Los ministros Mauricio Silva y Manuel Valderrama junto al abogado integrante Francisco Mery determinaron que no correspondía la decisión de cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario total como lo determinó la semana pasada el Octavo Juzgado de Garantía capitalino.

El fiscal del caso Carlos Gajardo le informó a la Corte que Zúñiga vendió la sede del plantel en la ciudad de Punta Arenas, avaluada en $900 millones a un tercero, mientras que recibió cerca de $2 millones por la venta del mobiliario y otros objetos en ese lugar, actitud que calificó de “carroñería” ante la situación económica que presenta la cuestionada casa de estudios.

Por su parte, el defensor de Zúñiga, el abogado Juan Carlos Manríquez señaló que la venta de la sede Punta Arenas fue “un acto público, antecedentes conocidos por el Ministerio Público, que se trató de cumplir los compromisos que existían con un banco y que le vendió a través de un tercero esa propiedad para que el banco levantara las garantías que habían pendientes y el tercero le pagó al banco y el señor Zúñiga no recibió ni un peso, ni lo recibirá”, indicó.