de los testimonios de internos y de familiares que estaban en las inmediaciones de la cárcel el 8 de diciembre de 2010, y que escucharon los gritos de auxilio, se ha podido establecer que no hubo intención de parte del personal de Gendarmería de actuar proactivamente”. Por eso, la abogada Urquieta solicitará que se suba la tipificación del delito a homicidio “porque hubo omisión”.

En esa perspectiva, la representante de algunos de los familiares explicó que “hay omisión y desde ese punto de vista habría una responsabilidad con carácter dolosa, más allá de haber negligencia o culpa solamente, y por tanto vamos a sostener y vamos a hacer todo lo posible porque en definitiva por esa vía se puedan aumentar las penas y pueda determinarse esa tipo de responsabilidad, no sólo como se ha dicho la responsabilidad por cuasi delito de homicidio en este caso”.

En este juicio las defensas plantean que peritajes científicos demostrarían que el fuego del incendio se expandió en apenas 6 a 10 minutos, pero la Fiscalía insiste en que fue por más de 30 minutos y que los ocho vigilantes imputados pudieron salvar algunas vidas.