La gran deuda del Estado chileno con los derechos de la infancia vulnerada

12 Agosto 2020

Son tantos nombres, historias y dolores que nuestra memoria frágil olvida. Resurgen cuando la rabia por casos de violencia y crímenes a nuestros niños se toman la agenda noticiosa

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Por Piangella Obrador Moreno. Periodista.

Dolor y rabia sentimos al enterarnos que, luego de una intensa búsqueda de ocho días, el cuerpo de Ámbar Cornejo fue encontrado el jueves 06 de agosto asfixiado, violado y desmembrado al interior de la vivienda de Hugo Bustamante, pareja de la madre de la menor y en prisión preventiva acusado de este escabroso crimen. El sujeto mantenía un abultado prontuario policial que le brindó el apodo del "Asesino del Tambor", tras cometer el doble homicidio de su ex pareja e hijo de ella en 2005.

El caso se ha posicionado en la agenda noticiosa debido a la historia de vulnerabilidad y abandono que sufrió Ámbar en su corta existencia, tras un estrecho vínculo con el Servicio Nacional de Menores (Sename), explotación sexual infantil en algunos sectores de Valparaíso y una denuncia de abuso sexual en contra del padre de su última cuidadora, con quien compartía el mismo techo, demostrando la desprotección del Estado hacia la menor.

Es imposible repasar la vida de Ámbar sin sentir un nudo en la garganta y no empatizar con una vida difícil y vulnerable desde que tenía uso de razón, donde todo su entorno, familia, y profesionales que estaban para su cuidado la abandonaron y fallaron en protegerla. Sin embargo, el poco resguardo a los derechos de la infancia y casos en que niños, niñas y adolescentes de nuestro país se encuentran en una situación de extremo riesgo, son tónica.

El último reporte del Comité de Derechos del Niño (ONU, 2018), indica un déficit en Chile respecto del resguardo en los derechos de la infancia, consagrados en tal instrumento. El informe señala causas estructurales y advierte un “mantenimiento a lo largo de casi 40 años y la falta de corrección ante las reiteradas denuncias y constataciones", refiriéndose particularmente a la situación de la infancia vulnerada.

El texto critica el predominio de una doctrina eminentemente tutelar, paternalista, excesivamente judicial y que revela las fallas del Estado en asumir su rol de garante de las necesidades de las familias en vulnerabilidad social. También, enfatiza que durante años se ha mantenido a un gran porcentaje de población infanto-juvenil en régimen residencial, es decir, hogares, ante su descuido respecto de las raíces de las problemáticas, como lo es la pobreza. El reporte también aborda al Sename, recalcando el deficiente rol del Estado chileno en el cumplimiento de los mandatos presentes en acuerdos internacionales, los que han sido suscrito en materia de protección a la infancia

Recordemos en 2018 la violación y el brutal asesinato de Ámbar Lezcano, niña de un año y siete meses, cuya custodia fue asumida por una de sus tías y pareja, este último declarado por la justicia como culpable de este crimen y quien ya había sido acusado anteriormente de violencia contra menores. La custodia le fue negada a otro tío de la niña, pese a ser la persona elegida por la madre, por el hecho de que él es homosexual.

No olvidemos el calvario que Sophie no pudo resistir. La niña de un año y once meses fue brutalmente asesinada ese mismo año por su padre, quien antes de encontrar su muerte tuvo 29 atenciones de urgencia por diversas lesiones en el Cesfam de Alerce, Puerto Montt. Tampoco pasemos de alto a Lisette Villa, menor de 11 años que falleció en 2016 al interior de un recinto del Sename producto de una "asfixia por sofocación producto de comprensión mecánica externa", según informó en aquella época el Servicio Médico, luego que una funcionaria se sentara encima de ella por un supuesto mal comportamiento. Su muerte reveló la profunda crisis al interior del organismo y la necesidad urgente de cambios estructurales en dicha institución.

O la muerte de Cristian Ortiz, de siete años, al cuidado de un hogar colaborador del Sename, quien falleció ahogado durante un paseo a la piscina municipal de Peñaflor. Su muerte exhibió la falta de redes familiares sólidas, pobreza y la escasa responsabilidad de sus cuidadores.

No borremos de nuestra memoria a Javier (1), Matías (4) y Miguel (7), quienes en 2001 fueron degollados por su padre en la comuna de Maipú. Tras el brutal crimen, el progenitor intentó suicidarse con el mismo cuchillo con el cual los asesinó. Tampoco dejemos de lado a Mateo Riquelme, niño de Calama de dos años de edad, quien tras una vida tormentosa, con desnutrición y de constante maltrato, fue asesinado por su padrastro.

Ni tampoco dejemos de recordar a Catalina Álvarez, adolescente de 16 años, cuyo rastro se perdió el 23 de junio del año pasado. El sospechoso de su desaparición, Hugo Pastén, conocido como "el psicópata de Copiapó", fue condenado el 2005 a 24 años de prisión por el delito de robo con violación contra dos mujeres. Pese a ello, no alcanzó a cumplir ni la mitad de la condena cuando recibió el beneficio de la libertad condicional por parte del Poder Judicial debido a su "buena conducta".

Son tantos nombres, historias y dolores que nuestra memoria frágil olvida. Resurgen cuando la rabia por casos de violencia y crímenes a nuestros niños se toman la agenda noticiosa y germina este sentimiento de impotencia tan latente. Me pregunto cuántas veces vamos a lamentar a Ámbar y hasta qué momento seguiremos almacenando en nuestra conciencia casos de esta envergadura, viendo como la población infanto-juvenil es dejada en una completa indefensión y fragilidad.

Nuestras Redes Sociales lamentan la brutalidad de estos asesinatos y crímenes porque este dolor a nadie nos deja indiferente, sin embargo, no le exigimos a la justicia que acabe con todas estas vulneraciones a nuestros niños, niñas y adolescentes. La necesidad de una reforma a la agenda social y la falta de políticas pertinentes en mayor sintonía con la legislación internacional, son urgencias instaladas durante décadas. El llamado es a actuar, denunciar y pedir una rendición de cuentas al Estado en torno a los derechos de la infancia.